Mag. Zarela Villanueva Presidente, Corte Suprema 19 de setiembre de 2014

Como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y representante de la Corte Plena, me complace dirigirme a ustedes hoy, con motivo de este importante acto de su juramentación como juezas y jueces de la República.

La labor que desarrollarán en nuestra institución es de relevancia para el país, ya que la democracia y el Estado social de Derecho dependen –en gran medida- del buen funcionamiento de la administración de justicia. Se necesita una institución que se dedique a la resolución pacífica de los conflictos que surgen en la convivencia social.

La que asumen hoy ustedes es una tarea compleja, que exige analizar los argumentos y peticiones, en forma imparcial, e interpretar y aplicar las leyes de la República, con el fin de encontrar una solución adecuada a los asuntos, mediante un procedimiento que debe ser siempre respetuoso de los derechos de todas las partes involucradas.

Estamos en la obligación de que la justicia sea pronta, cumplida, eficiente, eficaz, humana y transparente. Debe, además, garantizar el acceso a quienes se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad social: mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, víctimas, minorías éticas y otros grupos, sin discriminación.

La justicia que se nos exige debe tomar en cuenta las distintas condiciones en que se encuentran esas personas y adoptar medidas para hacer posible que estas disfruten su derecho a una tutela judicial efectiva.

Es indispensable incorporar en todas las acciones, la visión de género, según la cual deben sopesarse las disparidades que la sociedad actual crea en las personas, en función de los roles que a cada una les asigna.

Las condiciones de pobreza, la lejanía geográfica, desconocimiento de los procedimientos jurídicos y de la institución y cualquier otra circunstancia que puede incidir desfavorablemente en el acceso a los servicios que se brindan.

Cuando se ejecutan planes para la mejora continua, es necesario crear mecanismos que contrarresten la desigualdad en la que se encuentran algunos sectores de la población.

Con ese fin, se han aprobado las políticas institucionales de acatamiento obligatorio para el acceso a la justicia de distintos sectores de la población, servicios como la Oficina de Atención a Víctimas, la Plataforma integral de Servicios a Víctimas del Delito (PISAV) e instancias como la Comisión de Género, de Acceso a la Justicia y otras.

La compleja realidad nacional, en este momento, exige a todas las instituciones realizar su labor con recursos insuficientes para la atención de los múltiples requerimientos de la población. Obliga a una profunda reflexión sobre la necesidad, no sólo de cumplir el mandato constitucional de rendición de cuentas, sino de realizar todos los esfuerzos para demostrar que la inversión que hace el país en la justicia rinde réditos que la justifican.

La percepción del Poder Judicial que tenga la ciudadanía depende del desempeño laboral y conducta de quienes formamos parte de la institución. Lamentablemente, existe poca confianza –en general- en el Sector Público y un descrédito que a veces se basa en hechos concretos pero también puede ser inmerecido e influenciado por informaciones inexactas y amarillistas. Solo se pueden contrarrestar estas influencias con un buen trabajo.

Debemos ser concientes de que enfrentamos la amenaza de una reducción considerable de los recursos presupuestarios que requiere nuestra institución y el interés de eliminar derechos laborales de las servidoras y servidores judiciales que con mucho esfuerzo se habían conquistado hace ya tiempo. Además, recibimos críticas por la calidad y lentitud de los servicios.

Defenderemos nuestros derechos, pero la población demanda de nosotros un mayor compromiso con las funciones que asumimos y, particularmente en el caso de las juezas y jueces, la forma en que desempeñen su función resultará determinante en la imagen de la institución que tenga la opinión pública.

Resulta apropiado recordar los valores y deberes que se espera que respeten quienes ejercen la función jurisdiccional, todos establecidos en normativa como la Constitución Política, Código Iberoamericano de Ética Judicial, el Código de Ética Judicial, el Manual de Valores Compartidos, la Ley General de la Administración Pública y la Ley General de Control Interno.

Esos valores son la transparencia, responsabilidad, la imparcialidad, la apertura hacia la sociedad, compromiso, iniciativa, honradez, integridad. Nos obligan a una conducta intachable, no solo en el desempeño laboral y en las horas del trabajo, sino también en el ámbito privado, para poder mantener la confianza y credibilidad del público. Solo así mantenemos la legitimidad que se requiere para exigir el respeto a nuestros derechos.

Resulta indispensable mencionar la obligación de dar cumplimiento a la normativa contra la corrupción, como la Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos (1985), la Convención de las Naciones Unidas (2003) y la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.

Es la penetración e influencia del narcotráfico, del crimen organizado y de todas las formas de corrupción un riesgo que se debe prevenir y combatir con vigor. No podemos tolerar ninguna actuación irregular que comprometa los altos valores que esta institución representa.

Son muchos los derechos que se adquieren con el nombramiento en el cargo, pero también son muchos los deberes.

La correcta organización de los despachos, la buena administración del personal subalterno y la motivación para crear un sano ambiente laboral no deben omitirse.

El buen trato a las personas usuarias, la puntualidad, la cortesía, el respeto a los demás –incluyendo a las compañeras y compañeros-, el liderazgo positivo en los despachos, el cumplimiento de las metas de trabajo y la apertura hacia la modernización y a las nuevas formas de gestión que se promueven, son ingredientes necesarios para el logro de los objetivos institucionales.

La independencia del juez y de la jueza, principio que fue creado como garantía para las ciudadanas y ciudadanos, no puede utilizarse como pretexto para el incumplimiento de nuestros deberes para con la institución, las personas usuarias y el país. Esa independencia protege de la intromisión indebida en el análisis de los casos, pero no impide que como organización exija compromiso, disciplina y un buen rendimiento. Estamos obligados y obligadas a rendir cuentas.

Resulta indispensable, para cumplir con todas las exigencias actuales, que aprovechen las oportunidades de capacitación continua que se ponen a su disposición y que se apoye la iniciativa de evaluación del desempeño de todas y todos los servidores, lo que redundará en una mayor calidad de la justicia.

El artículo 1 del Estatuto de la Justicia señala:

“(…) Todos los funcionarios que participan y se desempeñan dentro del sistema de justicia, en especial sus jueces y juezas, están en el deber de cuidar su alta misión y de que sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su función y que estimulen el respeto y la confianza en su trabajo. (…)

Todo servidor judicial está en el deber de facilitar o en su caso, canalizar apropiadamente la denuncia de actos reñidos con la legalidad o la ética en el desempeño de otros funcionarios, independientemente del rango o función que ejerza el denunciado o denunciados.”

Nos encontramos en un período de profunda transformación. En el se requiere un nuevo liderazgo, que no depende de los títulos, del puesto, ni del salario. Es un liderazgo que depende del espíritu de cada persona, que puede ser ejercido independientemente del cargo que ocupamos, que se basa en el respeto a los demás, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Con nuestro trabajo, ayudamos a preservar con orgullo lo que heredamos de quienes nos antecedieron y a forjar una Nación cada día mejor, en la que nuestras hijas e hijos tengan la certeza de que podrán hacer realidad sus legítimas aspiraciones de paz, seguridad, justicia y desarrollo humano.

Para eso es necesario que veamos en cada día una nueva oportunidad de mejora. No temamos a las críticas; al contrario, recibámoslas como valiosas oportunidades de examinar lo que hemos venido haciendo. Reconozcamos las deficiencias existentes en trabajo que realizamos y utilicémoslas como insumo para la búsqueda de la mejora. Y si estimamos que algunas de esas críticas no son justificadas, aprovechemos esa oportunidad para rendir cuentas y dar explicación clara de nuestras actuaciones.

Es esa la esencia de la democracia que el Poder Judicial siempre ha respaldado: la posibilidad de que todas las personas expresen su opinión sobre los temas de interés, entre los cuales es indudable que se encuentra el de la administración de justicia. Por eso las quejas, las críticas, las sugerencias y las observaciones son y serán siempre bien recibidas.

Hagamos de este país un ejemplo de que sí es posible construir sociedades en las que se respetan los derechos humanos, se resuelven los conflictos y se ofrecen posibilidades a las personas de desarrollarse y ser felices. Para eso, el aporte del Poder Judicial resulta significativo y cada día se convierte en una nueva oportunidad de mejora.

Procederemos a la juramentación, para lo que les insto a ponerse de pie:

-¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro-.
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.

Señores jueces y señoras juezas de la República de Costa Rica, han asumido y prometido la defensa de la Constitución y de la ley. La sociedad costarricense espera mucho de ustedes y tiene la confianza de que cumplirán todas esas expectativas.

Les deseo mucho éxito en sus funciones.