Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia 18 de setiembre de 2014

Me siento muy contenta y complacida de que durante mi gestión como Presidenta del Poder Judicial se efectúe la firma de los Convenios de Cooperación con las Municipalidades de Esparza, Puntarenas, Montes de Oro, Upala, Guácimo y Siquirres, así como del Acuerdo de Cooperación con CANARA.

Con los convenios que hoy se suscriben contaremos con los recursos financieros, logísticos y humanos requeridos para el sostenimiento del Servicio en estas localidades. Se contará también con la cooperación de la Cámara Nacional de Radio (CANARA), con el fin de que las emisoras asociadas difundan información sobre el servicio, aspecto fundamental para que las comunidades conozcan qué son y cómo funcionan las personas facilitadoras judiciales.

Con ello se produce la expansión y fortalecimiento de un programa tan importante y sensible como el del Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judicial “Luis Paulino Mora Mora”, para cuya implantación en nuestro país se contó con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, del Reino de los Países Bajos y de las autoridades de los Poderes Judiciales de Panamá y Nicaragua.

El objetivo de este servicio es llevar la administración de justicia a pequeñas comunidades alejadas de los despachos judiciales, a través de personas pobladoras, quienes gozan del respeto, credibilidad, confianza y reconocimiento de vecinas y vecinos. Siendo así, tendrán más posibilidades de resolver los conflictos y con el acompañamiento y asesoría de una jueza o juez, situaciones que de no atenderse oportunamente corren el riesgo de hacerse más complejas y tener mayores consecuencias que pueden evitarse en este esquema de resolución de conflictos.

La instauración de los programas de facilitadores y facilitadoras en comunidades alejadas de los circuitos u oficinas judiciales constituye un mecanismo valioso para hacer cumplir la función principal del Poder Judicial, que es la resolución pacífica de controversias, a quienes por distintas razones geográficas, económicas, culturales o sociales, se ven limitados de acceder a esos servicios.

Se hace más accesible.

Actualmente, el servicio cuenta con un total de 153 facilitadores y facilitadoras: Zona Norte (que incluye Ciudad Quesada, Upala, Los Chiles, Guatuso y La Fortuna) 59, Zona Atlántica (Pococí, Siquirres y Guácimo) 49, Sarapiquí 9 y Puntarenas 36. De estos, 88 son hombres y 63 son mujeres.

Sigue siendo un número menor de mujeres quienes participan, lo que no es distinto a muchas de las conformaciones en otras agrupaciones o instituciones, pero esto debemos superarlo. Es un reto estimular la participación de más mujeres en estos programas, que permita a otras mujeres buscar soluciones a los problemas que les afectan.

La labor de quienes trabajan como facilitadores y facilitadoras se asemeja a la forma en la que nuestros antepasados resolvían las desavenencias con sus vecinos. Acudían a una persona en quien reconocían una serie de cualidades por las que era capaz de ayudarles a encontrar una solución a los problemas. Esa es la posibilidad que brindan los facilitadores y facilitadoras judiciales. Se trata de personas designadas por la propia comunidad, apoyadas por funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, ante quienes pueden recurrir los vecinos o vecinas, para que les ayuden a ponerse de acuerdo en la solución de una controversia y las orientan para llegar al los tribunales en caso de ser necesario.

Pero es importante reconocer también que, más allá de su función de propiciar convenios entre personas en conflicto, las personas facilitadoras son un brazo accesible al sistema de administración de justicia. A través de la relación directa que mantienen los facilitadores y facilitadoras con los jueces y juezas del Poder Judicial, las personas de la comunidad pueden conocer, por su medio, cómo funciona el sistema judicial; evacuar dudas básicas sobre su estructura; oficinas a las que pueden acudir; y lograr el acompañamiento de una persona que les resulta cercana.

Se trata, ciertamente, de una forma de hacer justicia DIFERENTE.

La Administración de Justicia es un instrumento de desarrollo humano, se da en un contexto social, se vincula a los intereses de la comunidad, de su problemática y responder a sus necesidades.
Es deber de nuestra institución garantizar la tutela efectiva de los derechos asegurando un adecuado acceso a la justicia. Este acceso va más allá de la existencia de edificios y personal dedicados a la prestación del servicio público. Requiere, ineludiblemente, que las y los servidores judiciales desarrollemos la capacidad de comprender y ponernos en el lugar de las personas usuarias para responder de manera efectiva, eficiente y oportuna a sus necesidades.

Desde hace varios años, nuestra institución viene avanzando en un proceso de humanización de la justicia, mediante el cual se reconoce a la persona usuaria y sus necesidades como el eje central orientador del servicio. Para ello, hemos desarrollado políticas, programas y acciones encaminadas al cierre de brechas de las poblaciones que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad sea por su condición de género, etnia, orientación sexual, discapacidad; la edad, condición económica, origen y el status migratorio, entre otros.

Se han identificado obstáculos importantes: el lenguaje, las dificultades para llegar a tiempo.

Pero existen poblaciones a las que, a esos obstáculos se les suman el desconocimiento de la posibilidad de defender sus derechos, la ausencia de asistencia legal, los gastos procesales y de honorarios profesionales, y otra serie de barreras de orden económico o cultural, que constituyen muros infranqueables para hacer efectivo su derecho a los servicios de la administración de justicia y con ello, a la tutela efectiva de sus otros derechos.

Para nadie es un secreto que la consecuencia obligada de ese panorama es el abandono voluntario o inducido del reclamo o reivindicación de los derechos.

A esto se debe la necesidad de promover transformaciones sociales que, en primer lugar, reconozcan las desigualdades que existen y a partir de esto, se definan y desarrollen políticas y acciones dirigidas a revertirlas. Las desigualdades y discriminaciones no se erradicarán por “generación espontánea”, sino que se requiere intencionalidad, compromiso y voluntad política por parte de quienes consideramos que un mundo donde distintos grupos humanos sufren en sus experiencias de vida concretas, múltiples formas de violencia, debe ser necesariamente modificado, si queremos hablar de una verdadera democracia.

En nuestro Poder Judicial, este programa de facilitadoras y facilitadores judiciales – que ha sido impulsado por la OEA en otros países de Latinoamérica con gran éxito- inició en el 2013, cuando la Corte Plena lo declaró de interés institucional y autorizó a la CONAMAJ para elaborar un proyecto, que fue presentado y aprobado por la Corte el 22 de abril de ese mismo año. Acoger este programa es una acción más que se suma a todas las que se han venido realizando como la aprobación de una serie de políticas de acceso a la justicia dirigidas a distintos grupos de población en condiciones d vulnerabilidad y, además, se vincula directamente con las políticas de participación ciudadana que son un eje de trabajo fundamental para nuestra institución.

Debe reconocerse y valorar en todo lo que significa el esfuerzo adicional que hacen las facilitadoras y facilitadores judiciales, quienes además de sus responsabilidades familiares, su trabajo doméstico o remunerado o cualquiera otra actividad que desarrollen, inviertan parte de su tiempo y energía a apoyar un programa de este tipo, pero sobretodo a sus comunidades y a las personas que en ellas habitan

Son muchos los beneficios del Servicio de Facilitadoras y Facilitadores, al propiciar que las personas puedan hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia, que siendo un derecho en sí mismo, también instrumentaliza la posibilidad de hacer efectivos todos los demás derechos.

En este marco, resulta de trascendental relevancia el papel de las facilitadoras y facilitadores judiciales quienes, al ser parte de las comunidades a las que sirven, conocen de primera mano sus problemas y necesidades y, además, pueden transmitir de manera más clara e inmediata la información para orientar o resolver un conflicto.

Pero también es evidente que más allá del amigable componedor o componedora, la persona facilitadora será el abrazo accesible al sistema de administración de justicia por el que, bajo una forma más simple y llana, las personas podrán conocer cómo funciona el sistema judicial; evacuar las dudas básicas sobre su estructura; las oficinas a las que pueden acudir; y lograr el acompañamiento de una persona que les resulta cercana. Es un mecanismo de participación ciudadana que disminuye la judicialización de los conflictos y ayuda a reducir la conflictividad social.

El Servicio Nacional de Facilitadores y facilitadoras Judiciales se vislumbra como la forma más cercana a la humanización de la justicia. Permite contrarrestar los obstáculos que se presentan en todos los sistemas de administración de justicia debidos a la limitación de recursos, los altos niveles de litigiosidad, mora judicial y limitaciones en el acceso a la justicia.

En nuestro país, aunque inició hace poco más de un año, ya podemos observar los aportes que ofrece para el acceso a la justicia de mujeres y hombres de comunidades rurales y su contribución al mantenimiento de la paz social.

Ganan las personas usuarias, urgidas de un servicio de administración de justicia eficiente, equitativo, accesible y humano; gana la organización judicial, porque muchos de los conflictos entre las personas de una comunidad podrán ser resueltos en esa instancia, lo que reflejará en la reducción del circulante judicial; y gana la sociedad en general, en la medida en que la justicia les resulte más cercana y no un derecho reservado solo a unos pocos. ¡Es decir, ganamos todas y todos!

Felicito a las facilitadoras y facilitadores por el compromiso adquirido con su comunidad y con el Poder Judicial. Su escogencia, por parte de sus vecinos, nos deja patente la calidad humana que les caracteriza.

Insto a las comunidades para que continúen formándose, aprendiendo sobre sus propios derechos y los de sus congéneres, ayudando a que sus comunidades exijan el derecho al acceso a la justicia, acercando a las funcionarias y funcionarios judiciales a una realidad que muchas veces nos es lejana y colaborando para que la justicia sea una práctica cotidiana.

Mi agradecimiento a los magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Costarricense y de la CONAMAJ que asumieron con compromiso e hicieron posible que el sistema de facilitadores y facilitadoras judiciales sea una realidad para las comunidades que también requieren contar con esos servicios como herramienta para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia.

Invaluable para el éxito de este proyecto ha sido y es, la participación y colaboración de los funcionarios y funcionarias, servidores y servidoras de los distintos despachos judiciales que brindan acompañamiento a los facilitadores y facilitadoras. Debemos entender que esta es una relación simbiótica de la que resultan beneficios tanto para las comunidades como para el Poder Judicial.

No puedo omitir expresar que resulta muy meritorio que mujeres de diversos grupos sociales estén representadas en el programa y agradecemos que aún sobre las múltiples responsabilidades que tiene a cargo, decidieran aceptar una más que esperamos les depare grandes satisfacciones.

Invito a las personas de estas comunidades a apoyar el proyecto, y apoyar a las personas que asumen el papel de facilitador o facilitadora porque esta no es tarea fácil. Las personas de la comunidad tendrán que comprender que la función del facilitador o de la facilitadota de su comunidad es propiciar acuerdos, solventar controversias y no generar otras nuevas.

Nuestro sincero anhelo es lograr el respeto a los derechos humanos y construir una democracia inclusiva. No podemos hacer esto sin la colaboración de la población y, en ese sentido, las facilitadores y facilitadoras resultan unos grandes y valiosos aliados.

Les animo a seguir siempre fieles al compromiso asumido en la búsqueda de la convivencia pacífica de todos y todas. El Poder Judicial adquiere con ustedes el compromiso de mantenerse a su lado y apoyarles en todo lo que requieran en aras de brindar respuestas ágiles y efectivas a los problemas de sus comunidades.

Finalmente también quiero expresar, como en oportunidades anteriores, mi complacencia porque este Programa lleve el nombre de nuestro estimado expresidente don Luis Paulino Mora Mora. Don Luis estaría muy contento de ver la expansión y fortalecimiento de una iniciativa consecuente con la visión humanista de la justicia que él inauguró.

Cada día, el Poder Judicial enfrenta nuevos retos y estos reclaman soluciones creativas. Por eso, insto a que sigamos apoyando una justicia diferente.

Muchas gracias.