Zarela Villanueva Monge Presidenta, Corte Suprema de Justicia 19 de setiembre de 2014

Hace aproximadamente cuatro meses, en una actividad protocolaria tuve la oportunidad de conversar con don Helio Fallas, Ministro de Hacienda. Ambos coincidimos en la importancia que tiene la materia tributaria para la salud de las finanzas públicas de un país o de un gobierno local; y en general, en cómo las falencias en el sistema de recaudación de impuestos afectan el desarrollo de un país.

Cuando hablamos de impuestos estamos necesariamente determinando, en el fondo, la calidad de vida de las personas, la fe en sus instituciones para suplir sus demandas y necesidades, en fin, las posibilidades de desarrollo y con ello, la calidad de la democracia.

Esta realidad la tienen muy clara los países desarrollados cuya institucionalidad se financia mayoritariamente con impuestos, con la contribución de todas las personas de acuerdo a su capacidad económica.

Desde tiempos de Cristo estaba claro que no había excusa para no pagarle al César lo que correspondía, ni Jesús se atrevió a contradecir esa obligación con su frase –al César lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios-. Los norteamericanos desde pequeños son educados en sus obligaciones ciudadanas y como parte de ellas han asumido, en su cultura, que lo único cierto en la vida son “la muerte y los impuestos”. Nadie en su sano juicio evade esa obligación y el que lo hace sabe que se expone a ruinosas consecuencias entre la confiscación de los bienes, las multas y la prisión.

En contraste, en nuestro país, en un estudio realizado por la Contraloría hace algunos años se documentó lo que ya sabemos: no tenemos una cultura tributaria; la gente evade el pago de tributos siempre que pueda; recurre a muchas ficciones con el fin de no pagar impuestos; no comprende la dimensión ideológica del deber de contribuir con las cargas públicas.

Las noticias expuestas por los medios de comunicación durante los últimos días reflejan la seria situación fiscal que enfrenta el país. Los gastos que demanda la gestión del Estado son superiores a los ingresos previstos, lo cual es sumamente preocupante. La primera reacción ante estas situaciones es, como ustedes lo habrán visto, el recorte de los gastos. Lo mismo sucede en cualquier economía doméstica cuando los gastos superan los ingresos; y como consecuencia de ello, los servicios públicos comienzan a ser afectados.

Frente a esta situación, también se tiene conocimiento del grave problema que existe con el sistema de recaudación tributario. Este es un problema en cuya solución participa el Poder Judicial, en la fase que le corresponde, es decir, frente al proceso judicial.

En su función de hacer cumplir las leyes de la República, en este caso, de orden fiscal, al Poder Judicial le es exigible brindar una respuesta adecuada en este campo. La materia tributaria es una materia especializada, con principios y reglas propias, que normalmente ni siquiera se incluye en programas de la carrera de Derecho de muchas universidades, por lo menos en el nivel de licenciatura.

La realidad nacional a la que accedemos a través de los medios de información nos permite ver uno de los problemas de mayor relevancia que estamos enfrentando como sociedad: la corrupción originada en muchos niveles; el lavado de dinero propiciado por el narcotráfico, el manejo indebido de las declaraciones de rentas o de ingreso de mercaderías a territorio nacional con el objeto de defraudar al fisco; solo para mencionar algunas acciones evasivas.

Se trata, por lo general, de acciones delictivas en donde se dispone de una gran cantidad de recursos, lo que le permite a las personas involucradas actuar desde muy diversos ámbitos para opacar la prueba o para contratar una defensa técnica especializada. Ante ese panorama el Poder Judicial debe buscar los mecanismos para atender con la misma eficiencia y efectividad, esa realidad. Lo contrario generaría la impunidad en una delincuencia nefasta para las finanzas públicas, para la estabilidad de la nación.

Con el propósito de ser una administración de justicia eficaz y eficiente en ese cometido, es necesario que el personal judicial encargado de investigar, de denunciar y de juzgar estas actividades delictivas también cuente con capacitación en este campo. Por eso, conscientes de la importancia que como Poder Judicial nos corresponde, nuestra obligación como funcionarios y funcionarias judiciales es desempeñar nuestros servicios, cada cual conforme a sus competencias, con la mayor eficiencia posible.

El objetivo general de este curso es que las personas participantes obtengan las destrezas y el conocimiento básico sobre el sistema de administración tributaria, y como Presidenta del Poder Judicial me siento satisfecha de que este proyecto se haya concretado e inicie la formación de jueces y juezas, de personal del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial que tiene a su cargo la investigación y resolución de asuntos relacionados con materia fiscal.

Me satisface igualmente la idea de un Estado capaz de trabajar coordinadamente, proyectos interinstitucionales. Esfuerzos aislados en el abordaje de temas de interés nacional no llevan a ningún puerto. De nada sirven leyes modelo si al momento de su aplicación no se cuenta con personal capacitado; sin investigaciones que provean de pruebas legítimas y efectivas para sustentar cualquier acusación.

Debemos trabajar por las futuras generaciones, las conformadas por nuestros hijos e hijas, nietos y nietas quienes merecen disfrutar también de un país con oportunidades de desarrollo; oportunidades que lejos de desmejorar deben tender hacia su amplitud.

Le agradezco a don Helio Fallas, la concreción de esta iniciativa, a la que el Poder Judicial se une con gran responsabilidad. Que este sea el principio de una alianza por recuperar cada centavo que se deba al erario público por evasión y comisión de delitos tributarios y aduaneros, y hacer que lleguen a quienes lo necesitan.

Muchas Gracias