Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta de la Corte Suprema 3 de setiembre de 2014

Me complace hoy participar en la inauguración de este Congreso Nacional e Internacional de Victimología, que con acierto y mucho esfuerzo ha organizado la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público y la Escuela Judicial

El objetivo de este Congreso es propiciar un espacio académico para el análisis, discusión y actualización de la temática de los derechos de las víctimas en el proceso penal, a partir de la normativa internacional y nacional aprobada, así como comentar las experiencias de otros países. La actividad permitirá el contacto e intercambio entre personas que laboran en instituciones u organizaciones que brindan servicios a las personas víctimas y aquellas que, por diversas razones, están interesadas en la temática.

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, como lo reconocen los instrumentos internacionales sobre la materia y los marcos constitucionales de la región. Hacer efectivo este derecho, implica la obligación estatal de garantizar la existencia de un sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona, sin ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados.

En las últimas dos décadas, en la mayoría de los países iberoamericanos se han realizado importantes reformas a nivel procesal penal, definiendo un modelo acusatorio con el que se pretende redimensionar la posición de la víctima y de sus derechos. Uno de los objetivos principales de estas reformas ha sido corregir el olvido en el que se encontraban las víctimas en los procesos judiciales.
A nivel internacional, desde una perspectiva de derechos humanos, los Estados han promovido convenios y tratados internacionales buscando de forma directa o indirecta, el equilibrio que los ordenamientos jurídicos internos deben guardar entre la víctima y el victimario.

Las víctimas, en la región, cuentan hoy con distintos niveles de protección y apoyo. Sin embargo, la realidad iberoamericana sigue evidenciando obstáculos en el acceso a los sistemas judiciales y en la obtención de una respuesta rápida y efectiva.

Para lograr un verdadero equilibrio procesal de las partes, es indispensable un cambio de paradigma que permita diferenciar los intereses de la sociedad, representados por el Ministerio Público; respecto de los intereses individuales de las víctimas de hechos ilícitos.

Es indispensable que el sistema procesal reconozca de manera efectiva, el derecho de la persona afectada por el delito a tener participación real en todas las etapas del proceso. La víctima debe contar con mecanismos concretos y eficaces sobre la pretensión punitiva.

El concepto de debido proceso debe ser aplicado a todas las partes en el ámbito penal. El proceso deber ser democrático-igualitario. Los derechos de las víctimas deben ser efectivos y respetados, igual que las otras partes del proceso. Este es el cambio de paradigma.

El reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas está íntimamente relacionado con la confiabilidad en el sistema de administración de justicia.

Los hechos delictivos e ilícitos en general, ocasionan una lesión a la sociedad, pero también tienen un efecto concreto en las personas y en sus familias. Reconocer tal situación a las víctimas e identificar y darle respuesta a sus necesidades es un tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de nuestro compromiso indeclinable, con la construcción de una sociedad justa y equilibrada. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

El respeto a sus derechos tiene un impacto directo en las estructuras socioeconómicas de los Estados, porque disminuye los efectos negativos y los costos generados por la delincuencia. La legitimación de los sistemas de justicia radica en su efectividad de coadyuvar en una solución al conflicto social.

El cambio de paradigma, ante el cual nos encontramos, ha generado el reconocimiento de los derechos de la víctima al máximo nivel del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos.

Un Estado democrático y pluralista, tiene por misión no solo, ni principalmente, imponer a quien delinque una sanción adecuada al principio de proporcionalidad, que permita restablecer el orden jurídico violado. CON IGUAL IMPORTANCIA debe propiciar que la víctima reciba seguridad del ordenamiento jurídico, representación legal gratuita, asistencia desde campos interdisciplinarios e interinstitucionales, reparación de los perjuicios sufridos, y recuperación de su integridad física y emocional.

Hoy se formula una nueva exigencia social y humana: el ser víctima no se considera un hecho individual sino un problema de política social, un problema de derechos fundamentales.

El reconocimiento a los derechos de las víctimas en el ámbito internacional se hace evidente a través de los instrumentos internacionales más relevantes en esta materia, por ejemplo;

Declaración Universal de los Derechos Humanos, (Organización de las Naciones Unidas, 1948)

El reto de los países es armonizar la normativa interna con la internacional relativa a los derechos de las víctimas y crear mecanismos efectivos para el ejercicio de los derechos que en ambas se reconocen, garantizando una tutela judicial efectiva.

En 2012, llevé a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Buenos Aires la propuesta que condujo a la elaboración de la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Esta iniciativa fue producto de una profunda preocupación e interés por la protección de los derechos de las personas víctimas.

La promulgación de la Carta constituye un esfuerzo encaminado a la elaboración de un mecanismo específico que permitirá operativizar los derechos de las víctimas en los procesos judiciales, tomando en consideración las particularidades de las diferentes poblaciones en condición de vulnerabilidad, como lo son, las personas menores de edad, las personas adultas mayores, las poblaciones indígenas, las mujeres víctimas de violencia y las personas con discapacidad, entre otras.

Desde la primera reunión en Paraguay, en setiembre de 2010, y posteriormente durante las reuniones y rondas de talleres en Venezuela, Nicaragua, España y Ecuador, nos dimos a la tarea de diseñar un producto, que ha sido elaborado de manera conjunta por quienes han participado, no solo en los grupos de trabajo que abordaron el tema, sino por los plenarios de estas reuniones y talleres.
El documento que se elaboró recogió el sentir de quienes integramos la Cumbre, y el compromiso de democratizar de manera sostenible nuestros Poderes Judiciales, mediante la implementación de mecanismos concretos que permitan erradicar los obstáculos en el acceso a la justicia, de sectores que sumados, terminan siendo la mayoría de la población regional.

La Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas crea un marco de referencia axiológico que permite a todos los países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana, instrumentalizar y desarrollar la atención a las víctimas, con miras al ejercicio pleno de sus derechos, propiciando un abordaje integral.

Como complemento de la Carta, se elaboró un plan de acción para diagnosticar, identificar, analizar y definir estrategias que orientarán a cada uno de los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el proceso de implementar los derechos contenidos en ella.

Como se expresa en su artículo 1, el objetivo de la Carta “es garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de delitos de manera integral durante todos los estadios del proceso y la reparación del daño causado; sin discriminación de ningún tipo, en todos sus contactos con cualquier autoridad pública, servicio de apoyo a las víctimas o servicio de justicia.”

Durante mi período como Vice Presidenta de la Corte -de 2010 a 2012- impulsé la Plataforma integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), cuyo funcionamiento inició el 5 de diciembre del 2011, como un servicio integral con una visión orientada hacia la persona usuaria como eje central de los servicios.

El proyecto de la Plataforma nace como Plan Piloto en función del marco de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada del 23 al 25 de marzo de 2010 (Primera Ronda de Talleres) celebrada en San José, Costa Rica, con la idea fundamental de integrar los servicios que se prestan a las víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales y centralizar la atención.

En la sesión de Consejo Superior Nº 011-11 del 15 de febrero de 2011, artículo LVII, se acordó aprobar el proyecto.

En la sesión de Consejo Superior N° 029-11 del 30 de marzo de 2011, se acordó aprobar el informe 033-PLA-PI-2011 del Departamento de Planificación, en el que se definió la estructura de la PISAV.

La PISAV inició funciones el 5 de diciembre de 2011, sin necesidad de que se aprobara una reforma legal, ya que no se modifican competencias, manteniendo la dirección funcional y administrativa de las dependencias involucradas en la prestación de los servicios.

La coordinación técnica del proyecto se encuentra a cargo de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito, la Oficina de Género del Poder Judicial y se encuentra adscrito al Despacho de la Presidencia de la Corte.

La PISAV pretende reducir el impacto emocional, social y personal que sufren las víctimas de violencia. Se analizó la estructura interna de la administración de justicia, para centralizar los servicios que se les prestan a las personas usuarias y así evitar la repetición de actuaciones (revictimización) y propiciar una tramitación expedita y oportuna.

La visión de la Plataforma consiste en que con solo la presencia de la víctima, se pueda desplegar un proceso de atención y coordinación integral, por parte de las funcionarias y los funcionarios de las oficinas que conforman la Plataforma, tanto de la parte jurisdiccional, como atención médica, social, psicológica y los mecanismos de protección.

Dentro de los ejes que propuse para mi postulación como Presidenta de la Corte, ha sido constante la preocupación por las víctimas del proceso penal, las cuales además de sufrir los perjuicios del retraso judicial, muchas veces no cuentan con los servicios de un representante legal gratuito.

La Plataforma constituye un mecanismo que permite articular servicios de las diferentes áreas, con el fin de evitar la reiteración innecesaria de procedimientos, tales como las entrevistas, los peritajes; de manera que se haga uso de instrumentos como las cámaras de Gessell.

Al 31 de diciembre de 2013, se contabilizaron en el Juzgado de Pavas, 932 casos activos en la materia de Violencia Doméstica y 3997 en Pensiones Alimentarias, atendidos por medio del PISAV.

Se ofrecerá el servicio del PISAV en La Unión, a partir del 1 de octubre; en el primer trimestre de 2015 iniciará en Siquirres y se planea que en el segundo semestre de 2015 funcione en San Joaquín de Flores.

Debemos continuar realizando acciones hacia un proceso judicial menos revictimizante, en respeto del derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual es un indicador de ciudadanía efectiva.

El reto más importante que enfrentamos es lograr un proceso judicial más humano, con funcionarias y funcionarios sensibles ante el sufrimiento de la víctima y conocedores de mecanismos que reduzcan los efectos dañinos colaterales que enfrenta ésta, ante el sistema de justicia.
Concluyo citando el preámbulo de la Carta de Iberoamericana de Derechos de las Víctimas.

“Sin duda, los hechos delictivos ocasionan una lesión a la sociedad, pero también tienen un efecto concreto en las personas y en sus familias. Reconocer esa situación de las víctimas, identificar y darle respuesta a sus necesidades, es una tema vinculado a los derechos fundamentales y forma parte de la construcción de una sociedad justa y equilibrada. La dignidad y el respeto de la víctima, igual que la del acusado, debe hacerse efectiva.”

El reconociendo a nivel constitucional de los derechos de las víctimas es una tarea pendiente; este Congreso, es un escenario ideal para que se inicie la lucha.

Insto a todas las personas presentes a seguir apoyando esta indispensable labor. ¡Hemos avanzado, pero aún hay mucho por hacer!

Muchas gracias.