En la actividad se contó con la participación del Presidente en ejercicio, José Manuel Arroyo Gutiérrez.

Una propuesta que tiene como objetivo constituirse en un proyecto de ley para la creación de una Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, es lo que se expuso el pasado 6 de agosto, ante autoridades judiciales y administrativas del Poder Judicial.

El documento es uno de los productos desarrollados en el marco del proyecto promovido por el Poder Judicial de Costa Rica, a través de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, la Embajada de los Estados Unidos y el Centro para la Administración de Justicia (CAJ) de la Universidad Internacional de Florida, denominado PJ-CARSI-FIU.

El Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, destacó el anteproyecto que se presentó en el marco del Proyecto PJ-CARSI-FIU. “Ya hay un acercamiento a un texto bastante consensuando, porque ha sido un tema sumamente consultado entre los diversos actores judiciales como el Ministerio Público, Defensa Pública, Judicatura, Magistrados y Magistradas. Considero que frente a este trabajo, vamos a contar en breve con una propuesta consensuada desde la Corte Suprema de Justicia, lo que representa un gran avance para que la Asamblea Legislativa en su momento lo conozca”, afirmó el máximo jerarca judicial.

Para el Director del Proyecto PJ-CARSI-FIU, Daniel González Álvarez, la elaboración de este proyecto base contó con la participación activa de diversos sectores judiciales que permitió la construcción del texto, un trabajo desarrollado en dos años. Destacó que esta presentación final contempló las modificaciones sugeridas por los actores participantes y por la Comisión Investigadora sobre Penetración del Crimen Organizado y Narcotráfico, que también analizó el anteproyecto en sus sesiones de trabajo.
El documento fue elaborado por el consultor Erick Gatgens Gómez, quien durante la reunión tuvo a cargo la presentación de los cambios más significativos que se le realizaron al texto original y que permitió contar con una versión final.

La exposición del texto final estuvo a cargo del consultor Erick Gatgens Gómez.

Entre los cambios, se señalan los tiempos que se podrían aplicar para la definición de las prórrogas de las prisiones preventivas, la potestad de las autoridades judiciales para determinar la integración que tendrá la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado en sus diversos despachos: Juzgado, Tribunal de Juicio y Tribunal de Apelación, los cuales tendrán competencia en todo el territorio nacional, mediante la utilización de criterios obligatorios o imperantes que permitan considerar que se está frente a un grupo de delincuencia organizada, criterios ampliamente definidos en el documento.

Se incorpora también el tema de la integración de las Unidades Especializadas del Ministerio Público y la Defensa Pública, entes que tendrán la potestad de crear dichas unidades y terminarán los requisitos para su selección y reclutamiento.

También se señala la necesidad de que se cuente con contenido presupuestario aparte del presupuesto ordinario dispuesto para el Poder Judicial, para evitar la afectación de otros servicios públicos ya establecidos; lo anterior mediante un presupuesto extraordinario permanente.

Se detalló que además de los requisitos previstos en este proyecto, la jurisdicción se aplicaría cuando se trate de la investigación y juzgamiento de un delito grave y delitos conexos, entendiéndose como delito grave aquel cuyo extremo mayor de la pena de prisión sea de cuatro años o más.

En la actividad se contó con la participación del Presidente en ejercicio de la Corte, José Manuel Arroyo Gutiérrez, representantes de la Sala Tercera, Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, Escuela Judicial, Despacho de la Presidencia de la Corte y de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.