Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Presidente Solís, bienvenido a la sede de la justicia costarricense. Para quienes laboramos en la administración de justicia su visita reviste un profundo significado. Simboliza el espíritu de respeto y colaboración recíproca que todo gobierno democrático debe promover. Compartimos la visión del Estado costarricense como uno solo en el que todos sus órganos deben mantener cercanas y cordiales relaciones, así como promover un diálogo abierto y franco sobre los temas de relevancia nacional; naturalmente, desde el respeto que impone la división de poderes y la colaboración mutua en un estado moderno.

El tiempo añade un grado de mayor complejidad a las responsabilidades que impone ser gobernante, en cualquier ámbito de los supremos poderes.

Pero independientemente de las razones por las cuales nos encontramos en las circunstancias actuales y de buscar responsabilidades en su origen, tenemos la obligación de actuar con la sabiduría y prudencia de nuestros antepasados y trascender el escenario inmediato para pensar en el futuro de las próximas generaciones.

Costa Rica apostó por un modelo de desarrollo humano basado en el respeto a los derechos fundamentales y a la paz, con un diseño institucional fuerte, acompañado de un sistema de justicia accesible y sólido, diseñado como eje central.

A partir de la Constitución de 1871, de la reforma por las garantías sociales del año 43 y la promulgación de la Constitución Política vigente, adoptamos un Estado social de Derecho, mediante un empoderamiento constante y permanente de las personas en cuanto a sus derechos y libertades fundamentales. A estos debemos sumarle el enorme marco convencional internacional que nos convierte en uno de los países con un desarrollo sustantivo de derechos, más amplio y garantista del mundo. Prácticamente no existe tratado internacional de derechos humanos que no hayamos suscrito y es de todos conocido el liderazgo que mantiene nuestro país en esta materia.

Ese compromiso estatal con la población conlleva obligaciones, requiere de respuestas oportunas, por lo que paulatinamente el país ha venido viviendo una judicialización de temas en todos los campos. Se requiere entonces de un modelo de administración de justicia con capacidad de atender la enorme demanda de servicios de la población que acude en reclamo de sus derechos. Este desarrollo en el ámbito de los derechos ha significado un crecimiento exponencial del Poder Judicial, en las últimas décadas, que lo sitúa en la actualidad, en uno de los sistemas de justicia más abiertos y accesibles del mundo.

A través de los años son cada vez mayores las exigencias y responsabilidades que pesan sobre este órgano del Estado. Cuando se hizo la reforma constitucional para dotar a la administración de justicia, de un porcentaje mínimo de un 6% del presupuesto nacional, la población general del país era cercana al millón de habitantes. Era una década, sin mayor complejidad en la convivencia social. Sin embargo, al Poder Judicial se le han atribuido otras responsabilidades como la policía judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Sala Constitucional, la Oficina de víctimas y testigos (antes a cargo del Poder Ejecutivo), los tribunales de flagrancia que han hecho crecer a la institución a un ritmo acelerado.

La cultura de confianza en los tribunales de la República también genera un incremento en la litigiosidad. Antes que la justicia por mano propia las personas acceden a los despachos judiciales para la definición de sus controversias y esto nos garantiza paz social.

La cultura de litigiosidad en los tribunales nos obliga a tener un mayor número de jueces y juezas, yde despachos judiciales. Se invierte más de un 65.7% del presupuesto total ejecutado, en materia penal (Penal, Penal Juvenil, Violencia Doméstica, OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos).

Tenemos la convicción de que nuestro país ha alcanzado un grado de desarrollo y madurez democrática suficiente como para entender que la justicia es piedra angular de la democracia y que es esencial invertir en ella para garantizar la paz social y el desarrollo económico. El Banco Mundial tiene documentados estudios que comprueban que los países que desean crecer ya no solo en paz y armonía, sino ser más competitivos, han aumentado significativamente su gasto en justicia, como es el caso de Chile y Colombia. También está demostrado que las economías que más crecen a largo pazo son aquellas que han introducido reformas institucionales que garantizan la seguridad de las inversiones, la estabilidad política, la seguridad ciudadana y la independencia de los poderes judiciales. La solidez de nuestro sistema de justicia ha sido siempre un factor clave en la decisión de empresas sólidas de instalarse aquí y no en territorio de nuestros competidores regionales.

Ante la crisis del Estado benefactor, el sistema judicial se ha convertido en la instancia reivindicadora ante los conflictos sociales y de todo derecho no satisfecho por el Estado. Hoy en día, se reciben demandas por la omisión del Estado de brindar medicamentos, operaciones, puentes, carreteras, escuelas; o por la incapacidad de proteger el ambiente. Las demandas para garantizar alimentos a niños y a niñas; y para asegurar la integridad de las mujeres, ascienden a cien mil casos por año.

El desarrollo en derechos humanos y en oportunidades de acceso a la justicia para poder hacerlos efectivos, non ha llevado casi dos siglos.

Le solicito que, haciendo eco de la mejor tradición de nuestros antepasados, los temas que atañen a la administración de justicia sean analizados a partir de esta óptica, con profundidad y visión de futuro, porque el sostenimiento de la democracia y de la convivencia social que tenemos depende, en mucho, de las decisiones que hoy tomemos.

Tenemos muchos retos que superar y errores que corregir, pero le aseguro que en ello ponemos nuestro mayor empeño de acuerdo a las circunstancias y capacidades que tenemos

Luego de esta breve contextualización quisiera referirme a tres temas fundamentales:

• el de la asignación presupuestaria.
  
• las consecuencias de la penetración del crimen organizado en el país, y lo que estamos haciendo al respecto,
  
• y finalmente, el régimen de pensiones de las casi 12 mil personas que trabajan en este Poder de la Republica.

Sobre el tema presupuestario. En junio de este año, la Corte Plena aprobó el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2015.

El documento fue entregado al Ministerio de Hacienda después de un esfuerzo institucional por identificar las prioridades y procurando siempre que los recursos fuesen bien aprovechados. Su formulación fue producto de un proceso participativo, en el que se tuvo en cuenta la situación de las finanzas públicas y la austeridad a la que desde años atrás, se viene sometiendo el Poder Judicial.

Se trata que los servicios no se deterioren, intentando avanzar, aunque sea lentamente, en los proyectos con un fuerte impacto social, dirigidos a la protección de las poblaciones en estado de vulnerabilidad. El requerimiento presupuestario se direcciona principalmente, a las nuevas prioridades de evaluación del desempeño, rendición de cuentas, transparencia, y continúa el impulso en las áreas de lo social, seguridad ciudadana y desarrollo tecnológico.

La mayor parte del presupuesto se destina a la partida de remuneraciones, lo cual se justifica en razón de que el Poder Judicial es una institución dedicada a la prestación de servicios personales. Tan solo el 13.7% se reserva para gastos de operación e inversión, lo cual evidencia la poca flexibilidad en la atención de las mejoras requeridas para la prestación adecuada de los servicios.

La situación presupuestaria del Poder Judicial se ha agravado por la promulgación, en los últimos años, de leyes especiales que han impuesto el crecimiento de la planilla y tienen un efecto multiplicador en otros rubros salariales. Lamentablemente, ya no contamos con los empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo que antes permitieron la mejora de la administración de justicia, especialmente en infraestructura tecnológica y espacio físico.

En principio, se está solicitando que se nos asigne un 9.6% de los ingresos corrientes del Estado, porque el presupuesto del Poder Judicial también cubre, como dije, a entidades auxiliares de justicia, para las que el 6% originalmente establecido en la Constitución, no estaba pensado: Ministerio Público, Defensa Pública, Atención y Protección de Personas Víctimas y Testigos; el Organismo de Investigación Judicial, dentro del cual funciona la Plataforma de Información Policial, la Unidad de Inteligencia y la Oficina de la INTERPOL, dependencias cuyo impacto nos significa aproximadamente el 54% del presupuesto institucional.

Tenemos claro que la adscripción de estos órganos al Poder Judicial ha sido importante como garantía de respeto a su independencia pero esta asignación debe ser ponderada al definir la asignación presupuestaria institucional.

En esto, señor Presidente, queremos acentuar su atención y la de la Asamblea Legislativa, porque no podemos paralizar servicios en áreas estratégicas y sensibles para la administración de justicia.

El combate a la corrupción y el narcotráfico ha sido un tema sobre el cual hemos adoptado acciones desde hace varios años, con una política de cero tolerancia. Le puedo asegurar que frente a toda denuncia hemos actuado con diligencia y cuando las pruebas así lo han permitido se ha resuelto conforme a la ley. Entre las medidas puedo mencionar: un proceso de reforma general a la Ley Orgánica del Poder Judicial; la revisión y fortalecimiento del régimen disciplinario interno; la creación del programa de formación inicial de aspirantes a la judicatura; la obligación de jueces y juezas de rendir declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República; la aprobación del Reglamento para la Evaluación del Desempeño; el proyecto de creación de un Centro de Gestión y Apoyo para la Función Jurisdiccional; la aprobación de un incentivo para las juezas y jueces que laboren en zonas vulnerables (denominado incentivo por regionalización); un reglamento de incompatibilidades y el impulso a la reciente propuesta de creación de una jurisdicción especializada de narcotráfico y delincuencia organizada.

En mayo pasado, la Corte Plena aprobó la creación de una Comisión para investigar la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial, integrada por la Presidencia de la Corte, los Presidentes de Salas, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial.

El fortalecimiento del Poder Judicial frente al crimen organizado es un tema país que requiere la acción y apoyo de los demás poderes de la República. La experiencia de varios países hermanos nos ha mostrado que una vez que el crimen organizado toma los sistemas de justicia, no hay punto de retorno y se socava por completo, el funcionamiento y credibilidad del estado, en general.

El último tema es el de la estabilidad del fondo de pensiones del Poder Judicial. Sobre este enfrentamos una estrategia que puede tener un transfondo ideológico para pasar de un modelo solidario de protección a trabajadores y trabajadoras, a uno de cuenta individual en la banca.

Se han creado una serie de mitos sobre el fondo de pensiones, cuando la realidad es que no está quebrado. Tiene un superávit mensual de cerca de mil millones de colones. Los informes actuariales indican que sería en el 2026 o 2050, que se podría afrontar un déficit. La sociedad costarricense ha efectuado un importante esfuerzo para dotar al Poder Judicial -como organización- y a su personal, de las condiciones requeridas para asegurar la solidez, estabilidad y calidad de la administración de justicia costarricense. Nuestro fondo tiene más de 75 años de haber sido fundado, es incluso anterior al de la CCSS, y es una parte fundamental de la carrera judicial, para garantizar que las personas que se capacitan a través de los años no se vayan al sector privado con la experiencia y recursos que en ellos hemos invertido, sino que opten por el servicio judicial como carrera permanente. ¿Cómo podemos ser competitivos en el mercado laboral, atraer y evitar la fuga de talento humano capacitado por la propia institución, si no se ofrecen condiciones laborales adecuadas?

El Fondo de Pensiones del Poder Judicial tuvo como objetivo específico garantizar un régimen jubilatorio a quienes optaran por laborar al servicio de la administración de justicia, a diferencia de quienes se dedicaran al ejercicio liberal de la abogacía y el notariado, actividades tradicionalmente más rentables. A lo largo de los años, al fondo se le han realizado modificaciones para fortalecerlo y garantizar su sostenibilidad. Es un régimen en el que los funcionarios y funcionarias judiciales han venido cotizando 4 veces más que en el régimen de Invalidez Vejez y Muerte.

En atención a recomendaciones de estudios actuariales y tras reuniones con representantes de asociaciones y sindicatos de servidores y servidoras judiciales el Consejo Superior aprobó, en febrero de 2013, un anteproyecto de reforma que, ese mismo año, fue aprobado por la Corte Plena.

Los cambios que se proponen están dirigidos a fortalecer actuarialmente el fondo, para que mantenga equilibrio entre los aportes y beneficios, y se puedan tomar las decisiones que se requieran a lo largo del tiempo. Conforme lo ordenó la Sala Constitucional, se reestablece un tope a las jubilaciones y pensiones. Se autoriza que, con las debidas garantías, los recursos del Fondo puedan utilizarse para la adquisición, construcción y remodelación de edificios, la construcción y mejoramiento de vivienda de quienes laboran en el Poder Judicial y otros préstamos fiduciarios de carácter social.

Por eso ahora, momento histórico en que el Poder Judicial enfrenta numerosos retos, cuando debe asegurarse contar con personal idóneo y con arraigo, dispuesto a dedicar su vida laboral a la institución, resulta preocupante que se proponga la eliminación del Fondo, el cual ha sabido operar y buscar soluciones oportunas cuando los estudios actuariales así lo han aconsejado.

La existencia del fondo de pensiones del Poder Judicial ha contribuido a la conformación de un Poder Judicial fuerte y robusto, garante de su independencia. Es un régimen que estimula, en quienes laboran al servicio de la institución, la esperanza de servir con lealtad y permanencia, poniendo al servicio de las personas usuarias, la experiencia acumulada a través del tiempo.

Estamos convencidos que con las medidas que se han propuesto, entre otras, se garantiza la estabilidad de nuestro fondo.

Don Luis Guillermo, concluyo estas palabras resaltando la idea inicial sobre el alto significado que tiene su visita para ambos Poderes.
Decía Winston Churchill que la diferencia entre un político y un estadista es que mientras el político está pensando en las próximas elecciones, el estadista está pensando en las próximas generaciones.
Frente a esta coyuntura tan complicada que nos ha tocado enfrentar, tenemos la oportunidad histórica de actuar como estadistas y fortalecer la justicia si se toman las decisiones correctas. Sin duda será la historia quien en poco tiempo dará su veredicto sobre lo que en estos años hagamos o dejemos de hacer.

Señor Presidente de la República. Agradecemos su presencia, en este recinto, y le reitero nuestro deseo de que este día marque el inicio de un diálogo franco, permanente y fructífero, para el cual estamos en disposición de continuar la mejor tradición costarricense.