Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa, sede de la Corte Suprema de Justicia. Como Presidenta de esta Corte y en mi condición personal me siento sumamente complacida de recibirlas y recibirlos en este recinto. Esta reunión es una muestra del interés que tiene el Poder Judicial en trabajar de manera coordinada con las autoridades de gobierno, instituciones autónomas, gobiernos locales y con personas integrantes de la población civil, en los diferentes programas que resulten necesarios para acercar los servicios de administración de justicia a las personas.

Mi agradecimiento por haber aceptado la invitación y su presencia aquí, en esta tarde. Espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en que nos reunamos en la búsqueda de estrategias que sirvan a la mejor ejecución de las funciones que a cada uno y a cada una, nos corresponde.

El interés que motiva este encuentro es invitarlos a participar en experiencias que han sido exitosas para diversas comunidades y poblaciones del país que comparten una especificidad que las caracteriza como vulnerables.

El Poder Judicial costarricense asumió un profundo cambio ideológico, coherente con el concepto de una justicia democrática donde el servicio de administración de justicia se visualice como un instrumento para el desarrollo humano; cómo hacer de la justicia un servicio por el que todas las personas, cada una considerada en su diversa condición dentro de la sociedad, pueda acceder también a las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, social y cultural.

Con esta perspectiva hemos orientado esfuerzos en la búsqueda de acciones que propicien un servicio de administración de justicia que además de independiente y humanizado, permita a los distintos sectores de la población poco favorecidos con oportunidades de crecimiento, el acceso a la justicia.
Es una concepción que implica un cambio de paradigma porque sitúa su atención no solo en la persona como centro de acción sino que la ubica en su contexto, relacionándola con el desarrollo del país, en el ámbito social, económico, cultural y promoviendo su participación en esos ámbitos. Por esos hablamos de justicia como instrumento para el desarrollo humano, es decir, propiciar desde los servicios de administración de justicia, las condiciones para que todas las personas, de todos los sectores de la población, también tengan oportunidades de participar del desarrollo general del país.

Dentro de este nuevo paradigma se ha promovido que el aparato judicial visibilice las desigualdades presentes en nuestra sociedad y vincule todas las acciones con el efecto que producen en las personas, según sus condiciones particulares. 

Para ello contamos con el trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia, y de las subcomisiones que la integran que, en conjunto, son una red que vigila el respeto y cumplimiento de las políticas institucionales de acceso a la justicia.

El modelo de actuación para orientar, asistir y proteger a las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas, víctimas de violencia doméstica en el cantón de Upala; y el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores judiciales, a cargo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Conamaj, son un claro ejemplo de esas iniciativas con las que se busca facilitar el acceso a la justicia a poblaciones vulnerables y promover sus mejores condiciones y oportunidades de vida.

Ambos modelos de actuación son programas de alto contenido social que han sido exitosos por una razón fundamental: la participación y coordinación entre instituciones públicas, municipalidades y la comunidad a través de ONGs. Han sido modelos de gestión comunitaria acompañada por funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, de las Municipalidades, del Ministerio de Seguridad Pública, Sector Salud, la Dirección General de Migración, del INAMU, de la Defensoría de los Habitantes y de órganos de la sociedad civil. Todo ello con el acompañamiento y la asistencia técnica de la cooperación internacional.

En el modelo generado en Upala el proyecto logró vincular a organizaciones de la sociedad civil, a la propia comunidad, a mujeres que han vivido las mismas experiencias y que por lo mismo han logrado acumular un mejor conocimiento para acompañar y orientar a otras mujeres también víctimas de violencia.

Para este proyecto se buscó un acuerdo interinstitucional que unifica y articula acciones entre cada una de las instituciones públicas u organizaciones sociales involucradas, señalando a cada una su marco de acción para garantizar una respuesta efectiva en la protección y atención de las víctimas. Agradezco puntualmente la asistencia técnica de la Unión Europea, mediante el Programa EUROsociAL-Justicia II y a IDLO (International Development Law Organization), el socio operativo, por habernos acompañado en esta experiencia.

Por su parte, el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales se ha convertido en un gran aliado del sistema de administración de justicia. Un mecanismo a través del cual, las personas habitantes de una comunidad, normalmente lejana a despachos judiciales, pueden resolver sus diferencias con la ayuda de una persona que les resulta cercana, de reconocida probidad y trayectoria. Esta persona funciona también como un brazo amigable del Poder Judicial porque acerca a las personas habitantes de la comunidad con los despachos judiciales.

Este otro proyecto, lo desarrollamos con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el auspicio del Reino de los Países Bajos. Tiene un año de vigencia e involucra la participación de las municipalidades en los territorios donde se está ejecutando, así como del Ministerio de Seguridad Pública por medio de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y la Guardia Costera.

El éxito obtenido en ambos programas, a través de la participación ciudadana, el aporte municipal y la coordinación interinstitucional, son la razón por la cual es importante que esta tarde nos reunamos con representantes del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, de distintas instituciones públicas, de las municipalidades, de la Defensoría de los habitantes, de la Caja Costarricense de Seguro Social, y de la sociedad civil, es decir, con instituciones involucradas en temas del área social. El objetivo es que a través del compromiso y la participación interinstitucional podamos fortalecer esos programas y que las lecciones aprendidas, la experiencia acumulada, los beneficios obtenidos, puedan replicarse en otras comunidades igualmente vulnerables.

Bajo el respeto de la independencia de funciones que a cada una de nuestras instituciones le corresponde, la experiencia obtenida nos demuestra que el trabajo en equipo no solo es posible, sino necesario. El resultado ha sido positivo y ahora nos corresponde a nosotros y a nosotras la decisión de apropiarnos del conocimiento obtenido y velar porque nuestra capacidad de gestión y de coordinación nos permita acercarnos a otras comunidades o poblaciones que están urgidas de nuestra acción.

Ahora mismo, la alegría del triunfo de la Selección Nacional la vemos empañada con la noticia de la gran cantidad de denuncias y llamadas de auxilio, por violencia doméstica, un tema en donde nos urge la conjunción de esfuerzos institucionales al más alto nivel.

La víctima: Kattia Vannesa Rony Guerrero, una mujer de 32 años, dedicada a los oficios de su hogar, con una hija de 13 años y un niño de 8. Muere de un balazo propiciado por su expareja, contra quien ya había denunciado la agresión de que era objeto, y al parecer ya se habían ordenado medidas de protección en su favor.

Agradeciéndoles nuevamente por su presencia esta tarde, en este recinto, les invito a participar con nosotros en estas iniciativas en las que la acción fundamental está dirigida a personas con necesidad de nuestro accionar; que requieren de nuestra gestión para poder acceder a una vida en la que el respeto a sus derechos les esté plenamente garantizado.