Las investigaciones y el posterior juzgamiento de personas vinculadas con organizaciones criminales no pueden abordarse en la jurisdicción penal ordinaria. En las últimas décadas, hemos visto cómo estos grupos delictivos han experimentado un acelerado crecimiento que impacta a la sociedad y sus instituciones democráticas.

Requerimos de policías, fiscales, fiscalas, defensa pública, y jueces y juezas especialistas en la materia. Igualmente se impone la formulación de normas sustantivas y procesales que permitan procesos céleres, con plazos cortos yaudiencias orales para la pronta resolución de los casos.

Es por ello que desde el 2011 el Poder Judicial de Costa Rica emprendió acciones y participó con proyectos concretos en un programa de cooperación internacional. Los proyectos fueron acogidos por la Embajada de Estados Unidos y el Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de Florida, así como por la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (Carsi).

Avances. Gracias a este programa de cooperación, en el 2012 se inició la ejecución de las primeras acciones, encaminadas a la reorganización interna del Ministerio Público.

Se crearon las fiscalías adjuntas de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y de Legitimación de Capitales, mediante la reasignación de sus recursos humanos, conformando una sola unidad contra la delincuencia organizada, debidamente articulada y bajo un solo mando.

De igual manera, se trabaja en la ampliación de las oficinas del Ministerio Público fuera del área metropolitana, especialmente aquellas ubicadas en Puntarenas, Limón, Corredores, Golfito, Coto Brus, Liberia y Pérez Zeledón.

Se ha adquirido tecnología de avanzada: equipo de cómputo, licencias informáticas y equipo de oficina.

Asimismo, se han implementado módulos de capacitación que han permitido capacitar a más de 1300 personas, entre jueces, juezas, representantes del Ministerio Público, personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) e integrantes de la Defensa Pública.

También se formuló el anteproyecto de ley que crea la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, el cual, una vez finalizado y consensuado, se introducirá a la corriente legislativa. Tratándose de un tema tan urgente, esperamos que reciba un trámite ágil y expedito.

Recientemente finalizaron talleres sobre temas de probidady régimen disciplinario con los que se pretende reformar el título correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Trámite procesal sencillo. La jurisdicción especializada en delincuencia organizada ha sido concebida como un modelo donde se establece un catálogo cerrado de delitos, cuyo conocimiento e investigación le correspondería a despachos judiciales con competencia sobre todo el territorio nacional.

Se prevé un trámite procesal muy sencillo que pasa por un filtro de admisibilidad: una vez que la Fiscalía determina la presencia de los requisitos para acceder a esa Jurisdicción, se lo solicita al juez o jueza de Delincuencia Organizada y este resuelve si acoge o rechaza la solicitud, previa audiencia.

Por la complejidad que representan los casos de criminalidad organizada, al contar con una jurisdicción especializada se descongestionarán los juzgados y tribunales penales ordinarios.

Enfrentamos una realidad difícil. Por ello, en defensa del Estado de Derecho, el Poder Judicial no se cruza de brazos: realiza y realizará lo que sea legalmente necesario para blindar nuestra institucionalidad e impedir la penetración de narcoestructuras en cualquiera de nuestros órganos o de las distintas instancias judiciales.