Zarela Villanueva, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Me siento sumamente contenta y esperanzada en la firma del contrato de fideicomiso que hoy suscribimos el Poder Judicial, el Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, para la construcción de nuevos edificios judiciales.

Para el Poder Judicial, la consolidación de la figura del fideicomiso para impulsar la construcción de edificios, en terrenos que son propiedad de la institución es histórico y trascendental. Es la concreción de un instrumento jurídico que permitirá a este Poder de la República, proveerse de las edificaciones necesarias para una adecuación prestación del servicio, con ahorro de recursos públicos.

La carencia de edificios propios le significa al Poder Judicial un faltante de aproximadamente 50 mil metros cuadrados. Esto representó, en la Subpartida Alquileres de edificios, locales y terrenos, según la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2013, más de tres mil millones de colones; y para el ejercicio económico del 2014, se presupuestó cerca de cinco mil millones de colones para este mismo rubro.

Cuando he visitado algunos circuitos judiciales, los funcionarios y funcionarias judiciales casi siempre me urgen por la necesidad de más personal o de espacio físico. La falta de espacio físico la he podido constatar personalmente en las visitas a esos circuitos; pero en el edificio de la Corte también tenemos ese problema.

Con este contrato se propicia un uso más efectivo de los recursos del presupuesto nacional, en momentos en que las finanzas públicas encuentran serias restricciones.

Se pretende que las edificaciones a construir sean adecuadas al servicio público que se presta y a las necesidades de cada despacho y de la institución en general. Por esa razón, al lado de este proyecto, la Presidencia propuso al Consejo Superior la necesidad de contar con un edificio modelo, un prototipo de lo que deben ser las oficinas judiciales. En ese sentido, el Consejo Superior ya ordenó al Departamento de Servicios Generales, la elaboración de este modelo.

Nuestro propósito es que se logre albergar las dependencias judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos constitucionales y se genere una mejora en la prestación de los servicios, con infraestructura adecuada y despachos judiciales integrados en una misma zona.

El contrato permite incluir obras complementarias y los equipamientos necesarios para garantizar un servicio de calidad para las personas usuarias, tomando en cuenta diferentes condiciones y la normativa existente en materia de contratación administrativa del sector público y bajo la cercana supervisión de la Contraloría General de la República y de la Auditoría, entre otros.

Responde a la necesidad de que la institución pueda contar con recursos que, aunque no son propios, se cancelarán con los montos destinados al pago de los alquileres de locales.

El fideicomiso es una herramienta moderna y versátil que se suscribe al amparo de los artículos 633 y siguientes del Código de Comercio de Costa Rica; los reglamentos, las disposiciones, acuerdos y demás normativas emitidas sobre la materia por la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores en lo aplicable y los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero; y en lo específico por el clausulado que hoy se suscribe.

Conforme lo dispone el contrato, se contará con un Comité de Vigilancia que será parte de la estructura administrativa del fideicomiso y velará por la calidad de su gestión y ejecución.

La Unidad Administradora del proyecto estará compuesta por un experto o grupo de expertos, sean personas físicas o jurídicas, en materia o especialidades técnicas, profesionales y científicas necesarias para la gestión y administración del proyecto, que trabajará con total apego a la normativa tanto interna como externa.

Se establece, además, que las empresas desarrolladoras encargadas de la ejecución del proyecto deberán contar con especialidad y experiencia en el desarrollo de proyectos de similar magnitud en relación con los fines del fideicomiso.

Se contará con personas físicas o jurídicas expertas, quienes proveerán al fideicomiso los servicios de supervisión técnica y administrativa del proyecto, para lo cual rendirán informes periódicos que deberán contener evaluaciones y recomendaciones, así como las actividades de control que han ejercido para que las obras se lleven a cabo en forma eficiente.

Según lo convenido, el fiduciario, que en este caso es Bancrédito, debe acreditar el sustento técnico para demostrar que la comisión cobrada a la Corte Suprema de Justicia -fideicomitente- constituye la alternativa más favorable para la estructuración de este tipo de negocios.

El contrato contempla la realización de todas aquellas obras complementarias que deban desarrollarse a fin de brindar los servicios judiciales de forma eficiente, eficaz e integral; y que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines establecidos.

Se ha estipulado que como inversionistas se tendrá a las entidades financieras o no financieras públicas o privadas, nacionales o internacionales que financien el proyecto total o parcialmente, ya sea mediante crédito directo de corto o largo plazo, según convenga a los intereses de la Corte.

Congruente con el principio de transparencia, pilar fundamental de la gestión pública que he promovido durante mi gestión, el fideicomiso operará sobre los principios de igualdad de trato a los oferentes, libre competencia y publicidad.

El diseño, formulación y negociación de este contrato es el resultado de un minucioso y arduo proceso que inició el 7 de agosto de 2009, -hace cinco años- con la Oferta de Servicios para la estructuración del “Fideicomiso de Titularización de Obras de Infraestructura del Poder Judicial.

Durante el proceso que permitió la formalización de este convenio intervinieron diversas instancias: la Comisión de Construcciones, la Dirección Ejecutiva, la Presidencia de la Corte, el Consejo Superior y la Corte Plena.

Especial mención debo hacer de los valiosos aportes ofrecidos por los Magistrados Luis Guillermo Rivas, Fernando Castillo y Orlando Aguirre.

Deseo agradecer sinceramente a todas las personas que han intervenido para hacer de esta iniciativa una realidad.

Reconocemos las largas horas de trabajo que se han requerido para llegar, finalmente, a acordar los términos del contrato y dar inicio, con su firma, a la etapa de su ejecución.

También debo mencionar la buena voluntad y el interés de Bancrédito, el apoyo del Banco de Costa Rica y la acertada decisión de Corte Plena en la búsqueda de opciones viables e impostergables, para satisfacer los requerimientos de infraestructura que enfrenta la institución.

Nos guía la idea de lograr la prestación de un servicio de calidad a las personas usuarias de todo el país, con el que se garantice un adecuado acceso a la justicia y condiciones de trabajo dignas. a través de un uso eficiente de los recursos públicos.

Como afirma George Bernard Shaw: "Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias, creándolas si no las encuentra." Por eso, en la Corte seguiremos buscando y creando, con apego a las leyes y el apoyo de otras instituciones, las condiciones necesarias para la mejora de nuestros servicios.

Agradezco a todas las personas que han participado y hecho posible la firma del fideicomiso y a quienes nos acompañan esta tarde para celebrar la ocasión.