Sandra Castro Mora
Abogada

Corte Plena enfatiza y reitera que se implementarán las acciones que sean necesarias para evitar la penetración de organizaciones criminales dentro del Poder Judicial

Cerrar filas a la corrupción dentro del Poder Judicial es la consigna de los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, quienes de manera enfática reiteran que se implementarán las acciones que sean necesarias para evitar la penetración de organizaciones criminales dentro de este Poder de la República. En la sesión del 20 de mayo 2014 se analizaron hechos calificados como delictivos que han afectado la institucionalidad de la administración de justicia, es por ello que se tomaron como acuerdo firme las siguientes propuestas: Respaldar las acciones que ha tomado la Presidencia de la Corte para el fortalecimiento de los órganos internos de control como el trabajo realizado por el equipo de Moderna Gestión y la iniciativa de crear una jurisdicción especializada contra el crimen organizado. Implementar el incentivo por regionalización propuesto por la Presidencia de la Corte, en aquellas zonas alejadas en donde se hace difícil el nombramiento de personas juzgadoras.

Potenciar el uso del Sistema de Información Integral de Servidores Judiciales que es una herramienta informática creada en el año 2010, que consolida información sobre servidores y servidoras permitiendo obtener una reseña histórica del estado laboral de una persona oferente. Someter a estudio del Consejo de la Judicatura la incorporación de mecanismos utilizados que resulten procedentes, para fortalecer el estudio que se realiza interdisciplinariamente a las personas de primer ingreso. En todos los nombramientos, especialmente los de primer ingreso, se reforzará el análisis y detalle de las evaluaciones del desempeño y se remitan los informes preliminares que sean necesarios. La Comisión de Transparencia y la Unidad de Control Interno adoptarán acciones para detectar y prevenir el riesgo en zonas del país que pueden presentar conflicto. Revisar con el Departamento de Gestión Humana el procedimiento de investigación confidencial que se aplica para los nombramientos. El Consejo de la Judicatura remitirá la información completa en las nóminas de proposiciones de nombramiento de jueces y juezas indicando las investigaciones existentes, las sanciones que se han impuesto, causas disciplinarias y penales, con el detalle de los hechos que las motivan.

Una de las propuestas es someter a estudios de Consejo de la Judicatura la incorporación de mecanismos utilizados que resulten procedentes para fortalecer el estudio que se realiza interdisciplinariamente a las personas de primer ingreso.

• Informe de la Comisión para Investigar la Penetración del Crimen Organizado y el Narcotráfico en el Poder Judicial, integrada la Presidenta de la Corte, el Vicepresidente de la Corte, los Presidentes de las Salas Primera, Segunda, Tercera y Constitucional, el Fiscal General de la República y el Director General del Organismo de Investigación Judicial, la que identificará mediante un mapeo con datos estadísticos y científicos sobre las áreas vulnerables del Poder Judicial que podrían ser penetradas por los fenómenos de criminalidad organizada y el narcotráfico.
• Coordinar con la Contraloría General de la República para que el Departamento de Declaraciones Juradas dé seguimiento especial de las declaraciones juradas de los jueces y juezas en las áreas vulnerables del Poder Judicial.
• Implementación de una campaña permanente que fomente a todos los funcionarios y funcionarias judiciales, servidores y servidoras judiciales el deber y compromiso con el principio y el valor de probidad en la función pública.
• La Escuela Judicial reforzará los programas de capacitación permanente para las juezas y jueces, funcionarios y funcionarias judiciales, en todo aquello que tiene que ver con la interpretación y la aplicación del derecho penal y el derecho procesal penal en las áreas vulnerables.
• Establecer un sistema de rotación de jueces y juezas que estén destacados en áreas vulnerables del Poder Judicial.
• Crear un régimen de incompatibilidades a través de una reforma legislativa y la reestructuración la Comisión de Transparencia para que centralice sus tareas en los temas de la posible permeabilidad de grupos organizados en el Poder Judicial.
• Dar a conocer el trabajo que realiza la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial, como un insumo para tomar decisiones y mantenerse informados sobre el análisis criminal a nivel nacional y retomar las visitas a las comunidades por parte de la jerarquía judicial, que permiten escuchar a grupos comunales sobre su problemática criminal particular.
• Hacer una revisión periódica de vida y costumbres de las personas que laboran para este Poder de la República e impulsar reformas legales para que las declaraciones juradas presentadas por las funcionarias y funcionarios judiciales, jueces y juezas ante la Contraloría General de la República puedan ser revisadas por el Poder Judicial.
• Solicitar a la Comisión de Nombramientos que formule mejoras en la normativa que rige el régimen de los nombramientos de los jueces y juezas que hace esta Corte.
• Implementar mayores controles en los nombramientos de jueces y juezas en todos los ámbitos y materias, especialmente en el ámbito penal.
• Facilitar mecanismos de denuncia y participación ciudadana en temas de narcotráfico y crimen organizado.
• Incluir a la Escuela Judicial en los proyectos en que se capacite al personal judicial en temas de narcotráfico y crimen organizado.

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó que una vez más los controles institucionales funcionaron adecuadamente para detectar las irregularidades de casos concretos.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Zarela Villanueva calificó los hechos delictivos en los que se involucra a personas juzgadoras como hechos lamentables y dolorosos no sólo para la administración de justicia sino para el país sin ser esta una situación que haya permeado a toda la judicatura. Destacó que una vez más los controles institucionales funcionaron adecuadamente para detectar las irregularidades de casos concretos. El Vicepresidente de la Corte, magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, reflexionó sobre la trascendencia de hechos en los que se involucra a una persona que labora en el Poder Judicial, señaló que la ciudadanía puede seguir confiando en la administración de justicia pues los órganos de control internos funcionan de manera correcta para detectar a tiempo e intervenir de manera oportuna. Detalló los esfuerzos que se han realizado desde la Presidencia de la Corte para implementar programas de acción inmediata que permitan atender situaciones urgentes de despachos judiciales a nivel nacional, así como otros que procuran el fortalecimiento de áreas tan sensibles para la ciudadanía como es la atención de los asuntos penales.

El magistrado Fernando Castillo Víquez opinó que los mecanismos institucionales funcionan y al funcionar éstos, salen hechos dolorosos, pero que también son una llamada de atención al gobierno judicial. “En un Estado Social y Democrático de Derecho cual solución que adoptemos pasa por dos tamices: respetar hasta sus últimas consecuencias el principio de independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas. No podemos obviar que hoy la judicatura y el área penal particularmente, está siendo amenazada por fenómenos sociales de gran tragedia para la humanidad, como es el tema del narcotráfico y del crimen organizado”, enfatizó el jerarca judicial.

El magistrado Ernesto Jinesta Lobo consideró que los problemas de corrupción y de violación al deber de probidad, no son de todos porque la gran mayoría de las funcionarias y funcionarios y de servidores y servidoras son gente honesta, honrada y con una gran mística, pero siempre vamos a encontrar personas que no respeten el ordenamiento jurídico y falten a su deber de probidad, por ello propuso nombrar una Comisión Investigadora sobre el Problema de la Penetración del Narcotráfico en la Judicatura. “Para situaciones extraordinarias respuestas extraordinarias, tenemos que ir más allá, dar seguimiento y elaborar un plan de acción inmediato”, enfatizó.

La magistrada Nancy Hernández López intervino con un voto de confianza a la judicatura costarricense, la cual estimó está integrada por personas honorables y comprometidas. Desde su perspectiva consideró crear un régimen de incompatibilidades a través de una reforma legislativa, determinar el riesgo por áreas geográficas y la reestructuración de la Comisión de Transparencia para centralizar sus tareas en los temas de la posible permeabilidad de grupos organizados en el Poder Judicial. “Hay que realizar un análisis de riesgo por área, para poder generar una política pública con la ayuda de la Unidad de Control Interno, de las distintas instancias del Poder Judicial, hay que hacer un análisis de cuáles son las vulnerabilidades de la judicatura costarricense, la fiscalía, la policía y con base en las áreas detectadas, generar políticas específicas para abordar esas vulnerabilidades”.

La magistrada Magda Pereira Villalobos opinó que los problemas de criminalidad organizada y de asuntos de narcotráfico, permean en sí todo el Poder Judicial, no sólo la Judicatura, por lo que a todos y todas se debe exigir una probidad demostrada. Instó para que se analice el trabajo que realiza el Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un insumo para tomar decisiones y mantenerse informados sobre el análisis criminal a nivel nacional. Otro aspecto que propuso es retomar las visitas a comunidades por parte de la jerarquía judicial las que permiten escuchar a grupos comunales sobre su problemática criminal particular.

El magistrado Paul Rueda Leal propuso una revisión periódica de vida y costumbres de las personas que laboran para este Poder de la República, por ejemplo cada cuatro años. Además, planteó una reforma legal para que las declaraciones juradas de funcionarios judiciales puedan ser revisadas por el Poder Judicial. La Magistrada Doris Arias Madrigal enfatizó que tal como lo señala la normativa internacional y nacional, la corrupción debe ser prevenida, investigada y sancionada porque es un mandato que tiene la Corte. “Señaló un respeto absoluto por nuestra judicatura, por su formación, es necesario que trabajemos fuertemente en la capacitación judicial, es un compromiso que hemos adquirido”. En ese sentido destacó que la capacitación es esencial por lo que urgió para incluir a la Escuela Judicial en los proyectos que se capacite al personal judicial en temas de narcotráfico y crimen organizado y tener clara la visión del contenido de los cursos que se están realizando. El magistrado Carlos Chinchilla Sandí instó por implementar mayores controles para nombramientos de jueces y juezas, así como facilitar mecanismos de denuncia y participación ciudadana en temas de narcotráfico y crimen organizado. “Debemos identificar casos concretos. No debemos bajar la guardia, el narcotráfico y el crimen organizado rondan los ámbitos judiciales, así como también otros del quehacer político e institucional en el país”.

En esta sesión de Corte Plena, también se aprobó el reglamento respectivo, el cual establece el incentivo como un plus salarial cuyo porcentaje será definido por el Consejo Superior.

La magistrada Rocío Rojas Morales instó que por el trabajo que desarrolla la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial pueda presentar cambios legales para mejorar la normativa en el nombramiento de jueces y juezas cuyas designaciones competen a Corte Plena. En su criterio hay una responsabilidad política de la Corte de mejorar la selección.

Jurisdicción especializada

Otra de las acciones en las que se trabaja es en el proyecto de crear una jurisdicción especializada que conozca de hechos sobre crimen organizado, el cual es liderado por el Vicepresidente de la Corte, Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez.

Al respecto la Magistrada Villanueva Monge explicó que es un proyecto de cooperación internacional en el que Costa Rica concursó con temas dirigidos al combate eficiente de la criminalidad organizada y el narcotráfico. El proyecto inició en el 2011 dentro de un programa que se llama Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI). Además de la formulación del Proyecto de Ley que crea esta jurisdicción especializada, se han realizado durante este tiempo talleres de capacitación para jueces, juezas, representantes del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial.

Los ejes centrales del programa se han enfocado en los siguientes ejes temáticos:

• Reorganización institucional del Ministerio Público para combatir eficazmente el narcotráfico y organizaciones criminales.
• Reducción de barreras jurisdiccionales para la aplicación centralizada y especializada para mejorar la aplicación de la legislación sobre drogas.
• Expandir el rastreo de casos y desempeño actual en operación en las fiscalías que conocen de narcotráfico, anticorrupción y lavado de dinero.
• Adquisición de software y licencias informáticas para los servidores de base de datos para la investigación y rastreo de casos.
• Capacitación especializada para que sea más efectiva y eficiente la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la función judicial.
  

Una vez finalizado y consensuado el anteproyecto, se iniciará el trámite para introducirlo a la corriente legislativa.

En relación con el régimen disciplinario, éste se reforzará mediante los cambios normativos necesarios, es por ello que se trabaja en un anteproyecto de Ley que reformaría el título de la Ley Orgánica del Poder Judicial correspondiente a la investigación disciplinaria y trámite de faltas que cometan los servidores y servidoras judiciales y que deben conocerse en esta vía.

Incentivo adicional

Otro aspecto que se ha evidenciado es la dificultad que enfrenta la Presidencia de la Corte para nombrar jueces en la Zona Atlántica y Zona Sur del país.

Al respecto la magistrada Villanueva Monge explicó que cuando se determina la necesidad de nombrar a una persona, en un puesto específico, se realiza un proceso de consulta a las personas elegibles. Aceptar o rechazar la designación en el puesto es una facultad discrecional de las personas oferentes.

“La administración de justicia no puede nombrar a los funcionarios o funcionarias oferentes, en un determinado puesto o en una determinada zona, contra su voluntad, por ello es que propuse a la Corte Plena un incentivo por regionalización el cual fue aprobado en la sesión del 2 de junio 2014 con el que se pretende solucionar el problema de nombramientos de jueces y juezas en Limón y Zona Sur que es donde tenemos esta dificultad, por la lejanía y problemática criminal” , puntualizó la jerarca judicial.

En esa sesión de Corte Plena, también se aprobó el reglamento respectivo, el cual establece el incentivo como un plus salarial cuyo porcentaje será definido por el Consejo Superior. Una vez en aplicación lo devengarán las personas juzgadoras en función de ocupar los puestos a los que está autorizado el beneficio.