Magistrada Dra. Doris Arias Madrigal.

Es un verdadero hito histórico y un honor presentar en el Poder Judicial de Costa Rica el 3er Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un procedimiento de comunicaciones PFPC.

Este Protocolo fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011 y ha sido firmado por 45 países y ratificado por 11. El Protocolo necesitaba ser ratificado por 10 Estados para entrar en vigencia y Costa Rica ha sido el país que ha garantizado su entrada en vigor.

Esta normativa viene a complementar la Convención sobre los Derechos del Niño y sus otros protocolos opcionales: el Protocolo Facultativo que prohíbe la participación, utilización y reclutamiento de los niños en los conflictos armados. El segundo Protocolo Facultativo exige la penalización de la venta de niños, la explotación sexual y la pornografía infantil y protege a los y las niñas y niños de estas violaciones severas a sus derechos.

El “Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones” (conocido como PF3 CDN por sus siglas en español), le permite a los niños, niñas y adolescentes presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas relativas a la violación de sus derechos.

El compromiso del Poder Judicial de Costa Rica como institución garante de derechos, en cumplimiento de las Convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos a favor de la niñez y adolescencia, así como de la Constitución Política y la legislación derivada, le ha llevado a impulsar un verdadero Acceso a la Justicia de las niñas, niños y adolescentes, para que éstos sean tanto de iure como de facto, es decir, que no sólo estén en los textos, sino en la realidad vivida.

Así la Corte Plena aprobó dos políticas publicas fundamentales y que constituyen el eje rector de la actuación de los servicios de la Justicia, estas son las Políticas de Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes y la Acceso a la Justicia en penal juvenil, por medio de las que se procura el respeto de los derechos de la persona menor de edad y hacer realidad los principios de interés superior, protección integral, máxima prioridad, principio socio-educativo y de reinserción social en la familia y en la sociedad. Con la creación de servicios y procedimientos adaptados al niño en todas las instancias.

Pero como en esa tarea podemos fallar y no garantizar y hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siempre tiene que haber otros mecanismos legales que vengan a reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales con acceso a recursos para reparar la violación de sus derechos, en este caso al Comité de los derechos del Niño.

Se trata pues de una instancia más, de una posibilidad mayor para las personas menores de edad de encontrar reparación a las violaciones de derechos realizadas por el Estado, que impliquen violaciones a la debida diligencia.

Contar con un panel de expertas como las personas que nos acompañan en la mesa principal, así como del grupo de personas de las instituciones relacionadas con la niñez y la adolescencia, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, será muy enriquecedor, para los objetivos de trabajo propuestos: un taller para conocer el 3er protocolo que nos permita crear acciones conjuntas tanto de divulgación, como de concientización en todas los órganos y funciones del Estado, para que no sea necesario que nuestra niñez y adolescencia tenga que recurrir a otras vías de reparación, sino que logre encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, la tutela efectiva de sus derechos, al desarrollo pleno y progresivo.