En vista del marcado interés que tiene este diario por el tema del régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, nuevamente, con la acostumbrada transparencia, hacemos las siguientes precisiones por razones de equilibrio en el manejo de la información:

Argumentos. Nos basamos en argumentos técnicos y jurídicos, no políticos. Respetuosamente discrepamos de la apreciación subjetiva del columnista Armando González, cuando estima que la Superintendencia de Pensiones (Supén) lleva la ventaja en esta discusión, por ser el órgano técnico. El Poder Judicial (administración y trabajadores) tomó la decisión inmediata de adoptar medidas administrativas, así como de promover un proyecto de reforma legal, únicamente basado en informes técnicos de actuarios matemáticosindependientes, iniciativa que contó con el acompañamiento de expertos en materia actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como garantes de la objetividad y la técnica que primaron en el proceso.

Régimen solidario. El régimen de pensiones del Poder Judicial es solidario. Es cierto que el patrono aporta a nuestro Fondo, como lo hace también en el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y, si bien en nuestro caso el aporte es mayor, también es mayor la cotización de cada trabajador. De hecho, es cuatro veces superior al de quienes cotizan para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así ha sido durante 75 años en el caso del régimen del Poder Judicial por una visión de Estado orientada hacia los valores sociales.

En esta línea, es importante ratificar que nuestro régimen es solidario y no de reparto o cuenta individual, y es en atención a este principio que la normativa tiene regulación especial para proteger a los hijos huérfanos, discapacitados y viudos o viudas, en caso de muerte de los cotizantes.

No nos jubilamos más jóvenes. Conforme a las reglas de nuestra Ley Orgánica vigente, para optar por una jubilación que corresponda al promedio de los últimos 24 salarios, los servidores judiciales deben cumplir con 62 años y 30 años de servicio, edad que coincide con la definida para el IVM.

Las “jubilaciones juveniles”, como erróneamente se han llamado, tienen que ver con personas que quedaron cubiertas por una normativa anterior, a las que se les deben respetar los derechos adquiridos, o bien con quienes se jubilan antes de la edad, pero en forma proporcional. La normativa cambió desde 1994: con anterioridad, existían otros beneficios que fueron eliminados desde esa fecha.

El tema es ideológico. En 1994, el Banco Mundial publicó un documento sobre el futuro de las pensiones, considerado como el punto de partida “oficial” del debate acerca de la pretendida insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones y su relación con la promoción del crecimiento económico. La discusión actual es un reflejo de esa ofensiva por privatizar los regímenes de pensiones. El ataque sistemático a los regímenes del Poder Judicial y la CCSS no es, entonces, ninguna casualidad.

Lo que está en juego, cuando se reduce la discusión de la existencia de los regímenes de pensión a un tema de costo, es nada menos que la eliminación de los regímenes solidarios que quedan, para migrar hacia sistemas voluntarios (privados) en el sistema bancario, que convenientemente se vería fortalecido con la inyección de miles y millones de colones de cientos de miles de empleados del sector público y privado.

Gran acervo social. La Costa Rica que conocemos está anclada en un gran acervo social, como, por ejemplo, la gran reforma social de 1942, que buscaba el beneficio de los trabajadores. Un pequeño territorio con gran visión, que se dedicó a edificar mediante instituciones como la seguridad social, la educación pública y la justicia, entre otras. Parece ser que la Costa Rica de ahora no edifica, sino que desmantela lo que, con tanto esfuerzo, construyeron nuestros antepasados.

Sin duda, otro gallo cantaría, don Armando, pero sería el del neoliberalismo, que ha desafinado la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores en tantos países de América Latina y el mundo, donde se ha cometido el garrafal error de ver la inversión social como un costo, y a las personas como simples factores productivos. Probablemente se logrará una reducción transitoria del déficit fiscal, y ello se traducirá en menos impuestos para la clase económicamente dominante, pero a costa de empeñar el alma de esta nación.
Nuestro Fondo solidario de retiro no está en crisis.

Definitivamente, la discusión es ideológica.

Carlos A. Montero Zúñiga, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial.