Detalles del proyecto de fideicomiso para construcciones del Poder Judicial se realizó en la sesión ordinaria de Corte Plena de este lunes 26 de mayo, en la que participó con su intervención, el Gerente General del BCR, Mario Rivera.

Exponer detalles sobre la figura del fideicomiso para la posibilidad de construir edificaciones judiciales, así como evacuar consultas sobre este proyecto, fueron temas que se discutieron ayer en la sesión de Corte Plena, cuyas exposiciones permitieron aprobar el acuerdo para la consecución del Proyecto de Fideicomiso del Poder Judicial.

Los pormenores del proyecto de fideicomiso para construcciones estuvieron a cargo del Gerente General del Banco de Costa Rica, Mario Rivera Turcios y representantes del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). Además se contó con la exposición de la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins.

El Gerente General del BCR, Mario Rivera Turcios destacó la relación comercial existente entre el Poder Judicial y la entidad bancaria desde 1937.

Entre las características que tendría el proyecto de fideicomiso con el Poder Judicial, Rivera Turcios señaló que daría mayor flexibilidad, rapidez en aspectos contractuales, de ejecución y control de las obras, en el que intervienen el cliente, el administrador del Fideicomiso que sería el Bancrédito y el BCR como proveedor financiero.

“Sobre este fideicomiso se establecen figuras muy importantes. Se crea una Unidad Administradora del proyecto, que ejecuta el proyecto y un Comité de Vigilancia, que prácticamente es definido por el cliente, que es un órgano de vigilancia técnica con personas externas e internas al proyecto”, explicó Mario Rivera.

La Unidad Administradora estaría constituida por un grupo multidisciplinario, que tendría a cargo el administrar y gestionar obras a desarrollar y actuaría en representación y bajo responsabilidad del fiduciario.

Como organismo de control se contaría con el Comité de Vigilancia, integrado por una auditoría interna del fiduciario y del fideicomitente, una auditoría externa y una auditoría interna de la Unidad Administradora del Proyecto, la cual fiscalizaría todas las actividades que se ejecuten desde el fideicomiso.
Según explicó la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, actualmente está pendiente de aprobar el proyecto de contrato de fideicomiso, sin embargo para ello se realizó un proceso de consulta con diversas entidades bancarias para que realizaran sus propuestas y finalmente, se determinó que la propuesta presentada por Bancrédito tenía las mejores ventajas para el Poder Judicial.

“Además se está dejando como una cláusula abierta, para valorar eventuales alternativas, sobre la posibilidad de inversión que podría tener el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que podrían analizarse en su momento, pues estaría condicionada a la política de inversiones que se apruebe y la autorización de la Contraloría General de la República”, destacó Romero Jenkins.

En la sesión del pasado 3 de marzo, los magistrados y magistradas que integran Corte Plena aprobaron el Plan de Construcciones que señala la prioridad institucional en materia de construcción de edificios. El acuerdo tomado por las máximas autoridades judiciales estableció, “…Aprobar la recomendación del Departamento de Planificación respecto a la actualización del Plan de Construcciones del Poder Judicial, estableciendo como lugares  prioritarios a construir Heredia, Puntarenas, Cartago, Aguirre y Parrita, Cañas, Sarapiquí, Siquirres, Puriscal, Upala, Nicoya y Osa. 2.) Incluir la construcción de un edificio en la propiedad ubicada al costado norte de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de ubicar la Sala Constitucional y otros despachos que se lleguen a determinar. 3.) Establecer  como prioridad, la compra de un inmueble para la construcción de un edificio en Desamparados. La Dirección Ejecutiva realizará las gestiones  necesarias con esa finalidad”.

Los representantes del BCR destacaron su experiencia en el desarrollo de proyectos de fideicomiso, como los son el proyecto de la Planta Geotérmica de Garabito, en Miramar, un proyecto superior a los $450 millones, el fideicomiso con la Universidad de Costa Rica que contempla la construcción de seis edificios, de alrededor de $120 millones.

En este tipo de proyectos se aplican diversas legislaciones como el Código de Comercio, la Ley del Mercado de Valores y se basa en los principios de la Ley de Contratación Administrativa, para la contratación de obras y las leyes propias de cada institución.