La Directora de la Defensa Pública Marta Iris Muñoz Cascante, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 5 de marzo.

El pasado 05 de marzo, la Directora de la Defensa Pública Marta Iris Muñoz Cascante, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el fin de emitir criterio sobre el expediente número 18.650 denominado: “Modificación del artículo 11 de la Ley Nº 6723, del 10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley del Registro y Archivos Judiciales”.

La Directora hizo alusión a la redacción actual del artículo 11 de la ley mencionada, el cual establece que los antecedentes de los condenados se cancelarán hasta que transcurran 10 años después de cumplida la condena, destacando la desproporcionalidad del plazo así como la estigmatización y el etiquetamiento social que el mismo acarrea; al respecto señaló: “no sólo genera desocialización, sino discriminación, cuando la persona una vez cumplida su pena, busca acceder a empleo formal y la presentación de la hoja de delincuencia desincentiva la contratación…”.

Por otro lado, abordó el proyecto bajo el marco del derecho comparado, recalcando que en otros países de la región como Chile y Ecuador, la anotación del antecedente penal en el Registro Judicial de Delincuentes se elimina una vez que la persona cumple su sentencia o en su defecto, se mantiene únicamente para ser consultado a nivel judicial, sin ser afectados otros ámbitos; modelo que a la vez sirvió de base para promover a nivel legislativo la propuesta de la Institución, la que en apego a la doctrina moderna de los Derechos Humanos provocaría en nuestro país la eliminación del Antecedente Judicial cuando la persona ha terminado de cumplir su pena, planteándose además subsidiariamente, la cancelación del asiento a los tres años después del cumplimiento de la condena, en aquellas condenas cuya pena fue inferior o igual a cinco años, así como la cancelación a los cinco años después del cumplimiento de la condena, en aquellas penas superiores a cinco años.

Una vez escuchada la valiosa propuesta de la Defensa Pública liderada por la Directora Marta Iris Muñoz Cascante, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad bajo la siguiente lectura: Artículo 11: “El jefe del Registro cancelará los asientos de los convictos, posterior al cumplimiento de la condena impuesta por la autoridad judicial. El plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que quedó efectivamente extinguida la pena”. Bajo esta participación se destaca una vez más el papel ejercido por la Institución en temas que se encuentran en la corriente legislativa y que sin duda alguna afectan los derechos de las personas sometidas a un proceso penal.