El martes anterior en San José se inauguró la Oficina de Defensa Civil a la Víctima (ODCV), cuya labor es la protección del derecho constitucional de la persona a ser resarcida económicamente por los daños y perjuicios que le causó el delito.

La oficina, adscrita al Ministerio Público, trabaja en acción civil resarcitoria, asignando a las víctimas un abogado para realizar los trámites necesarios dirigidos a que el acusado que resulte penal y/o civilmente responsable pague los daños que causó.

La importancia de esta dependencia es que permite el derecho a delegar el ejercicio de la acción civil a todas las personas que han sido afectadas directamente por un crimen (homicidio, estafa, robo, violación, abusos deshonestos, lesiones culposas, etc.) y que no tengan los medios económicos para contratar un profesional que les ayude a cobrar los daños y perjuicios.

También tienen derecho a solicitar el servicio, quienes por su parentesco o cercanía, han sido indirectamente perjudicados, (por ejemplo cónyuge, hijos, nietos, etc.), también familiares políticos y herederos (en caso de muerte de la víctima).

La ODCV además realiza los trámites en el proceso penal que sean necesarios para la efectiva admisión de la demanda civil, representa y asesora al ofendido en el proceso penal para gestionar el pago de dinero por los perjuicios sufridos y realiza todas las gestiones para que el imputado, o los terceros civiles responsables, indemnicen efectivamente, según lo establezca el tribunal en la sentencia.

Este tipo de oficina permite separar a la víctima de la parte institucional, o sea, de asistir a las dependencias comunes, como ejemplo, que la mujer se encuentre con su esposo agresor.

En una sociedad que cada vez es más polarizada y desigual, en donde escasean los recursos económicos hasta para satisfacer las necesidades básicas que permiten vivir dignamente, es un servicio verdaderamente significativo el de poder acceder en forma gratuita a este tipo de apoyo legal.

La víctima debe comprometerse a brindar información verdadera acerca del daño sufrido y de las consecuencias que le causó, aportar toda la prueba que solicite el abogado para realizar los trámites para el cobro de los daños (certificaciones, copias y peritos, entre otros) y no ocultar información respecto a los hechos que originaron la agresión y cualquier acuerdo que hiciera con el demandado para reparar los daños causados.

Ojalá y puedan hacerse realidad las oficinas que se proyectan a mediano plazo en Heredia, Alajuela y Guápiles hasta tener una en cada cabecera de provincia o ciudad, pues además del meritorio servicio legal y social que prestan, también es un apoyo real al descongestionamiento de trabajo en el Poder Judicial.