La presentación del informe se realizó en el Salón Multiusos de la Corte.

Resaltar el rol fundamental que desempeñan las y los operadores de justicia para preservar el Estado de Derecho, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia, son parte de los puntos que se desarrollaron en el informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en la Américas”.

Las palabras de presentación del informe, estuvieron a cargo de la señora Hina Jilani, ex Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre defensoras y defensores de derechos humanos, quien detalló la importancia que tienen este documento para la defensa de la independencia judicial.

Así mismo, destacó lo valioso del documento porque permite generar parámetros para el respeto de los derechos humanos y del debido proceso, en aras de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.

La presentación del informe, estuvo a cargo del señor José de Jesús Orozco, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre defensoras y defensores de Derechos Humanos, quien explicó que este documento fue aprobado en diciembre pasado y que la presentación oficial se estaba realizando en nuestro país.

“Nos complace mucho presentar este informe aquí en Costa Rica, el cual es un país que se ha caracterizado por sus compromisos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el cual tiene una buena práctica que consiste en establecer un porcentaje de su presupuesto para el Poder Judicial, lo que garantiza su estabilidad e independencia, logrando de esta manera, que las fuerzas políticas no sean quienes asignen dicho presupuesto” puntualizó Jesús Orozco.

Además comentó que el documento incluye una serie de garantías y desafíos dirigidos a la región americana para el respeto a la independencia judicial y que los y las operadoras de justicia realicen su importante función de manera independiente.

“El informe también apunta sobre la importancia de una correcta selección del personal y de sus nombramientos, no solo en la judicatura, si no también a nivel de Ministerio Público y Defensa Pública” manifestó el Presidente de la Comisión.

También detalló sobre las diversas recomendaciones para establecer medidas óptimas y políticas públicas adecuadas para garantizar la independencia en la justicia y así contribuir con el Estado de Derecho.

El señor José de Jesús Orozco mencionó que “las recomendaciones se refieren a la necesidad de incrementar las garantías de independencia a través de una adecuada selección y nombramientos del personal, por medio de procedimientos públicos que garanticen un adecuado acceso a la carrera y que no se de a través de medios indirectos”.

En la actividad participaron funcionarios y funcionarias judiciales.

“En el Poder Judicial costarricense, hemos velado por el respeto a la independencia judicial, ese es un eje fundamental. Los jueces y juezas tienen que tener independencia a la hora de dictar sus fallos porque eso es una garantía a la justicia democrática de nuestro país”, expresó Varela Araya.

En la presentación del informe también participó el Magistrado Constitucional Dr. Fernando Cruz Castro, quien explicó la importancia de la permanencia en el cargo y de cómo deben ser las condiciones en el servicio para garantizar dicha permanencia.

La Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Máster Adriana Orocú Chavarría, expuso sobre los órganos de gobierno y administración de las y los operadores de justicia.

La Master Orocú Chavarría expresó que “la Comisión insta a los Estados a la creación de órganos de gobierno y administración para fiscales, jueces y defensores, que en sus funciones y composición contribuyan significativamente a reducir los riesgos a la independencia de las y los operadores de justicia. En sus funciones debe tener los procesos de reclutamiento, selección, traslados y aplicación del régimen disciplinario y en su composición, debe ser genuinamente plural, para favorecer la legitimidad en el ejercicio del cargo”.

“Según recomendación de la Comisión y atendiendo a lo que se ha promulgado por la ACOJUD, los procesos de designación deben ser reflejo de al decisión sustancial que tengan los grupos representados en éste tipo de órganos o consejos” puntualizó Orocú Chavarría.

La Presidenta de ACOJUD también subrayó la necesidad en Costa Rica, de la creación de un Consejo de la Judicatura, de raigambre constitucional, que tenga las funciones y designación que se indican en el informe, mediante una adecuada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Carrera Judicial y mencionó el caso reciente de depuración del órganos Judicial de Honduras, en cabeza del Consejo de la Judicatura de ese país, por el que se han destituido más de veinte jueces y juezas, sin debido proceso.

La presentación del informe, estuvo a cargo del señor José de Jesús Orozco, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre defensoras y defensores de Derechos Humanos. Lo acompañó la Magistrada Julia Varela y la Máster Adriana Orocú.

Así mismo, la Directora del CEJIL, Ana María Aguiluz, conversó sobre la separación del cargo y procesos disciplinarios y de cómo una posible sanción, no se debe ver sometidas a presiones de ningún tipo ni posibles restricciones que no garanticen el debido proceso.

La clausura de la presentación, estuvo a cargo del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Humberto Sierra Porto, quien subrayó la importancia de la legitimación judicial y cómo se debe estar atentos a las reformas judiciales, velar por el cumplimiento de los principios democráticos y ser respetuosos de los derechos fundamentales.

En la actividad participaron los Magistrados Constitucionales, Gilbert Armijo Sancho, Luis Fernando Salazar Alvarado, jueces, juezas, la vice canciller de la República y el encargado de relaciones diplomáticas con la OEA, el Juez Eduardo Ferrer Mc Gregor Poisot, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, funcionarios y funcionarias judiciales, representantes de embajadas destacadas en el país, así como de organizaciones de sociedad civil.