Andrea Marín Mena
Periodista
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| Durante la sesión de trabajo del 20 de febrero, participaron el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán, el diputado Carlos Góngora Fuentes y la magistrada Dorias Arias Madrigal. |
Género, niñez, justicia restaurativa y crimen organizado fueron temas contenidos en las propuestas que presentó la delegación de Costa Rica en la Reunión Preparatoria Regional en América Latina y El Caribe para el XIII Congreso de las Naciones Unidades sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se realizará en el 2015 en Qatar.
La actividad se realizó del 19 al 21 de febrero pasado, donde Costa Rica fue la sede.
La delegación de Costa Rica contó con la participación del Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, la magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán y la Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Cristina Rojas Rodríguez, por parte del Poder Judicial.
El diputado Carlos Góngora Fuentes es el representante de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo se contó con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, Seguridad Pública y el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).
De acuerdo con la magistrada Doris Arias Madrigal, Costa Rica presentó propuestas en los seis ejes temáticos que se discutieron durante estos días, cuyo foro internacional se especializó en la materia penal, de cara a la realización del XIII Congreso de las Naciones Unidades sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Qatar 2015.
“Dentro de nuestras propuestas se incorpora la visualización de los temas de la mujer como víctima de una delincuencia en todas sus formas tanto a nivel urbano como internacional, enfocado en todo lo que tiene que ver con la trata de personas, donde Costa Rica se constituye en país puente para el tráfico internacional de mujeres. Además proponemos que el tema de la mujer no sea visto como un eje transversal, sino un eje particular donde se pueda visualizar en todos los contextos penales, atendiendo sus necesidades en concreto”, detalló Arias Madrigal.
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| La actividad se realizó en el Hotel Radisson durante los días 19, 20 y 21 de febrero. |
También se incluye dentro de las propuestas costarricenses la justicia restaurativa, como la justicia del Siglo XXI. “Justicia que le da la oportunidad de participación a todos los sujetos involucrados en un proceso judicial, pero fundamentalmente a la víctima y a la comunidad, en la resolución del conflicto. Y en esta línea de trabajo, planteamos también que la justicia restaurativa pueda aplicarse en la determinación de la sanción penal por parte de los jueces y que se pueda aplicar también en la fase de ejecución de la pena. Igualmente, en el tema de niños, niñas y adolescentes estamos proponiendo que exista la posibilidad de resolver los conflictos con justicia restaurativa y que se pueda aplicar sanciones alternativas previo a que las personas menores de edad tengan que ingresar a prisión”, explicó la magistrada Dorias Arias.
Por parte de la Defensa Pública de Costa Rica, participó la Directora, Marta Iris Muñoz Cascante, quien presentó las acciones ejecutadas por Costa Rica, para tratar el tema de las mujeres que introducen drogas en los centros penitenciarios, que se consideran víctimas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas dentro y fuera de los centros penales y donde Costa Rica se ha constituido en líder ante la reciente aprobación de legislación tendiente a tratar el tema.
También participó el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien tuvo a cargo la exposición sobre crimen organizado y transnacional, señalando la necesidad de crear redes iberoamericanas y mundiales para la investigación de este tipo de delincuencia.
Luego de la presentación de las propuestas costarricenses, países como México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Brasil, Suriname, Venezuela y Chile mostraron su respaldo.
Se espera que para este último día de trabajo, los países lleguen a acuerdos y aprueban las diversas propuestas que presentaron las naciones participantes.
Propuestas clave:
- Que los Estados reconozcan el tema de la mujer como víctima de violencia en todas sus formas tanto en el ámbito público como en el privado, dentro de la delincuencia organizada y delincuencia internacional.
- Promover el reconocimiento y la tipificación penal de todas las formas de violencia contra la mujer.
- Aplicación de una política encaminada a velar por la protección de las víctimas, prevenir la revictimización de las personas menores y las mujeres y garantizar medidas de reparación, acorde a las obligaciones de debida diligencia.
- Informar a la sociedad civil y los medios de difusión de la importancia y pertinencia de aplicar medidas sustitutivas del encarcelamiento en el caso de los niños y los jóvenes. Se recomienda destacar los resultados satisfactorios de los programas de justicia restaurativa y deberían invertirse más recursos en programas que hubieran tenido eficacia comprobada en lo tocante a reducir la reincidencia.
- Propiciar un enfoque integrado de la prevención del delito y la justicia penal incluya a los Poderes Judiciales de cada país en la elaboración de políticas, estrategias y programas de prevención del delito. Lo que debe ser maximizado cuando se trate de personas menores de edad en conflicto con la ley y mujeres víctimas de delitos y personas en condición de vulnerabilidad.
- Que los Estados promuevan que los programas de justicia restaurativa sean utilizados a lo largo de todo el proceso judicial: en la investigación, en la determinación judicial de la pena y en el proceso judicial de la sanción.
- Incluir experiencias de la Región, en Programas de Justicia Restaurativa. Caso Costa Rica: en el que la persona imputada, las víctimas y la comunidad (entendida ésta última como recursos de apoyo familiar, comunal e institucional) construyen acuerdos orientados a reparar el daño a la víctima según las medidas alternas que corresponda. La sociedad civil se ha organizado en redes de apoyo, el proceso es más real, rápido, oral, las personas ofensoras cumplen efectivamente los acuerdos, se ha disminuido el índice de reincidencia, y los costos son menores.
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