| DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE AÑO JUDICIAL 2014 | ||
Me presento ante ustedes el día de hoy, con satisfacción, para realizar uno de los actos que, como funcionaria pública, considero de mayor trascendencia en un Estado democrático de derecho: informar a la ciudadanía de la labor realizada por el Poder Judicial durante el año 2013. Con esta acción, reconocemos que la soberanía reside en el pueblo, a quien debemos rendir cuentas e informar de los aciertos y desaciertos, entendiendo que la transparencia es un valor democrático que procura la construcción de una relación honesta, franca y de confianza, entre la sociedad y quienes ejercemos un cargo público. Como presidenta del Poder Judicial costarricense, tengo la convicción de que en esta forma, fomentamos la participación ciudadana y fortalecemos la democracia. Con esos mecanismos facilitamos el acceso a la información de los acuerdos de la Corte Plena, del Consejo Superior, de las comisiones, los informes estadísticos, el presupuesto de la institución y el uso de los recursos. Sobre estos últimos, pretendo implementar mejoras para que, en el presupuesto institucional, se utilice un lenguaje que permita su fácil comprensión y fiscalización. También destaco la implementación, por parte de la Presidencia, de la aplicación móvil como instrumento que facilita la información y el acceso a la Administración de Justicia. El día de hoy, nuestra institución celebra la excelencia de quienes, a través de la constancia y del esfuerzo diario, realizan un aporte para mejorar la administración de justicia. En este año se reconoce ese esfuerzo a don Manuel Rojas Salas, a don Gustavo Chan Mora, a don Carlos Montero Zúñiga y a don Frank Alvarado Céspedes, todos personas valiosas para la organización judicial en sus respectivas áreas de trabajo. Mis más sinceras felicitaciones y mi agradecimiento a ellos y a sus familias. También, extiendo mi reconocimiento, a las personas que integran los despachos que han recibido su certificado de acreditación o reacreditación en el programa de Gestión Integral de la Calidad en la Justicia; y al equipo técnico que acompaña estos procesos en cada despacho. Se les reconoce el esfuerzo y los logros alcanzados en pro de mejorar la prestación del servicio público. El Poder Judicial costarricense no escapa de la realidad social y económica que vive el país, caracterizada por el cambio constante y la dinámica de conflictos sociales que normalmente terminan judicializándose. Esto genera una mayor demanda de los servicios brindados en todas las áreas: en lo jurisdiccional, en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial. Durante el año 2013, se reclamó la intervención judicial en aproximadamente 620.000 procesos. Las áreas en las que el ingreso de asuntos aumentó, respecto al año anterior, fueron los juzgados de cobros, de familia, de pensiones alimentarias y de violencia doméstica. El año pasado, se contabilizó un total de 564.000 asuntos terminados. La cifra representa un 5% más de los casos finalizados en primera instancia en el año 2012, lo que evidencia una mejora en la resolución de los casos. Sin embargo, continuamos arrastrando un rezago de asuntos que se incrementan año con año, y nos lleva a un aumento general del circulante. La cantidad de casos entrados está por encima de los asuntos que se terminan. A las razones de índole económica y social, se agregan la promulgación de un amplio marco de derechos en todos los ámbitos y una política sostenida, por parte del Poder Judicial costarricense, de hacer la justicia accesible a todos los sectores de la población. Esta corriente no ha sido acorde con la capacidad institucional de atender la demanda de servicios, en forma efectiva. El impacto es sensible en la jurisdicción penal, la cual consume más de la mitad del presupuesto institucional, en violencia doméstica y en familia. Por otra parte, los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo que se utilizaron en el proceso de modernización en los últimos años finalizaron con su debida evaluación, y esto implica que deberán enfrentarse las situaciones sin esos recursos adicionales. NUESTRA VISIÓN DE LA JUSTICIA UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA E INNOVADORA El Poder Judicial costarricense ha trabajado por hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia, promoviendo las medidas y las facilidades que les permitan a todas las personas, considerando su ubicación dentro de la sociedad, los mecanismos para que encuentren una respuesta al reclamo de sus derechos, acudiendo a la Administración de Justicia. En una concepción que implica un cambio de paradigma, y teniendo como centro a la persona, se ha promovido que el aparato judicial visibilice las desigualdades presentes en nuestra sociedad y que vincule todas las acciones con el efecto que producen en las personas, según sus condiciones particulares. Para ello contamos con el trabajo comprometido y tesonero de la Comisión de Acceso a la Justicia, las subcomisiones que la integran, así como la Comisión de Ética y Valores que, en conjunto, son una red que vigila el respeto y el cumplimiento de las políticas institucionales en acceso a la justicia. Esta concepción se ha fortalecido con la institucionalización de mecanismos para introducir y medir, paulatinamente, la calidad en todos los servicios judiciales. EL PROGRAMA DE PERSONAS FACILITADORAS JUDICIALES El año 2013 se destaca por el avance en la implementación del Programa de Personas Facilitadoras Judiciales, el cual contó con la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj). Este Programa está concebido para áreas geográficas lejanas de los grandes centros urbanos, con el definido objetivo de acercar los servicios judiciales y la información a las poblaciones que, tradicionalmente, por su lejanía con esos centros, se les dificulta acudir a los servicios judiciales. Se ha concebido como la manera de otorgarle mayor importancia a la justicia contravencional, generalmente relacionada con los conflictos cotidianos de la población. Hoy, el Programa está operando en cinco comunidades del II Circuito Judicial de Alajuela: San Carlos, Los Chiles, La Fortuna, Guatuso y Upala; y en tres comunidades del II Circuito Judicial de Limón: Siquirres, Guácimo y Pococí. EL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA Durante el año 2013, se fortaleció el Programa de Justicia Restaurativa orientado a compensar a la víctima o a la sociedad, ante el acto delictivo. Bajo este enfoque, la víctima tiene un rol fundamental y puede beneficiarse de una forma de restitución o reparación a cargo de quien es responsable o autor de un delito. Este tipo de solución de conflictos se presenta como una alternativa para enfrentar el hacinamiento carcelario, el cual también es una preocupación para el Poder Judicial. EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO EN DROGAS El Programa de Tratamiento en Drogas, bajo supervisión judicial, es otra alternativa al proceso penal tradicional que busca la delimitación de la responsabilidad individual, familiar y social de las personas consumidoras de drogas, de manera que la rehabilitación de las personas que delinquen bajo los efectos del consumo de drogas, se constituya en una alternativa a la prisión. PLATAFORMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA Durante el año 2013, se fortaleció la Plataforma Integral de Servicios de Atención a las Víctimas, conocida por sus siglas como PISAV La visión de la Plataforma consiste en brindar a la víctima una atención integral en un solo lugar donde están concentrados los servicios jurisdiccionales y los mecanismos de protección. Uno de los pilares fundamentales del modelo PISAV es el trato humanizado, interdisciplinario, que evite la revictimización. El programa desarrollado en Pavas se fortaleció con la incorporación de un médico legal, el apoyo del INAMU con el recurso humano para asesoría jurídica y con la defensoría legal otorgada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Se concluyó la unificación con el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Pavas, y el servicio ha sido evaluado en forma satisfactoria, tanto en lo interno como en lo externo. Por otra parte, la Secretaría Técnica de Género trabaja desde el año pasado en el desarrollo del proyecto piloto de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Violación. Este esfuerzo articula los servicios que las autoridades del Poder Judicial, de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Policía Administrativa brindan, de manera que la víctima reciba una atención integral y efectiva desde su primer contacto con las instituciones. El proyecto impacta las comunidades de Cartago, Puntarenas y Liberia. El objetivo fundamental del proyecto es mejorar el abordaje en la atención a las personas víctimas de delitos sexuales, lo que se logra, en este caso, con la desconcentración de los servicios médicos, pues las personas no tienen que ser trasladadas hasta Medicina Legal, en San Joaquín de Flores. El personal responsable se traslada hasta donde la víctima está siendo atendida. Importante ha sido el esfuerzo institucional en facilitar y acercar a comunidades lejanas, los servicios de la morgue judicial. Mediante acuerdos interinstitucionales esos servicios se prestan desde el año pasado en Liberia; y próximamente se contará con ellos, en San Carlos. Con la finalidad de mejorar la gestión, el Poder Judicial ha implementado políticas de oralidad, cero papel y de gestión de la calidad, en las cuales intervienen distintas áreas de la institución. POLÍTICA CERO PAPEL El esfuerzo realizado en la ejecución del Programa Cero Papel, desde el año 2010 a la fecha, permitió el ahorro de aproximadamente 196 millones de colones. El seguimiento a la tendencia de consumo de papel, la permanente sensibilización al personal judicial, así como la implementación de tecnologías sustitutivas a la tramitación por documentos impresos son estrategias utilizadas con éxito y sin menoscabo al acceso a la justicia. ORALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL En materia de gestión de calidad destaca el liderazgo del Poder Judicial al asumir la presidencia de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia y el Centro de Gestión de la Calidad, la Secretaria Técnica del mismo órgano; y el reconocimiento realizado en el área de la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2013, promovido por la Organización de Estados Americanos, en el cual se hizo una postulación del programa, en la categoría relacionada con Innovación en la Calidad de las Políticas Públicas y obtuvo un reconocimiento especial. Producto de los procesos de acreditación llevados acabo en la institución se trabajó en la versión "dos" de la norma GICA de Organización de Despacho Judicial. En un trabajo conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el sector administrativo del Poder Judicial, se elaboraron las normas GICA de organización de cada uno de esos ámbitos. Cabe destacar que el empleo de los modelos de oralidad, de modernización de la gestión y la utilización de herramientas tecnológicas se han extendido a todas las materias. En la implementación de estos modelos participan, de manera sistemática y especializada, el Departamento de Planificación, Moderna Gestión, las comisiones de cada jurisdicción y funcionarios y funcionarias comprometidos, como los del Juzgado Contravencional de Sarapiquí quienes, producto de una reorganización del trabajo, lograron mejorar la prestación del servicio para las personas usuarias y disminuir plazos de espera. A nivel nacional se venían introduciendo, de manera aislada, la tecnología, la oralidad y el escritorio virtual. La diferente forma de tramitación entre las diversas instancias de la misma materia traía como consecuencia dificultades que afectaban el servicio. Con el modelo implantado en San Carlos, la totalidad de las oficinas jurisdiccionales, auxiliares de justicia y administrativas del circuito fueron rediseñadas de forma organizada y planificada para mejorar su proceso de gestión, con un acompañamiento técnico que permitirá estandarizar los procesos. Para replicar este modelo de intervención en otros despachos, tenemos que revaluar la capacidad tecnológica actual de la institución. DE PENSIONES ALIMENTARIAS Durante el año 2013, se continuó con la modernización de los juzgados de pensiones alimentarias. De manera consistente, se trabajó en la implantación del modelo oral-electrónico de pensiones alimentarias en el I y en el III Circuito Judicial de San José, y se inició en Limón y en Cartago, con evidentes mejoras en la duración de los procesos, en una materia tan sensible. REESTRUCTURACIÓN DE LOS JUZGADOS DE COBRO DE SAN JOSÉ La materia de cobros fue otra de las áreas que fueron intervenidas para mejorar la gestión ante la excesiva demanda de servicios. Se trabajó en el rediseño de los juzgados cobratorios del I y II Circuito Judicial de San José, con el objeto de introducir mejoras que serán implementadas a partir del mes de mayo de este año. Igualmente se ha continuado dando sostenibilidad a las acciones iniciadas en el juzgado laboral del II Circuito Judicial de San José, con el objeto de mejorar la gestión de ese despacho. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO El tema de evaluar el desempeño tiene dos aspectos que es necesario puntualizar. Por una parte, es el mecanismo para crear una nueva cultura institucional que promueva la responsabilidad ante el uso de los recursos públicos frente a la sociedad y que canalice el compromiso individual, frente a la institución. Deben medirse las acciones en su resultado, introduciendo la variable de tiempo y del costo económico de su implementación. Por la otra, es uno de los instrumentos para combatir la mora judicial, estableciendo indicadores nacionales en cada materia, los cuales permitan estandarizar parámetros de resultados. Por impulso de la Presidencia y con la voluntad de quienes integran la Corte Plena, se concretó el arduo trabajo iniciado por la comisión institucional de evaluación del desempeño desde el año 2006. Esta comisión está integrada por representantes de distintos ámbitos judiciales y cuenta con amplia participación de los gremios de los servidores y las servidoras. El esfuerzo se vio coronado con la aprobación por parte de la Corte Plena del Reglamento de Evaluación del Desempeño, el pasado 5 de febrero. Su objetivo, es generar acciones institucionales específicas en procura de una Administración de Justicia de calidad y acorde con las políticas institucionales. Establece la obligación de los servidores y las servidoras judiciales de someterse a un sistema periódico de evaluación del desempeño como parte de su deber de rendición de cuentas. La normativa promulgada cubre al sector administrativo, a los órganos auxiliares: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y, por supuesto, a la Judicatura. El propio reglamento estableció un año para su implementación y designó como órganos rectores del proceso al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Personal. Tengo la confianza de que, en lo interno de nuestra institución, generará una mayor satisfacción por el trabajo individual. REFORMA AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PODER JUDICIAL Un tema de suma importancia que mereció la atención especial de la Corte Plena fue la aprobación de reformas a la normativa que regula el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. Durante los primeros meses del 2013, la Corte Plena discutió el proyecto de ley de modificación al capítulo de la Ley Orgánica relativo al régimen de pensiones y jubilaciones. Este proyecto recoge esfuerzos institucionales para promover las reformas que permitan la sostenibilidad y el equilibrio del régimen. HACIA EL LOGRO DE NUEVAS EDIFICACIONES JUDICIALES El mejoramiento de la infraestructura judicial es un desafío impostergable. Para el año 2014, en el presupuesto institucional, se proyectó un gasto de aproximadamente 5 mil millones de colones por alquileres para oficinas judiciales. El déficit de espacio para el adecuado funcionamiento y ambiente laboral ronda los 74.500 metros cuadrados. Estos datos evidencian la necesidad de buscar nuevos mecanismos para la construcción de edificios judiciales. Incluirlos en el presupuesto nacional ha sido una alternativa poco viable en los últimos años. Como institución, urge que definamos el modelo de inversión en materia de infraestructura. Por eso, hemos hecho acopio de la experiencia acumulada en otras instituciones a las que vemos construir sus propios edificios por medio de la figura del fideicomiso, y con este objetivo, se planteó ante la Corte Plena un proyecto de construcción a través de esa figura. Durante el año 2013, la Corte Plena se abocó a adoptar decisiones que se venían postergando. Me refiero a las construcciones de Jicaral y Hatillo. Respecto a la primera, se encuentra hoy en proceso de licitación. Con Hatillo, se cumplen requerimientos legales ante la Contraloría General de la República IMPULSO A REFORMAS LEGALES PENDIENTES En la segunda mitad del año 2013, retomamos la revisión de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley del Ministerio Público y de la Defensa Pública. Algunas de esos proyectos han estado pendientes de discusión por más de diez años. Esperamos poner en discusión de la Corte, el resultado de esa labor, en los próximos meses. Se concluyó el proyecto de ley del Código Procesal de Familia que está en una fase final, para ser presentada a la corriente legislativa. Es oportuno recordar que, en la Asamblea Legislativa, se encuentran iniciativas promovidas por la institución, tendentes a modernizar los procesos judiciales. Concretamente hablamos del Código Procesal Laboral, del Procesal Civil y del Procesal Agrario. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN He señalado algunas de las áreas en las que se enfocó el trabajo institucional. Se adjunta en el disco que se ha distribuido el detalle de la labor desempeñada por cada una de las oficinas y las distintas comisiones judiciales. Hemos trabajado para pasar de una justicia-poder a visualizarla como una justicia de servicio público. El paso siguiente es considerarla como un instrumento que garantice a todo ser humano el desarrollo de una vida digna y participar efectivamente en las oportunidades de bienestar. La justicia es un instrumento para construir una democracia inclusiva. Esta concepción es una meta que rige el gobierno que ejercemos. Nos obliga a propiciar una organización, una estructura y un funcionamiento con esa finalidad. La historia no comienza cuando llegamos. Hay un largo camino recorrido por quienes nos antecedieron e hicieron de este Poder Judicial un pilar de nuestra democracia. Nuestra responsabilidad es garantizar una Administración de Justicia independiente que responda únicamente a la Constitución y a la ley. Ese debe ser nuestro norte. Permítanme presentar también esta reflexión: En estos tiempos, el destino de una institución o de un país, no es el resultado de la acción de una única persona, sea hombre o sea mujer. Tampoco es el resultado de la labor de quien dirige. Construimos el presente con el esfuerzo y el aporte de todos y de todas. Es necesario trascender las diferencias y propiciar acuerdos, trabajando por el interés nacional e institucional. Este ha sido el propósito que motiva el accionar de la Corte Plena, y quiero reconocer los esfuerzos de sus integrantes para afrontar los cambios y continuar nuestro rumbo. Reitero mi confianza en todas las personas que forman parte de esta institución y que trabajan por la justicia, en los diferentes puestos, en todo el país. Ellos y ellas son, realmente, quienes sostienen la labor institucional, Al iniciar formalmente el Año Judicial, les animo a seguir dando lo mejor para esta institución y para nuestra patria. Que este día sea propicio para reiterar el juramento constitucional que como funcionarias y funcionarios públicos hicimos al asumir nuestra función: cumplir fielmente con la Constitución y con la ley. |
Licda. Ana Lucía Vásquez Rivera
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Lic. César González Granados
Montaje: Licda. Karen Quirós Fumero
Diseño Gráfico: Iván Pacheco León
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