Magistrado Román Solís Zelaya Presidente, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) 18 Febrero, 2014

Damos especial bienvenida a quienes nos visitan del exterior, ya que han sido nuestros aliados en este trabajo conjunto, señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional y señora Magaly McLean, Jurista Principal de ese departamento. Ustedes han suscitado y promovido que nuestro país avance en el tema de acceso a la información pública. Nos han apoyado a dar pasos importantes, a reflexionar y repensar sobre nuestras debilidades pero también en las fortalezas que tenemos.

Agradecemos profundamente su compromiso y acompañamiento en este proceso, efectivamente necesitamos de su colaboración y guía. Serán siempre nuestros amigos y aliados.

Asimismo, aprovecho también para extender un fraternal agradecimiento a las instituciones, su personal y jerarcas, quienes hemos participado de este proyecto. Nos hemos puesto “la camiseta”, como se suele indicar en el adagio deportivo, y nos hemos comprometido a trabajar para hacer que nuestro país tenga una legislación acorde a las necesidades sociales y las demandas ciudadanas, al igual que seguridad jurídica y estándares internacionales pertinentes sobre el acceso la información pública y transparente en el siglo XXI.

Todas las personas que nos hemos involucrado en este proyecto somos conscientes del requerimiento por contar con una normativa específica, clara y actual, en pro de un fortalecimiento de la democracia costarricense.

La diversidad de este foro nutre y enriquece los aportes y las construcciones que podamos realizar. El valor del aporte interinstitucional se hace presente una vez más y reitera la idea de que la unión hace la fuerza.

Este derecho humano debe ser una prioridad sobre todo en nuestra sociedad que exige más del sector público, que reitera la necesidad urgente por convertir en verdaderamente accesible, ágil y fiel todo lo que tenga relación con los procesos institucionales y su información, la gestión pública de calidad y la ética del servidor y servidora del Estado.

Desde diferentes puntos de vista el acceso a la información es un bien sumamente valioso. Por ejemplo en el ámbito comercial, es conocido, que las empresas y consorcios pagan importantes cantidades de dinero para conocer los gustos y preferencias de sus potenciales mercados meta, así como también invierten en asesores e intermediarios que les acerquen a la información pública que requieren para funcionar.

Asimismo, para la ciudadanía es fundamental contar con este derecho para acceder a la información del Estado, participar activamente en los asuntos públicos que le interesen o impacten, así como para fiscalizar, pedir rendición de cuentas y solicitar que se asuman las responsabilidades del caso, cuando así se amerite. Para las instituciones mismas es un claro beneficio contar con procesos informados y transparentes, creando confianza en su gestión y co-participando en diferentes acciones con la población y otras instituciones. Como conclusión, la información accesible es poder y fortalecimiento del sistema democrático.

Es claro también que este derecho es un también instrumental, ya que permite accionar una serie de principios rectores de nuestra democracia que resultan interdependientes entre sí como el principio de soberanía popular, democracia participativa, publicidad de los actos de gobierno.

La famosa “caja negra” que ilustra el quehacer institucional como un engranaje oscuro, complicado e incompresible, muestra la vigencia de un antiguo paradigma, en el cual la cultura de la negación a este derecho es la regla predominante. Desafortunadamente, esto todavía caracteriza a muchas de las instituciones y a sus servidores.

Precisamente el esfuerzo acá plasmado nos abre una extraordinaria oportunidad para dejar atrás y superar este paradigma, para esforzarnos por convertir la administración pública en un sistema claro y transparente, por generar reglas homogéneas para todas las instituciones, en concordancia y comunicación con la ciudadanía, con procesos realmente comprensibles por la población habitante del territorio y con información no solo pertinente, sino oportuna, al momento que se requiere por cualquier persona.

Estoy convencido que ahora es tiempo de producir resultados concretos. El motivo que hoy nos convoca es uno de ellos. El año pasado formulamos la idea de realizar un proceso de reflexión y análisis con especialistas y expertos, nacionales e internacionales, sobre este tema. Hoy ya contamos con la síntesis de esta reflexión, la cual gracias al aporte del Departamento de Derecho Internacional de la OEA y de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional podemos tener en disponible tanto en versión digital como impresa.

La memoria del taller de alto nivel sobre acceso equitativo a la información pública recoge de manera muy fiel las diferentes intervenciones realizadas en los dos días de taller que tuvimos en septiembre del año anterior, en donde discutimos desde conceptos introductorios, principios rectores, aspectos procesales, experiencias así como experiencias y buenas prácticas en materia legislativa e implementación de las legislaciones nacionales.

De la manera más sincera agradecemos a las personas involucradas en el taller, que nos ofrecieron y aportaron sus estudios, puntos de vista, análisis y retos. El panorama trazado a partir de este taller nos convoca a ser proactivos y a continuar construyendo camino normativo fundamental para la garantía y aplicación del derecho de acceso a la información pública.

La Ley Modelo que nos presenta la OEA sabemos que constituye un punto de arranque. El proceso de reflexión de setiembre anterior lo confirma. Sin embargo ahora nuestras manos y mentes son las encargadas de mantener y avanzar en este esfuerzo.

Finalizo mi intervención retomando la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre este tema, aprobada el 10 de junio de 2003, en la cual su artículo primero establece el compromiso por reafirmar que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia.

Trabajemos por convertir este acuerdo en una realidad para nuestro país.