La Sala IV, afianzamiento de la democracia | |
Escrito por Gonzalo Paez Miércoles 12 de Febrero de 2014 00:00 |
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Por merecimiento y unanimidad, el magistrado Gilberth Armijo preside la Sala Constitucional, ordenando al alto tribunal, producto de la Ley 7135 del 11 de octubre de 1989 y cuya creación reformó los artículos constitucionales 10, 48, 105 y 128; la Sala no tenía ese cargo en propiedad desde el fallecimiento del magistrado Luis Paulino Mora. Juzgador sólido y experto, de probada independencia y honestidad, en Armijo la jurisdicción constitucional ha encontrado un guía confiable para una coyuntura crítica, dados los intentos de reforma provenientes de grupos distintos con diversos propósitos, por lo que ha de asegurarse con celo la esencia de la Sala: el bien común universal. En 1992/1993 —recurro solo a mi memoria— la Sala se vio sometida a crítica persistente y mayormente destructiva. Desde las páginas de LA PRENSA LIBRE y a solicitud de su director de entonces, don Andrés Borrasé, tuve el privilegio inmerecido de sumar mis ideas a las de editorialistas muy calificados, a efecto de defender la entonces muy joven instancia judicial, lo que hicimos con la satisfacción que produce trabajar por lo que mejor conviene a los ciudadanos, porque era un hecho entonces —y lo sigue siendo ahora— que es la Sala Constitucional la que convierte el texto justo de la Carta Magna en instrumento que resguarda efectivamente los derechos fundamentales de las personas. Hay en este extremo un evidente antes y después de la Sala. Puede resumirse que la instancia atiende tres aspectos principalísimos del correcto manejo de la cosa social costarricense: las inconstitucionalidades, el manejo de la institución del hábeas corpus y los recursos de amparo. Es posible que se demuestre necesario algún cambio formal en el funcionamiento de la Sala, pero deberá ser en extremo cuidadoso, evitando, en todo caso y en primer lugar, caer en lo casuístico. Es preciso que la Sala Constitucional conserve uñas y dientes —que a algunos estorban— porque de no ser así, retrocederíamos decenios en minutos. Coincido con su nuevo presidente cuando afirma: “Dependiendo de las reformas que se hagan a la Ley de Jurisdicción Constitucional tenemos Sala o no tenemos nada”. Y los costarricenses, aún aquellos que no lo saben o no lo han ponderado cuidadosamente, necesitamos Sala, y la necesitamos fuerte, con vías abiertas y expeditas que preserven y amparen nuestros derechos cardinales sin dudas ni cortapisas. |
Licda. Ana Lucía Vásquez Rivera
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