Determinar que en un caso específico hubo un debido proceso en sede administrativa, cuya sanción fue proporcional a la falta grave comprobada y que no se dio la prescripción de la potestad disciplinaria, al aplicarse la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República fue lo que detalló la Sala Segunda en la resolución 2013-001180.

Para los magistrados y magistradas del Alto Tribunal de Casación Laboral, en el caso en particular, y sobre la sanción de 30 días de suspensión sin goce de salario, la actora “…en contravención de las normas básicas que regían su cargo como servidora del IDA, aconsejó a la Junta Directiva el otorgamiento de parcelas a personas que no reunían los requerimientos para hacerse con ese beneficio, siendo plenamente conocedora de esas irregularidades. Esa reprochable conducta trajo consigo que bienes destinados a la clase campesina de nuestro país, se les diera un uso distinto al que legalmente les correspondía. A juicio de esta Sala, no ha existido quebranto alguno al principio de proporcionalidad, pues incluso la falta por sus características y gravedad, facultaba a la Administración a aplicar el máximo castigo contemplado por la legislación de trabajo (despido)”.

"En instituciones públicas donde es de rigor la apertura de un procedimiento previo a la imposición de la sanción de despido, el plazo de prescripción no inicia sino a partir del momento cuando el órgano responsable de acordar la decisión final", detalló el fallo de casación laboral.