Acertada, así se puede catalogar la elección de magistrados hecha por los diputados hace apenas dos días. La espera fue larga pero a decir verdad valió la pena, pues los elegidos son dos profesionales reconocidos e íntegros, con carrera judicial de renombre, entregados a la función pública por años y con ímpetu para asumir tan enormes responsabilidades.

Doña Nancy Hernández estuvo 25 años al lado de don Luis Paulino Mora, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su larga trayectoria y su experiencia la hicieron merecedora de tan importante nombramiento.

Abogada de profesión, gran conocedora de la materia constitucional y férrea defensora de los derechos humanos.

La nueva magistrada calza bien con la designación, pues la Sala Constitucional enfrenta grandes retos, pero ante todo requiere ser estructurada y recobrar su esencia en la lucha y procura de los derechos fundamentales.

Don Luis Fernando Salazar es el segundo de los elegidos. Este juez de trabajo llegará también a la Sala para asumir los compromisos propios del alto tribunal. Años de trabajo en el Poder Judicial sustentan su nombramiento.

Ambos formaron parte de la nómina de elegibles recomendada por la Corte.

La selección definitiva llega tras meses de deuda por parte de los legisladores, quienes esperaron el tiempo máximo, al extremo que se habló de un virtual cierre técnico de la Sala, sin embargo ahora todo marcha con normalidad.

Pero una vez más la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llama a la reflexión, y no es para menos, pues es un secreto a voces que algunas escogencias han sido dedocráticas, negociadas en el Congreso.

Hoy más que nunca urge que dichas designaciones se alejen del matiz político que históricamente les hace sombra. Cierto, se trata de un sistema de frenos y contrapesos propio de las democracias y en teoría diseñado para controlar los excesos que puedan derivarse en cualquiera de los supremos poderes de la República.

Pero es en la estructura política actual, decadente y cuestionada, que deberían formularse propuestas de reforma al sistema, más transparentes y como ya dijimos sin tintes políticos.

Los magistrados tienen responsabilidades con una nación, con un pueblo que requiere jueces imparciales e íntegros. Sin embargo el sistema se ha visto empañado por el antojo y el negocio de una que otra agrupación.

Para muestra un botón: el amargo episodio con la elección de don Fernando Cruz, un magistrado que merece el reconocimiento público, pero además se paró firme y defendió los intereses de la ciudadanía y no de grupos determinados.

Eso le costó su nombramiento. Con el descaro total algunos diputados aseguraron a los medios que obedeció a sus resoluciones en temas fundamentales, las cuales eran contrarias al criterio legislativo y de gobierno.

Perplejos quedamos los costarricenses ante aquellas reacciones y evidenciaron el mal manejo que hacen en el Congreso cuando se trata de poner a algunos en las sillas de la Corte.

Eso lo saben los propios señores magistrados, aunque no puedan hacerlo público.

Ya es acto pasado, pero quedó registrado en la memoria nacional. Que sea esa la última vez que los políticos sentados en las curules atentan contra la autonomía de otro poder.

Ojalá pronto un grupo de intelectuales y conocedores pueda hacer una propuesta responsable y seria para reformar el sistema de elección de magistrados, y el proceso se depure en busca del bienestar de los costarricenses, pero también de la administración de justicia.