V.- CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA PAZ EN EL ÁMBITO NACIONAL O INTERNO. Puede indicarse que dentro de sus principales componentes se encuentra el derecho de toda persona a que los entes y órganos públicos adopten medidas efectivas, en el ámbito interno o nacional, para garantizar, defender y preservar la paz, mediante la erradicación inmediata de cualquier acto de agresión o de violencia que la quebrante o amenace, asegurando una coexistencia pacífica, tolerante y de mutua comprensión entre los habitantes del país, respetándose la pluralidad ideológica, política, social, étnica, religiosa y cultural inherente a toda sociedad democráticamente organizada. Se trata, entonces, de una perspectiva positiva del derecho a la paz, donde los poderes públicos deben crear las condiciones necesarias para evitar su lesión, construyendo la paz, evitando cualquier conflicto armado o que suponga el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, para que las personas puedan desarrollarse plenamente, alcanzando la prosperidad, la felicidad, el bienestar y el goce efectivo de todo el resto de los derechos humanos y fundamentales. De otra parte, desde una perspectiva negativa, todos los poderes públicos deben asegurar y garantizar un ambiente de tranquilidad, compresión y tolerancia, respetuoso de la dignidad humana, siendo que la coerción estatal debe ser, siempre, ejercida conforme a los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y de intervención mínima (necesidad), lo que le impone al Estado diseñar e implementar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Todo enfrentamiento armado, el uso de la violencia en sus distintas manifestaciones, la inseguridad, la desigualdad, la exclusión y la pobreza son intrínsecamente incompatibles con el derecho fundamental a la paz. De otra parte, toda persona y organización tienen como deber evitar con su conducta toda suerte de enfrentamientos armados o cualquier otra forma de violencia, teniendo, por supuesto, el derecho a criticar, discrepar y de promover cambios a través de la desobediencia civil o de la resistencia pacífica.

VI.- CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO A LA PAZ EN EL PLANO INTERNACIONAL. Desde una perspectiva externa, dada la dimensión internacional del derecho a la paz, los poderes públicos deben garantizar y asegurar que no se participe, directa u oblicuamente, en conflictos bélicos o en cualquier manifestación de tipo militar que presuponga la posibilidad del uso de la fuerza y, desde luego, abstenerse de cualquier forma de intervención de tipo militar, política o económica que afecte los derechos a la paz y a la libre determinación de otro pueblo. Asimismo en el concierto internacional, el Estado costarricense debe asumir un papel preponderante en la adopción de instrumentos internacionales que aseguren la preservación y continuidad de la paz, la solución pacífica de controversias, la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa, el uso de la diplomacia preventiva de conflictos, el desarme mundial, la eliminación de todas las armas de guerra, en especial, las de destrucción masiva, el uso pacífico y para fines estrictamente civiles y científicos de la energía nuclear, etc.

VII.- DERECHO A LA PAZ: HAZ DE FACULTADES DE LAS PERSONAS. Las personas, como parte del contenido esencial del derecho a la paz, tienen a su haber un haz de facultades de las que son titulares, tales como las siguientes: a) oponerse a todo tipo de conflicto o enfrentamiento bélico o armado interno o externo; b) oponerse y condenar todo tipo de intervención (militar, política o económica) del Estado en un conflicto extranjero; c) la objeción de conciencia; d) luchar contra la propaganda bélica y la apología de la guerra; e) impulsar y fomentar el desarme; f) potenciar el dialogo y conocimiento entre culturas y religiones para lograr la tolerancia y comprensión mutua; g) promover el desarrollo sostenible y la armonía con el medio ambiente o la naturaleza; h) fomentar que se de prioridad a la inversión social sobre la militar; i) impulsar la educación para la paz, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos; j) oponerse a la carrera e industria armamentistas. Evidentemente, estos derechos o facultades que forman parte del derecho fundamental y humano a la paz, suponen una serie de obligaciones correlativas a cargo de los poderes públicos que deben ser cumplidas a través de políticas públicas e instrumentos normativos. El derecho a la paz se encuentra vinculado a valores constitucionales fundamentales como el respeto de la dignidad humana, y a otros derechos como la vida, la integridad física y la salud, dado el impacto incalculable, sufrimiento indecible y desolación que producen los enfrentamientos bélicos sobre las personas.

VIII.- LEGITIMACIÓN COLECTIVA PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PAZ. Es titular del derecho a la paz toda persona o habitante de la República, de modo que existe una inequívoca legitimación colectiva para demandar su protección y defensa ante este Tribunal Constitucional a través del proceso de amparo. Pudiendo ser invocado por cualquier persona aunque no haya sufrido una lesión directa, personal e inmediata, dado que, la transgresión de ese derecho afecta a toda la comunidad. Se trata de un derecho que ostentan todas y cada una de las personas que habitan en la República. Tratándose de un derecho de los llamados de tercera generación, su titularidad recae en los pueblos, en todos y cada uno de los ciudadanos y habitantes del respectivo Estado. Consecuentemente, el presente asunto puede ser conocido y resuelto por la vía del amparo, al entender esta Sala que se alega la infracción del derecho fundamental a la paz y existir una legitimación colectiva para su protección y defensa efectiva.
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