Dr. Román Solís Zelaya Magistrado Sala I y Presidente de CONAMAJ

Debo necesariamente iniciar mis palabras expresando mi satisfacción al ver congregados en este foro a un grupo tan selecto y a la vez tan diverso de personas en torno al tema del derecho al acceso a la información pública, lo cual -es sin duda alguna- la mejor manifestación de la relevancia de la temática para nosotros como país y como parte de la comunidad de estados americanos que conformamos la OEA.

Y quiero resaltar la naturaleza de derecho humano fundamental que tiene el acceso a la información pública, independientemente de las distintas formas como se manifieste en los ordenamientos jurídicos de las naciones, relevancia que va en aumento a una velocidad galopante en la medida en que la tecnología y la cultura política ofrecen las herramientas que para segmentos más amplios de la ciudadanía accedan y reclamen esa información.

Todo ello en beneficio de un quehacer estatal mucho más transparente, donde los pasillos oscuros y las prácticas revestidas de secreto, se ven expuestas y develadas cada vez más por las acciones de la ciudadanía, la prensa y hasta los mismos funcionarios públicos. De esta manera estamos viviendo, como planeta, procesos sumamente reveladores, donde los Estados se enfrentan, cada vez más, al rompimiento de esos velos o escudos en los que históricamente se habían tutelado. Así se convierte en un enorme reto para los Estados y para todas las personas que laboramos en ellos estar a la altura de los tiempos y hacer un ejercicio de la función pública realmente consecuente con los principios que informan este derecho y que ahora se pueden materializar de muy distintas formas.

Del mismo modo que el derecho al acceso a la información representa desafíos tan impresionantes a los Estados, también nos abre la senda para hacer cosas maravillosas y antes no eran posibles o que tenían un alcance mucho más limitado. Cito por ejemplo los sistemas de presupuestos y control de gastos y compras en línea, donde las personas con acceso a un ordenador pueden dar seguimiento a la ejecución presupuestaria de una municipalidad o de una entidad pública.

En Costa Rica el derecho al acceso a la información constituye uno de los pilares de la democracia y de ello da la amplísima jurisprudencia y legislación variada que existe. Sin embargo también somos concientes de que se trata de un tema en evolución en una realidad también en evolución y que el marco jurídico que lo trata siempre puede ser mejorado. Es por ello que celebramos la invitación que nos hiciera la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA para realizar este taller, el cual se da en el momento más oportuno pues distintas instituciones públicas, bajo el liderazgo de la Primera Vicepresidencia de la República, de Don Alfio Piva, han venido trabajando en un anteproyecto de ley específico con miras a que el país pueda disponer de una normativa especializada e integrada, bajo un solo texto de rango legal.

Es gracias a las personas e instituciones que conforman el grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto de ley que hoy tenemos la inmensa oportunidad de sentarnos a reflexionar y a dialogar por dos días sobre el estado actual de la situación y recibir los aportes que ustedes, todas y todos, los más conocedores del tema, puedan hacer. Todo ello a la luz de la gran riqueza y experticie de la OEA.

A todas muchas gracias pues nos han dado la oportunidad de cumplir, una vez más, con el cometido de la Conamaj, el cual es articular los esfuerzos y armonizar los recursos de las instituciones del sector justicia y la sociedad civil, para el cumplimiento y garantía los derechos humanos de todas las personas y el fortalecimiento del sistema democrático costarricense.