Magistrada Zarela Villanueva Monge. Presidenta de la Corte Suprema

El motivo que nos reúne hoy es sin duda de la máxima importancia para el fortalecimiento de la democracia. Uno de los autores de la Constitución Norteamericana James Madison, reconocía con razón, que una democracia sin información pública o sin los medios para adquirirla, no es más que un prólogo de una farsa, una tragedia o talvez de ambas. Para él, el conocimiento era la única forma de a gobernar la ignorancia y advertía con razón, que quienes quieran autogobernarse deben armarse con el poder que les da la información.

Es universalmente reconocido que una de las bases esenciales de un buen gobierno, se obtiene a través de la garantía de que la ciudadanía tendrá acceso al conocimiento e información necesaria y oportuna para dirigirlo y fiscalizarlo. Sin acceso a la información pública no se pueden pedir cuentas o fiscalizar los asuntos públicos, es un derecho no sólo esencial, sino instrumental, para la vigencia del principio de soberanía popular, de la democracia participativa y el ejercicio de otros derechos fundamentales que resultan interdependientes entre sí.
La concepción de que los asuntos de Estado deben ser fiscalizados y transparentados es una idea presente en casi todos los grandes sistemas de la elaboración política y proviene de una profunda raigambre filosófica que halló un lugar central en las construcciones del pensamiento más importantes de la humanidad: desde Platón y Aristóteles, pasando por Kant, Bobbio, Habermas, hasta llegar a John Rawls y muchos otros clásicos contemporáneos.

Así por ejemplo, Kant señalaba que “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”. Desde su concepción, el principio democrático resulta absolutamente inseparable de los principios de información y publicidad que proporciona legitimidad del sistema y que soportan a la justicia, entendida en sentido amplio.

En el mismo sentido para el filósofo Italiano Norberto Bobbio la democracia se define como “el ejercicio del poder en público” haciendo alusión a la importancia que tiene la visibilidad del poder como atributo esencial del sistema político democrático frente a otras formas de gobierno.

Vivimos una época que parece privilegiada en cuanto al potencial de información y capacidad masiva de manejo de datos. Sin embargo, hemos llegado a un punto, de nuestro desarrollo democrático, en que la información pública por sí misma, no es garantía suficiente de transparencia ni de buen gobierno.

No nos engañemos en que esta explosión informativa se traduzca, automáticamente, en más y mejor democracia. Muchos alegan que hasta puede producir mayor opacidad en algunos casos. Es necesario entonces, que mientras perfeccionamos nuestra normativa, sobre ¿qué se informa, para quién y cuáles son sus límites?, nos ocupemos de mejorar la cultura de la ciudadanía sobre los asuntos públicos y generar políticas públicas para que la información pueda ser digerida y utilizada para los fines de la democracia. Estamos llenos de leyes y jurisprudencia cada vez más expansiva que se emiten con la promesa de ser el remedio instantáneo de todos los males que corrompen nuestro sistema político. La esperanza es que al estar expuesta la información, ellos se resolverán, pero el sistema jurídico por sí mismo carece de esa virtualidad.

Por ello me ha parecido muy valioso que al tiempo que discutimos cómo perfeccionar nuestro sistema normativo, se estén haciendo esfuerzos importantes por promover políticas de gobiernos abiertos que sabemos son mucho más amplios y efectivos que el abordaje normativo.

En el campo de la justicia hemos hecho esfuerzos importantes en materia de acceso a la información y de rendición de cuentas que nos han otorgado reconocimiento internacional, pero estamos aún en deuda en varios temas claves para la adecuada fiscalización del gobierno judicial. Estoy convencida que la sociedad debe contar con los elementos necesarios para evaluar el desempeño de la Judicatura y me he comprometido a hacer de ello una prioridad.

Hemos hecho lo propio, como institución, para garantizar una mayor transparencia en la gestión, con esfuerzos tales como rendición de cuentas, voluntariamente, a la Asamblea Legislativa sobre la forma en que invierte los recursos públicos; informe anual de labores desde 1980 a la ciudadanía y a los tres Poderes de la República en el acto de Apertura de Año Judicial; audiencias públicas en las comunidades para compartir sus proyectos y retos y escuchar a la comunidad sobre su desempeño. Se ha incluido información trascendente para una adecuada fiscalización del servicio en la página web, tales como las compras y licitaciones la ejecución del presupuesto, los planes operativos de trabajo de cada departamento, para que la ciudadanía pueda conocer las políticas, metas y objetivos así como la instrumentalización de las mismas. Se creó una Contraloría de Servicio extendida en diversas jurisdicciones en el territorio nacional para que la persona usuaria cuente con una instancia más para transmitir sus inquietudes sobre el servicio que se le brinda. Se le da publicidad a la toma de decisiones ya que las actas y sesiones de Corte Plena y del Consejo Superior son públicas –con excepción del régimen disciplinario para proteger el honor de las personas-. Asimismo se adoptó un Código de Ética para los jueces y juezas, funcionarios y funcionarias judiciales que es obligatorio, y que se está incorporando en un proyecto de ley de derechos de la persona usuaria que esperamos se convierta en ley de la República. También hemos garantizado un acceso total a la prensa como contrapeso necesario del ejercicio del poder en las democracias y finalmente creado la Comisión de Transparencia hoy instalada formalmente, entre algunas otras acciones.

Estos esfuerzos se deben al convencimiento de que en el caso de la impartición de justicia, el mandato de informar y transparentar no es diferente a los demás ámbitos de acción del Estado. Como juzgadores y juzgadoras debemos entender la importancia que el acceso a la información reviste para la credibilidad y la confianza en la justicia.

Por ello resalto la necesidad de que los Poderes Judiciales provean la mayor cantidad de información veraz, accesible completa y oportuna, tanto respecto de los procesos judiciales, como de todas las labores, para que se conozca como se administran los bienes que el Estado pone al servicio de la Justicia; cómo se cumplen con los planes anuales operativos; el trabajo de los jueces y las juezas, cómo se afronta el retraso judicial en la solución de los conflictos, o la mala atención en el servicio, males que causan notable insatisfacción a las personas usuarias del Poder Judicial costarricense.

En los sistemas judiciales debemos aprender a utilizar el concepto de independencia del juez y de la jueza como una garantía de imparcialidad otorgada a las partes frente a la aplicación de la ley, pero no como un privilegio que nos exima de la obligación de rendir cuentas y ser accesibles al escrutinio ciudadano.

En ese proceso estamos, es un esfuerzo de mejora continua que en nuestro caso no va a estar completo, desde mi punto de vista, hasta tanto no cumplamos con la información adecuada para evaluar el desempeño de las juezas y jueces y por medio de él, garantizarle a la ciudadanía que el servicio se presta con apego a la Constitución y la ley y bajo parámetros objetivos de eficiencia.

Mi agradecimiento especial a la Organización de Estados Americanos, al señor Vicepresidente Alfio Piva que ha liderado un enorme esfuerzo interinstitucional en esta campo. De igual manera al magistrado Román Solís y la Conamaj por copatrocinar este fructífero diálogo y espacio de reflexión que hoy inicia. Estoy muy esperanzada que el resultado de los trabajos y conclusiones de este Seminario sean un paso más para continuar avanzando en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática.

Muchas Gracias