Magistrada Zarela Villanueva Monge Presidenta de la Corte Suprema

Me siento realmente satisfecha al ser partícipe, este día, de la presentación de este programa y de la firma de la Carta de Entendimiento entre las instituciones participantes en este valioso proyecto. Creo que en un foro como este no hace falta ni siquiera recordar los problemas de discriminación y de violencia que sufren y sufrimos las mujeres.

Sí, la estructura y el ideario social se han conformado de tal manera que por años se ha legitimado un trato desigual, doloroso y violento para las mujeres. La evidencia más latente de esta situación la constituyen, en cifras anuales, los más de 30 femicidios; las 50.000 solicitudes de medidas de protección planteadas ante los Juzgados de Violencia Doméstica; las casi 17.000 denuncias interpuestas por delitos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres; y las 1650 denuncias por violación.

Aunque resulta doloroso y alarmante tanta denuncia, el dato refleja un elemento positivo: El hecho de que las mujeres tengan la posibilidad de denunciar y lo hagan. Es decir, las personas víctimas de violencia doméstica – la mayoría de ellas, mujeres- tienen ahora mecanismos legales para solicitar el auxilio de las autoridades en la defensa de su vida, de su integridad física o moral, y la de sus dependientes.

Pero es claro que no todas las mujeres tienen, en igual medida, la oportunidad o posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales o del Estado, para solicitar el apoyo frente a esas situaciones. Y esto también es conocido por las personas que participan en este foro.

El programa que nos convoca en este día tiene el mérito de haber advertido la especial situación de vulnerabilidad, frente a la violencia, que enfrenta una población específica de mujeres y, lo más importante, haber concretado de manera efectiva y eficaz un proyecto de acción frente a esa realidad.

Los gestores de este proyecto lograron visualizar la frágil situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres migrantes, refugiadas o simplemente residentes de una zona transfronteriza cuya sola situación migratoria, económica, familiar y cultural, las convierte en un blanco permanente de violencia o explotación; situación que se ve agravada ante la carencia de asistencia institucional que le provea un auxilio o apoyo para poder denunciar y salir de esas situaciones.

Por eso aplaudo con vehemencia este proyecto! Pienso cuán difícil le ha de resultar a una mujer residente en Upala, campesina, sin ningún apoyo familiar cercano, sin identificación y sin un ingreso económico ni siquiera medianamente suficiente, demandar a su compañero o esposo agresor de quien muchas veces depende económicamente, si además de ello las instituciones en las que pueda denunciar y de las que pueda recibir algún apoyo tampoco le resultan cercanas ni cotidianas.

Su irregular condición migratoria las hace más vulnerables porque las expone a mayores situaciones de violencia, particularmente la sexual, con todas sus consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, embarazos, prostitución, trata, etc…

El modelo que hoy se presenta nos plantea un estudio serio y con perspectiva de género de la situación real que enfrentan las mujeres en la zona fronteriza de Upala y se que será un valioso instrumento para ser replicado en otras zonas igualmente vulnerables.

Y lo más importante es que se trata de una iniciativa en la que además de la articulación de esfuerzos interinstitucionales para la atención de estas mujeres, el proyecto logra vincular a organizaciones de la sociedad civil, a la propia comunidad, a mujeres que han vivido las mismas experiencias y que por lo mismo han logrado acumular un mejor conocimiento para acompañar y orientar a las víctimas. Sin lugar a dudas, ese es un plus invaluable del modelo

Invaluable es también, la propuesta del Centro de Atención Específica en donde las mujeres víctimas de estas situaciones pueden obtener información, orientación y asistencia legal, así como un refugio temporal que aunque corto, se constituye en un elemento salvavidas frente a situaciones críticas de amenaza contra la vida.

Pero lo más meritorio de este proyecto es haber podido lograr un acuerdo que unifica y articula acciones entre cada una de las instituciones públicas u organizaciones sociales involucradas, señalando a cada una su marco de acción para garantizar una respuesta efectiva y eficaz en la protección y atención de las víctimas. Mi reconocimiento a quienes han trabajado en este modelo y a los representantes de las entidades u organismos que han consensuado el instrumento que hoy se firma, reconociendo con ello que la violencia contra las mujeres es un flagelo que día a día cobra víctimas; que más que un acto de solidaridad, el Estado costarricense adquirió el compromiso de su erradicación; y que las mujeres -mayormente las mujeres migrantes o en una precaria situación migratoria- requieren de iniciativas como esta, para garantizar su derecho a la vida y a una vida plena.

Como presidenta de esta institución no podría estar más complacida en ser partícipe de esta actividad. El Poder Judicial tiene definida una política de género y de acceso a la justicia que requieren de acciones como éstas, que hagan posible el acceso a los servicios de administración de justicia a todas y todos los habitantes de este país, sin discriminación alguna.

Particularmente deseo reconocer la labor del magistrado don Román Solís y a la Conamaj que siempre son tan acertados y eficientes en el desarrollo de los proyectos que lideran. También deseo expresar mi reconocimiento a los funcionarios y funcionarias tanto judiciales como de cada una de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que han apoyado la realización del modelo y que hoy confirman el compromiso con la defensa de estas mujeres.

Concluyo augurando el éxito de este proyecto para que pronto se pueda estar replicando en otras latitudes del territorio nacional.

Muchas gracias, tengan todos y todas, un buen día!