Las Jornadas de Medicina Legal se realizaron del 30 de agosto al 1° de setiembre.

En las Jornadas de Medicina Legal número veintisiete, se analizó el tema “La Persona Privada de Libertad: enfoque integral y médico legal”. En la actividad que se extendió del 30 de agosto al 1° de setiembre, participaron personas de diferentes instituciones, relacionados con la atención a estas personas, quienes concluyeron con propuestas para mejorar las condiciones actuales de estas personas.

Dentro de las conclusiones a las que se llegaron es que, el Estado debe tomar decisiones prontas para solucionar el problema que ya se puede catalogar como “…estado de emergencia…”, según indicó el Lic. Francisco Segura Montero, Director del Organismo de Investigación Judicial.

El jerarca manifestó que el trabajo que ha venido haciendo la policía ha sido muy eficiente en los últimos años, pero lamentablemente el Estado no estaba preparado para atender un aumento continuo de personas detenidas, quienes deben descontar prisión preventiva y penas de cárcel.

Y es que según la Magistrada Magda Pereira Villalobos, de la Sala Tercera y Presidenta de la Comisión de Enlace Corte-OIJ, la criminalidad ha variado mucho en los últimos años en el país, debido a los cambios en la sociedad, tal como la falta de opciones de estudio para las personas jóvenes y un alto aumento en la desintegración familiar.

Expositores como el Dr. Armando Silva Solórzano, Médico del Ministerio de Justicia y Gracia, pusieron en conocimiento de las y los asistentes las condiciones deplorables de atención en salud a la persona privada de libertad.

Además, las y los expositores estuvieron de acuerdo en que la situación de hacinamiento, falta de oportunidades en estudio y trabajo, así como las pésimas condiciones higiénicas y la misma delincuencia dentro de las cárceles, son el pan de cada día de las y los reclusos, lo cual puede estarles ocasionado un trastorno que podría desembocar en tragedias mayores, como las vividas en otros países latinoamericanos. “Hay que recordar que la prisión es una sanción, no un castigo, ni una venganza…” argumentó la Licda. Priscila Prado Malé, del Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago.

Por su parte, el Lic. Román Matamoros, del mismo Juzgado argumentó que para solucionar la problemática de hacinamiento, la remodelación no es una opción, sino más bien habría que construir nuevas cárceles, para mejorar las condiciones de sus habitantes.

Dentro de la actividad, el domingo 1° de setiembre se realizó una mesa redonda, con la participación de la Licda. Prado, el señor Roger Víquez Gairaud, de la Defensoría de los Habitantes y el abogado Juan Diego Castro Fernández, del Bufete JURISIS, quienes concluyeron que sería oportuno crear fuentes de estudio y trabajo en las cárceles, tanto para que estas personas generen un ingreso para sus familias, como para que aprendan un oficio que les ayude a reinsertarse en la sociedad cuando salen.

Por otro lado, en cuanto al tema de los brazaletes como opción alternativa a la prisión, el Magistrado Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Sala Tercera manifestó que hay que revisar el Proyecto de Ley que lo impulsa, ya que “…me da miedo pensar que le pongan un brazalete a un hombre acusado de agresión a una mujer y el mecanismo, cuando avise, tarden dos horas en llegar, y el hecho esté consumado…”, exteriorizó.

A pesar de que en la actividad se tocó la problemática desde sus múltiples aristas, el Lic. Francisco Segura lamentó que no hubiera políticos en la actividad, que son quienes gobiernan el país, y son las personas encargadas de dar soluciones a la problemática vivida por las y los privados de libertad.

Actualmente el hacinamiento promedio en el país supera el 38%, siendo que la cárcel de San Sebastián es la más congestionada, con más de un 80% de hacinamiento, seguida por la de San Carlos, con más de un 60%.