La Dra. Doris Arias Madrigal recibió al Senador de República Dominicana Dr. Francis Emilio Vargas con el fin de conocer la tramitación que se da a la materia penal juvenil por la administración de justicia costarricense.

La Magistrada, Dra. Doris Arias Madrigal, integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia en Penal Juvenil, recibió el 25 de abril al Senador de República Dominicana Dr. Francis Emilio Vargas y a una comitiva del Senado de ese país quienes visitaron el Poder Judicial con el fin de conocer la tramitación que se da a la materia penal juvenil por la administración de justicia costarricense.

La visita fue promovida por representantes de UNICEF en momentos que República Dominicana debatía en el Senado un proyecto de Ley que endurecería las penas para personas menores de 18 años de edad, población a la que se le atribuye por algunos sectores el aumento en la inseguridad ciudadana.

En criterio de representantes del órgano internacional las reformas legales en penal juvenil deben acatar las disposiciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños así como la implementación de políticas públicas estatales que brinden oportunidades a las personas menores de edad en cumplimiento de sus derechos que es mucho más efectivo que la privación de libertad.

Dentro de este contexto la Magistrada Arias Madrigal expuso al Dr. Vargas la situación costarricense, que tiene una de las penas más altas en América Latina, que ha provocado la saturación en las cárceles por el abuso en el dictado de prisión preventiva y no de las medidas sustitutivas contenidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Agregó que por esta razón en el Poder Judicial se han promovido “buenas prácticas” que permiten la aplicación de medidas alternas al juicio pero con enfoques de justicia restaurativa, con excelentes resultados en la materia penal juvenil.

“Explicamos a la delegación dominicana la inconveniencia de bajar la edad y aumentar las penas en esta materia, principalmente cuando los Estados han ratificado convenciones internacionales que refuerzan obligaciones con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó la Dra. Arias.

Explicó que sugirió que en caso de que población menor de edad sea utilizada por organizaciones criminales, esta circunstancia se introdujera como un agravante para el sujeto activo persona adulta y no como una circunstancia que agrava la condición jurídica de las personas menores de edad involucradas en el hecho delictivo.

Finalmente la magistrada costarricense consideró que los países respetuosos de los derechos humanos tienen la obligación de trabajar en prevención con poblaciones de personas menores de edad en cumplimiento con las convenciones internacionales.

El pasado 18 de junio 2013 medios de comunicación de República Dominicana informaron sobre la decisión del Senado de no aprobar el aumento en las penas luego de la visita a Costa Rica, pues tomaron en cuenta que la delincuencia, lejos de ir en disminución, se mantenía e iba en aumento, por lo que se decidió modificar lo sancionado por los diputados dominicanos.