Berta Tajada será una de las mujeres beneficiadas con el proyecto.

Berta Tajada es madre de siete hijos, combina sus labores de ama de casa con la venta de pescado, ella vive en el barrio El Coral de Las Delicias de Upala, zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Doña Berta es un ejemplo de las muchas mujeres de esta región que serán beneficiadas por el proyecto de acceso a la justicia, que lidera del Poder Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) en este cantón alajuelense.

El Proyecto Acceso al Derecho de Eurosocial Justicia II auspicia esta iniciativa que pretende garantizar la protección y derechos de mujeres víctimas de violencia basada en género, especialmente poblaciones migrantes y transfronterizas de Upala, a quienes por su condición económica, falta de redes de apoyo, acceso a servicios, lejanía y vías de transporte, se les dificulta aún más la interposición y mantenimiento de las denuncias.

Durante el primer semestre del 2013 se ha construido un protocolo que contribuye a la atención, fortalecimiento de la red contra la violencia local y armonización de las respuestas institucionales y de la comunidad frente a los actos de violencia contra las mujeres.

Por esta razón, el pasado martes 9 de julio se realizó un taller de validación de este protocolo en donde participaron alrededor de 30 personas representantes del sector judicial como los Juzgados Penal y Contravencional, OIJ, Defensa Pública, Fiscalía y Oficina de Atención a la Víctima, así también estuvieron presentes el INAMU, Fuerza Pública, OIM, ACNUR, Pastoral Social, Dirección General de Migración, PANI, Municipalidad de Upala, IFAM, Oficina de la Mujer y la Rectoría Norte Norte del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial.

Al taller también asistió la Coordinadora del Proyecto Acceso al Derecho de Eurosocial, IDLO, Olga Lucía Pérez, quien viajó desde Europa para apoyar la validación del protocolo y ha dado seguimiento a todo este proceso. Asimismo, hubo acompañamiento del Consejo Superior desde su programa de Buenas Prácticas, con la presencia de la Ing. Indira Alfaro, para enlazar una iniciativa planteada por el propio Juzgado de Contravencional y poner en ejecución dentro del protocolo.

Este proceso ha sido acompañado activamente por la organización no gubernamental Cenderos y la Municipalidad de Upala, quienes han actuado como actores locales clave para el éxito y permanencia de la iniciativa.

Mediante charlas dialogadas, mesas de trabajo, estudio de casos y dinámicas, las y los participantes al taller brindaron sus insumos al protocolo resaltando aquellas situaciones en donde el personal judicial pueda coordinar con otras instituciones para dar respuesta a las personas usuarias. Este taller ayudó a simular qué sucedería en el caso de que alguna institución active el protocolo, a cuál organización se debe llamar y cuál es la respuesta que cada actor local debe dar a la atención de la víctima, reconociendo las particularidades de las mujeres migrantes y transfronterizas.

Para octubre se programará una capacitación con todos los actores locales involucrados en la ruta crítica de la atención a las mujeres, con la finalidad de poner en ejecución este protocolo, realizarle ajustes de acuerdo a la práctica y presentarlo oficialmente al final del año. Adicionalmente, la Municipalidad está remodelando un inmueble para que funcione como albergue transitorio para las mujeres víctimas y sus hijos e hijas, así como servirá de centro de servicios públicos con representación de instituciones del área social como el IMAS e INAMU, con el fin de brindar atención integral y centralizado en un mismo lugar para facilidad de la población usuaria.

Para más información sobre este proyecto puede contactarse a la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas, al 2295-3322 o al correo electrónico conamaj@poder-judicial.go.cr