Marta Iris Muñoz Cascante Directora de la Defensa Pública

Para la Defensa Pública de Costa Rica es un honor contar con la presencia de todos y todas ustedes en este encuentro, que representa la culminación de un gran esfuerzo y dedicación de muchas personas. Agradezco la confianza depositada en nuestra institución, por parte del ILANUD a don Elías Carranza y de la Fundación Justicia y Género a don Rodrigo Jiménez, para apoyar en la organización de este evento.

Nuestro país evoluciona en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en estos momentos contamos con la primera mujer Presidenta de la República… Y nuestro Poder Judicial se encuentra liderado por la Magistrada doña Zarela Villanueva, a quien le deseamos muchos éxitos en su gestión, porque sabemos de su compromiso con la Institución y reconocemos su lucha constante en el tema de género y sus logros durante su trayectoria dentro del Poder Judicial. Además hoy rendimos Homenaje a doña Ana Virginia Calzada primera mujer en integrar la Sala Constitucional y en ocupar la presidencia de este Tribunal Constitucional.

Hoy podemos decir con propiedad que se abren espacios para que las mujeres puedan aportar a la conformación de un Estado Democrático y Social de Derecho.

Asimismo, en la Asamblea Legislativa sobresalen mujeres con un gran compromiso en la creación de leyes con perspectiva de género, resaltamos la labor de las diputadas Elibeth Venegas (su asesora Marta Núñez) y Annie Saborío (sus asesores Desiré Chinchilla y Sergio Ramírez), quienes son parte del Directorio Legislativo y en la Jefatura del Partido Acción Ciudadana, la diputada Carmen Muñoz (su asesora Rita Maxera)… estas tres mujeres han tenido un importante protagonismo en dos proyectos de Ley de mucha trascendencia para las mujeres privadas de libertad.

Nos referimos al Proyecto de Ley “Para Introducir Proporcionalidad y Especificidad de Género a la Ley de Psicotrópicos, específicamente en el delito de introducción de Drogas en Centros Penales” donde las mujeres víctimas de la coacción y amenaza de sus parejas o terceros, se ven obligadas a intentar introducir droga a los Centros Penales y a sufrir penas desproporcionadas, cuya pena es de ocho a 20 años de prisión.

Esta propuesta legal, introduce una disminución en las penas, cuyo mínimo sea de 3 años de prisión. Ya que se consideró que la sanción actual resulta desproporcionada y excesiva dentro de las circunstancias ya mencionadas, y además la introducción de drogas que se intentaba hacer siempre es en pequeñas cantidades, recibiendo estas mujeres penas tan altas como si fueran integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico. En su mayoría estas mujeres son jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 35 años, tienen baja escolaridad, son jefas de hogar y tienen varios hijos e hijas a su cargo.
El drama de encarcelar a estas mujeres a 8 años de prisión, no solo se vive en este país sino que es parte de la realidad en América Latina.

La Defensa Pública además, ha tenido participación activa en otra propuesta de reforma legal…. que pretende que las mujeres no vayan a prisión, mediante el uso de brazaletes o dispositivos electrónicos como pena sustituta a esta prisión, en casos en que las mujeres son sentenciadas a penas menores a los 6 años y tengan a su cargo hijos o hijas menores de 12 años, personas adultas mayores o con discapacidad. Igualmente, si la mujer condenada se encuentra en estado avanzado de embarazo, le sobrevenga alguna enfermedad física, adictiva o psiquiátrica, cuyo tratamiento solo sea posible fuera de prisión.

De esta manera, vemos que la Defensa Pública ha tenido un protagonismo muy importante en el tema de mujeres privadas de libertad en los últimos años, ……motivados nuestros planteamientos, en general, por el compromiso que tenemos en hacer efectivo el cumplimiento de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos como las Reglas de Brasilia, la Convención de CEDAW, Belem do Pará, y las Reglas de Bangkok, dirigidos específicamente a las mujeres, en quienes convergen varias situaciones de vulnerabilidad, lo que hace necesario una protección especial del Estado y del Sistema de Justicia, y en el que por supuesto la Defensa Pública debe tener un papel activo en la denuncia y protección de sus derechos, de conformidad con la normativa internacional.

Todo este proceso, que se ha hecho para proponer estas reformas a favor de las mujeres, ha estado apoyado también por una serie de instituciones como la Asamblea Legislativa, a través de las diputadas Venegas, Saborío y Muñoz especialmente, el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública con un equipo de defensores y defensoras (Alejandro Rojas, Ligia Jiménez, Zuhyem Molina, Kattia Carballo, Kattia Ballestero), a quienes reconozco el trabajo laborioso y dedicado que han hecho en este proceso …… también debemos reconocer el apoyo que ha dado el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto de Control de Drogas, la Defensoría de los Habitantes, el Patronato Nacional de la Infancia y Universidades como la Universidad para la Cooperación Internacional, juntos hemos logrado construir, estas dos propuestas legales que esperamos sean aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Otro aspecto que es importante mencionar y reconocer, es el apoyo que ha dado la Corte, en la asignación de mayores recursos para la atención de las pensiones alimentarias, además la implementación de modelos orales que han agilizado la pronta respuesta para las mujeres que demandan alimentos para sus hijos e hijas.

Es indudable, la mejora en el servicio brindado a las personas usuarias a través de la asesoría gratuita, cuyo fin primordial es que sea siempre eficiente y de calidad.

La Defensa de Pensiones Alimentarias ha tenido un importante papel en la aplicación e interpretación de la ley de Pensiones Alimentarias y en el Programa Pisav cuya creación correspondió a doña Zarela y donde la Defensa ha tenido un papel protagónico. En materia de pensiones y de familia la licenciada Olga Fallas ha liderado iniciativas que han conducido a la interposición de acciones de inconstitucionalidad y otros recursos con éxito, ante la errónea aplicación de esta normativa y procesos engorrosos y formalistas, que dificultan la satisfacción de las necesidades de quienes demandan alimentos…

Esto es un preámbulo de algunas de las tantas responsabilidades y retos que tiene nuestra Institución en materia de género. Estoy convencida que esta labor la lograremos siempre y cuando hagamos este aporte con gran sensibilidad, responsabilidad y compromiso.

No quisiera terminar sin reconocer la gran labor de nuestra Unidad de Capacitación, por el aporte y apoyo en la capacitación y sensibilización de nuestro personal en materia de género, proporcionándonos herramientas y estrategias para la interposición de recursos y acciones a favor de las personas usuarias de los servicios que brinda nuestra Institución en las diferentes materias y en la organización de este evento, así como a la Fundación Justicia y Género, que durante los últimos meses se han dedicado a que este Encuentro cumpla con todas las expectativas que nos planteamos, igualmente un agradecimiento a cada uno de los y las panelistas que pondrán a nuestra disposición todo su conocimiento.

A todos y todas muchas gracias por acompañarnos.