Zarela Villanueva Monge Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Una cordial bienvenida a todas y todos los participantes de los países hermanos que hoy nos acompañan; también a las personas invitadas especiales.

Me siento muy complacida que en esta importante ocasión se resalte con este homenaje la carrera de una mujer y jueza como Ana Virginia Calzada Miranda.
Las palabras que se han expresado son merecidas y yo quisiera agregar que de las muchas virtudes de Ana Virginia como mujer íntegra, valienta y defensora de la libertad y dignidad de las personas, siempre le he admirado su coherencia y consecuencia con sus valores y principios. Nos deja grandes enseñanzas y buenos recuerdos.

Mi agradecimiento a quienes han tenido a cargo la actividad, por generar espacios de reflexión crítica en la institución y en el país sobre temas fundamentales de derechos humanos, en una población que se sabe es doblemente marginada.

Mi reconocimiento especial a la Defensa Pública y su Directora Marta Iris Muñoz, al ILANUD y a la Fundación Justicia y Género, por el patrocinio de estas jornadas sobre la implementación de las Reglas de Bangkok para mujeres privadas de libertad.

En realidad hablar de la cárcel desde una perspectiva de género, es un cruel eufemismo para ocultar el hecho de que tradicionalmente las cárceles han sido estructuras pensadas y diseñadas para hombres. Históricamente hablando, es reciente la aplicación de la prisión a mujeres, sin que, se hayan tomado en cuenta sus necesidades específicas. En esas circunstancias la prisión se ha convertido, en muchos casos, en una victimización más. El delito en la mujer, lleva implícita una violencia estructural de índole social. En su mayoría se trata de mujeres pobres, madres jóvenes, muchas veces migrantes, que han sido víctimas de violencia desde su infancia, violencia sexual o han tenido infancias traumáticas, muchas de ellas viven aún en un ciclo de violencia con poca o ninguna oportunidad de desarrollo. Estas mujeres, además de tener que lidiar con el reproche penal, sufren el reproche social por romper con moldes, obligaciones y compromisos familiares que por razón de género tienen cultural y socialmente asimilados.

En buena hora que el Derecho Penal se ocupe de los temas de género. Aunque ya se superaron las tesis Lombrosianas de la mujer delincuente, que las señalaban como “inferiores en la escala evolutiva de la humanidad, sin refinamiento moral, con frialdad sexual, debilidad e inteligencia menos desarrollada”, lo cierto es que aún el sistema de administración de justicia penal, en general, tiene grandes deficiencias para individualizar y tratar a la mujer en su especificidad. Las Defensorías Públicas atienden poblaciones mayoritariamente masculinas y como el sistema penal en general en un 90% se ocupa a su vez de una población masculina, existen importantes omisiones en el diseño de la política criminal que generan una perversión del sistema sobre estas poblaciones ya de por sí vulnerables por la exclusión social que genera su condición específica de mujeres.

No es casual, como señalan los estudios a nivel global que un 40% de las mujeres en prisión han atentado en algún momento de su existencia contra su vida o son o han sido objeto de violencia en sus hogares.

En el caso de nuestro país valiosas investigaciones como la recientemente publicada por la Dra. Olga Marta Mena, precisamente sobre las mujeres recluidas en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, nos revela las fallas estructurales y omisiones del Estado costarricense en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia, entre ellas.

Ella se refiere a las reclusas como “la población olvidada”. En sus conclusiones señala claramente que se trata de una población de edades y nacionalidades diversas que han sufrido tal exclusión cuando el mismo sistema las seleccionó porque no podían vivir más en libertad.

No ha cambiado mucho desde la primera cárcel de 1823 que existió en Cartago, que secuestraba las mujeres consideradas indeseables, conflictivas y vulnerables de los sectores más pobres.

El Poder Judicial costarricense ha sido uno de los principales promotores de las políticas género–sensitivas a nivel nacional y desde hace más de una década se ha enfocado en promover la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género en la administración de justicia y en las acciones y programas judiciales; motivo por el cual desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, no solo se apoya sino que se aplaude la realización del Encuentro de Defensorías Públicas y del Sistema Penitenciario, por una Justicia de Género.

Esta actividad, que ahora nos reúne es una más de las múltiples acciones que la Defensa Pública y el Poder Judicial han llevado a cabo para aplicar la política de género y para darle vigencia a los Derechos Humanos
Las Reglas de Bangkok representan un instrumento relevante para el reconocimiento de los Derechos Humanos de una población que tiene necesidades especiales y que se caracteriza por mostrar múltiples condiciones de vulnerabilidad que se manifiestan principalmente en la ruptura de los lazos familiares y como consecuencia de ello en la socavación muchos de los valores que representan la base de la sociedad.

El tema de los Derechos Humanos y particularmente lo que atañe a las garantías básicas que deben cubrirse en torno a las mujeres privadas de libertad es un reto para todas las instancias relacionadas, por lo que la interiorización de las responsabilidades que deben asumirse es trascendental. La incorporación de los postulados de las Reglas de Bangkok en las funciones de las Defensorías Públicas de Latinoamérica y del Sistema Penitenciario es una tarea fundamental que no puede demorarse.

Actividades y reflexiones criticas como la que nos reúne hoy permite que demos pasos firmes hacia un cambio que es inevitable y que debe permear todas las estructuras y áreas de la sociedad.

Aprovecho para felicitar a la Defensa Pública y a la Defensoría de los Habitantes que tienen programas de visitas permanentes a la cárcel de mujeres y a las prisiones en general, porque nos permiten transparentar ante todas las autoridades relevantes, cada tema y problema que se enfrenta en la materia, así como las soluciones a cada uno.

En ese sentido las Reglas de Bangkok son un instrumento con el peso moral y jurídico suficiente como para exigirnos responsabilidades y retos específicos por cumplir, pero sobre todo nos educan en este campo, y como señala Nelson Mandela, “La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo.”

Él mismo logró una revolución pacífica total en su país desgarrado por el odio y la exclusión, por medio del convencimiento y educación, en un tema que parecía imposible.

Que ese sea entonces nuestro ejemplo para rectificar nuestro camino y redoblar nuestros esfuerzos en esta materia.

Muchas Gracias