Zarela Villanueva Monge Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Desde hace varios años y bajo el liderazgo de don Luis Paulino Mora -querido y recordado expresidente de la Corte- el Poder Judicial Costarricense inició un proceso integral de modernización de la administración de justicia que abarcó desde importantes reformas procesales, la apropiación de la tecnología como instrumento de trabajo de todas las oficinas judiciales, un desarrollo importante en las edificaciones judiciales, sin dejar de lado el avance requerido en temas trascendentales y transversales que adoptaron la forma de políticas institucionales.

Todo el desarrollo alcanzado así como la mejora obtenida en los distintos ámbitos mencionados y en muchos otros de igual relevancia a los que más adelante me referiré se han sustentado en la premisa de que el servicio de administración de justicia es fundamental para el logro y mantenimiento de la democracia, de la paz social y el desarrollo económico.

La inversión para el logro de los proyectos propuestos requería del sustento económico necesario. Es aquí donde aparecen y se logran concretar los primeros acuerdos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo Económico.

El pasado martes 23 de julio concluyó el periodo de ejecución del II Préstamo del Programa de Modernización de la Administración de Justicia convenido entre el Poder Judicial y el BID, autorizado y aprobado por ley de la República desde el año 2002, pero cuya ejecución fue prevista por un plazo decenal que inició en el año 2003.

Se trató de un préstamo por un monto que en total alcanzó la suma de 32 millones de dólares y que tuvo una clara finalidad: hacer de la justicia un servicio accesible, equitativo, eficiente y previsible. El día de hoy concurrimos a la rendición de cuentas de su ejecución, lo que nos permite realizar un recuento de los proyectos y ventajas que han significado para la institución, esos préstamos.

El día de hoy podemos decir con total certeza que los avances alcanzados por el Poder Judicial Costarricense y por el servicio de administración de justicia en su ámbito más general, a través de los proyectos de préstamo Corte-BID sitúan a esta institución a la cabeza, en la región centroamericana y aún latinoamericana, en muchos temas álgidos para una sana administración de justicia. Ocupamos un importante liderazgo en tecnología, en acceso a la información, en políticas de género y accesibilidad a poblaciones vulnerables, en modernización de la justicia, con avances importantes en edificaciones, solo para nombrar algunos de los temas más relevantes.

El préstamo obtenido permitió que la mayoría de los servidores y servidoras judiciales cuenten con equipo informático de las últimas generaciones. La implantación del sistema de gestión, la intranet, el acceso a la red de Internet y de programas informáticos especialmente diseñados para personas con alguna discapacidad fueron también herramientas que nacieron a raíz de este programa.

En materia de edificaciones con el segundo préstamo se logró concretar la construcción del edificio de los tribunales de Alajuela; el diseño y la inspección de los tribunales de Limón; la incorporación de recursos para la construcción y remodelación de los tribunales de Liberia.

En temas de fondo es importante destacar el apoyo decidido a la implantación de la política de género en el Poder Judicial a través de la Secretaría de Género; y con ello, la promoción de un cambio cultural en la institución en esta materia, con logros puntuales tales como los protocolos para el abordaje de situaciones de violencia doméstica.

En materia de formación profesional resulta invaluable el apoyo a la formación de fiscales, la capacitación en temas gerenciales para el Ministerio Público y la Defensa Pública. En el tema de gestión de despachos se rediseñó el Juzgado Laboral de Cartago, el Juzgado Penal
Debo reconocer que aunque administrado por las autoridades judiciales, el préstamo también involucró beneficios para otras instituciones del sector justicia. A modo de ejemplo, el préstamo representó para el Ministerio de Justicia y Paz, la generación del Sistema de Información de Administración Penitenciaria, y la instauración de las casas de la justicia.

El día de hoy asistimos a un logro más, producto de ese préstamo. Se trata de la concreción del Sistema de Seguimiento del Caso, conocido por las siglas SSC, concebido como una herramienta que articula la información de un expediente, entre el Ministerio Público, la Defensa Pública y los tribunales penales; sistema que fue producto de la contratación con la empresa INDRA.
Este producto superó todas las expectativas y los requerimientos iniciales y aunque originalmente está previsto para ser implantado en órganos y despachos de la jurisdicción penal, se presenta a futuro como una herramienta valiosísima para el resto del Poder Judicial.

Sin lugar a dudas, luego de superados los obstáculos iniciales sabemos que la concreción y calidad del producto obtenido es solo fruto del esfuerzo del equipo contraparte configurado por funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Departamento de Tecnología de la Información quienes bajo la única bandera del interés institucional lograron adoptar acuerdos, definir objetivos en forma conjunta y lograr que el producto obtenido sea verdaderamente adecuado a las necesidades de la institución.

De ahí mi reconocimiento particular a los funcionarios y funcionarias de esos despachos, liderados por don Edgar Barquero Ramírez por parte del Ministerio Público; por don Roberto Montero García, a nombre de la Defensa Pública y doña Kathia Morales, de Tecnología de la Información. Mi agradecimiento a ese Comité Técnico que asumió su labor con compromiso y responsabilidad, empleando muchas horas de trabajo para cumplir tareas ajenas a las propias de su cargo y ocupando incluso, parte de su tiempo libre. Solo esa mística y empeño de parte de ustedes, hace que este sistema sea hoy, una realidad.
Imposible dejar de reconocer el papel fundamental que ha significado para el liderazgo del proyecto, la participación primero de doña Sonia Navarro y luego de don Rodrigo Arroyo, Director de la Unidad Ejecutora del Programa, quienes supieron canalizar muy bien, los requerimientos hechos por la Comisión de Seguimiento y lograr que el día de hoy, al rendir cuentas sobre la culminación del II Préstamo para el Programa de Administración de Justicia, los logros alcanzados nos brinden tanta satisfacción.

También mi agradecimiento a los compañeros de la Comisión de Seguimiento de este Préstamo, los magistrados don Román Solís, don José Manuel Arroyo y don Fernando Cruz, quienes por mucho tiempo, acompañados por don Luis Paulino Mora, tuvimos la responsabilidad de orientar los destinos y los proyectos estimados como necesarios y prioritarios para el logro de los objetivos con que el préstamo fue planeado, es decir, lograr que la administración de justicia sea un servicio cada vez más accesible, equitativo, eficiente y previsible. Creo que don Luis Paulino estaría hoy muy orgulloso, como lo estamos nosotros este día, de haberse sido parte del recuento de los avances alcanzados.

Sin lugar a dudas aún existen grandes deudas del Poder Judicial con las personas que demandan sus servicios y con la sociedad en general. Quienes integramos la Corte Suprema de Justicia así como otros órganos involucrados en la administración de esta institución estamos plenamente conscientes de temas trascendentales que requieren ser abordados con prontitud y de manera incisiva. El retraso judicial, la medición de resultados y la rendición de cuentas son algunos de esos temas pendientes.

Debemos ser conscientes de que, frente a la estabilidad laboral que nos proporciona el nombramiento en un puesto en la Administración Pública, los jueces y las juezas también estamos vinculados por el principio constitucional latente en el artículo 11, que nos obliga a cumplir los deberes que la ley impone, bajo los principios de eficiencia, evaluación de resultados y rendición de cuentas.

Finalmente quiero agradecer a las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo por haber aceptado el reto de apoyar con sus recursos el amplio sistema de administración de justicia costarricense. Estimo que la experiencia de trabajar con funcionarios y funcionarias judiciales tan comprometidos y comprometidas; y ver con beneplácito la eficiente, controlada y responsable utilización de los recursos proveídos, significará una carta de garantía para seguir apoyándonos a futuro en los temas que aún están pendientes.

Solo me resta reiterarles a todos y a todas el compromiso que tenemos con la sociedad costarricense, que nos obliga a trabajar de manera incansable hasta lograr que el sistema de administración de justicia sea un servicio en el que todas las personas encuentren una pronta, justa y adecuada atención y resolución a sus diversas peticiones.

Que tengan todos y todas, un muy buen día!