Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Este proyecto que hoy se entrega, tiene un enorme significado para nuestra institución. En primer término, rompe esquemas mentales importantes, algo que resulta siempre difícil en organizaciones burocráticas como la nuestra y sobre todo arraigadas a sus tradiciones, entre ellas los ritos y procedimientos complicados, así como el apego a la escritura y abundantes requisitos para realizar las gestiones más sencillas.

En segundo lugar, rompe el paradigma de que sólo con la reforma de la legislación o aumentando el recurso humano, se pueden mejorar los rendimientos. Sin duda alguna con este proyecto queda demostrado que una eficiente gestión de despachos es igual o más relevante para incidir en una justicia pronta y cumplida que los propios cambios en el derecho procesal.

El proyecto que hoy celebramos tuvo además la virtud de ser el primer rediseño de procesos que se hizo en el Poder Judicial. Tuvo sus orígenes en el Segundo Préstamo entre el Gobierno de la República y el BID, mediante el cual, por iniciativa de la magistrada Zarela Villanueva, se logró destinar recursos del préstamo a la “Contratación de servicios de consultoría para la elaboración de un diagnóstico de la situación, propuesta de rediseño de procesos e implementación de propuesta en los Juzgados de pensiones alimentarias del I Circuito Judicial de San José y el Juzgado de Desamparados.”

Los resultados de esa actividad, abarcaron entre otros aspectos, la revisión y rediseño de los flujos de procesos, lo que permitió visualizar acciones innecesariamente ejecutadas y sin respaldo en normas concretas, que constituían malas prácticas administrativas. También propiciaron advertir la necesidad de adecuar la infraestructura del despacho judicial a los flujos de procesos ejecutados, a raíz de lo cual se hicieron una serie de recomendaciones sobre los requerimientos de diseño arquitectónico. Se formuló una propuesta de organización para una coordinación más eficiente del despacho judicial; el diseño de una herramienta de software ajustada a las necesidades de registro de datos; se hicieron encuestas a personas usuarias sobre la percepción en la calidad de los servicios y necesidades específicas respecto de los mismos; se revisó el ambiente laboral y las necesidades del personal de los despachos, medición del circulante y comparación de flujos de expedientes de los dos juzgados involucrados en el diagnóstico. Estos fueron, entre otros, los aspectos de relevancia que tenían como objetivo la optimización en la administración de los recursos y la mejora sustancial en la calidad del servicio. En todo el proceso se incorporó la perspectiva de género como un mecanismo indispensable para detectar la brecha de género existente en el acceso a la justicia de la jurisdicción de pensiones alimentarias, y para introducir los mecanismos que permitieran reducir los obstáculos existentes.

En el 2007, por designación de la Comisión de Género asume la coordinación del Proyecto en materia de Pensiones Alimentarias la Magistrada Anabelle León Feoli con el acompañamiento de la Secretaría Técnica de Género. Doña Anabelle ha liderado el proyecto con gran éxito desde entonces, con el acompañamiento de muchas otras personas que acá se han reconocido hoy, también la Magistrada Eva Camacho desde la Comisión e indudablemente que la propia Coordinadora del Juzgado, Adriana Fernández; los funcionarios y funcionarias de planificación e informática, así como de la administración en general, que han colaborado para que este proyecto sea posible. No puedo dejar de mencionar que la Presidencia de la Corte, también apoyó este proyecto desde sus inicios, ya que don Luis Paulino ( q. D.g) tenía un profundo compromiso con el apoyo a las materias sociales. A todos los que de una u otra forma han colaborado con esta gran idea, les extiendo mi más sincero agradecimiento, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por su compromiso y sacrificio, que sin duda viene a mejorar la calidad de la justicia en un servicio esencial desde el punto de vista de nuestras responsabilidades como estado social de derecho.

Y es que precisamente todo el fin del sistema de justicia tiene que estar en función de la persona, después de todo en un estado social de derecho, la defensa del ser humano y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En ese sentido, todo sistema de justicia tiene que tener una dimensión humana como parte de su fundamento filosófico. No cabe duda además de que como pilar de la democracia, todo sistema de administración de justicia está legal y moralmente obligado a ser un instrumento para el desarrollo humano de todas las personas, es decir, ser capaz de tutelarlas equitativamente en sus diferentes realidades y necesidades. De allí que la debida atención de las materias sociales es y debe ser una prioridad de la administración de justicia. Este es talvez uno de los cambios más relevantes que ha dado la administración de justicia costarricense en los últimos 15 años, dejando de lado un modelo de justicia-poder, para dar paso a una justicia como servicio público, enmarcada en los compromisos que impone el estar inmersos un estado social, entre ellos, naturalmente, la atención prioritaria de las poblaciones más vulnerabilizadas y económicamente débiles de la sociedad.

De allí que este proyecto que hoy se entrega, es un testimonio de nuestro compromiso con un sistema de justicia que ha dejado de ver en la forma el fondo para que se ocupe de los verdaderos temas sustantivos. Una justicia que incorpore los temas de género en su justo equilibrio. Una justicia imparcial, sin distingo de raza, sexo o condición; una justicia que ampare a los excluidos y que incorpore la dimensión ética en su función, y sí, por supuesto, una justicia pronta, cumplida y sin denegación para todos los que necesiten de ella. Todo esto requiere naturalmente un recurso humano comprometido con estos ideales, capaz de aterrizar estos nobles principios y traducirlos en justicia efectiva en cada caso concreto. Eso me parece que es lo que ustedes han hecho acá, darle sentido al espíritu de la democracia misma, para que cada persona que acude a nosotros en procura de auxilio, reciba como decía Ulpiano “lo que le corresponde” (“Justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”).

Lograr esto en estos tiempos en que existe un cuestionamiento del poder en el mundo es vital para la legitimidad y confianza del sistema de justicia. Vivimos una crisis donde la ciudadanía siente un distanciamiento con las autoridades de gobierno en general, no porque la gente haya dejado de creer en la democracia, sino porque sienten que quienes ostentan el poder no están conectados con sus necesidades. En este escenario, resulta absolutamente vital que nosotros como administración de justicia, sepamos leer los signos de los tiempos y estemos en capacidad real de aterrizar los derechos de las personas y convertirlos en mejoras tangibles para cada uno, en un plazo razonable. Después de todo, gran parte de la confianza en la justicia se basa en nuestra capacidad de hacer cumplir la Constitución y la Ley, con equidad y prontitud.

Para Doña Anabelle, Adriana, Jeannette, doña Eva y todo el equipo que ha hecho posible este proyecto, nuestro agradecimiento sincero porque nos han dado una lección de tenacidad, capacidad e ingenio y sobre todo nos han abierto los esquemas mentales para convencernos de que sí se puede cambiar y mejorar la calidad de la justicia, con pocos recursos y sin depender de otros Poderes, todo a través de una adecuada actitud de servicio acompañada de un rediseño de procesos.