Zarela Villanueva Monge Presidenta Corte Suprema de Justicia

Me siento muy contenta y complacida de que en el inicio de mi gestión como Presidenta del Poder Judicial esté asistiendo a la firma del Convenio de Cooperación para la implantación de un programa tan importante y sensible, como el que nos tiene convocados y convocadas, esta tarde. Recuerdo que el discurso pronunciado ante mis compañeros y compañeras de Corte en días pasados, donde tuve la oportunidad de exponer mi visión del estado actual y de los retos que enfrenta el Poder Judicial lo titulé “Una justicia como instrumento de desarrollo humano”.

Con ese título quise reflejar mi manera de ver lo que está pasando en Poder Judicial, las falencias que presenta el servicio de administración de justicia y cuál, entonces, debe ser su norte: Una visión equilibrada de la Justicia que tutele a todas las personas en sus diferentes realidades.
Desde hace algunos años el Poder Judicial costarricense asumió un profundo cambio ideológico coherente con el concepto de una justicia democrática y planteó un esquema de servicio público que tuviera a la persona usuaria como eje central de su actuación. Con esa perspectiva hemos orientado esfuerzos en la búsqueda de acciones que propicien un servicio de administración de justicia que además de independiente sea accesible, humanizado, que permita la participación ciudadana en la toma de decisiones de lo que las personas usuarias necesitan y que inspire confianza, lo que bien podría decirse, un servicio amigable con la persona usuaria.

Bajo esa óptica fueron creadas las Comisiones de Acceso a la Justicia, de Asuntos Indígenas, de Género, de Ética y Valores, de Resolución Alterna de Conflictos, todas ellas con un claro objetivo de democratización de la justicia, es decir, de hacer efectivo el derecho de todas las personas habitantes de este país, de acudir a las instancias judiciales en defensa o reivindicación de sus derechos, o de resolver pacíficamente sus diferencias, reconociendo precisamente que ese acceso no es igualitario para todos ni para todas.

Tal y como nos lo ha permitido transmitir la reseña hecha en relación con la implantación del Sistema de Nacional de Facilitadores y facilitadoras Judiciales, éste se vislumbra como la forma más cercana a la humanización de la justicia. Los sistemas de administración de justicia de Latinoamérica enfrentan, casi todos, los mismos obstáculos de limitación de recursos, altos niveles de litigiosidad, mora judicial y limitaciones en el acceso a la justicia.

Pero existen poblaciones a las que, a esos obstáculos se suman el desconocimiento de la posibilidad de defender sus derechos, la ausencia de asistencia legal, la lejanía geográfica a las sedes judiciales, los gastos procesales y de honorarios profesionales, el lenguaje, el analfabetismo, y otra serie de barreras de orden económico o cultural, que constituyen muros infranqueables para hacer efectivo su derecho a los servicios de la administración de justicia y con ello, a la tutela efectiva de sus otros derechos.

Para nadie es un secreto que la consecuencia obligada de ese panorama es el abandono voluntario o inducido del reclamo o reivindicación de los derechos.
Por eso, es imperioso eliminar las deudas que tiene el sistema de administración de justicia con la sociedad costarricense en ese aspecto, finalidad hacia la que queremos dedicar todos nuestros esfuerzos.

Somos conscientes de que este proceso tomará tiempo. Por eso, estar firmando en esta tarde, la concreción de un proyecto que de manera distinta pero siempre dentro del ámbito jurisdiccional, trata de hacer llegar la administración de justicia a quienes por distintas razones geográficas, económicas, culturales o sociales se han visto limitadas en el acceso a la justicia, me representa un gran regocijo y esperanza.

Asistimos a un proceso al que las personas deberíamos acostumbrarnos como mecanismo natural para resolver nuestras desavenencias, tal y como lo hicieron nuestros antepasados: acudir a nuestros pares, a personas de reconocida probidad y trayectoria, que con su sabiduría y su don de gentes pueden hacer llegar a convenir a las personas enfrascadas en una disputa.
Pero también es evidente que más allá del amigable componedor o componedora, la persona facilitadota será el abrazo accesible al sistema de administración de justicia por el que, bajo una forma más simple y llana, las personas podrán conocer cómo funciona el sistema judicial; evacuar las dudas básicas sobre su estructura; las oficinas a las que pueden acudir; y lograr el acompañamiento de una persona que les resulta cercana.

Sin lugar a dudas, apoyaremos el éxito que debe tener este proyecto porque de él ganamos todos. Ganan las personas usuarias, urgidas de un servicio de administración de justicia eficiente, equitativo, accesible y humano; gana la organización judicial porque muchos de los conflictos entre las personas de una comunidad podrán ser resueltos en esa instancia, lo que reflejará en el circulante judicial; y gana la sociedad en general, en la medida en que la justicia les resulte más cercana y no un derecho reservado solo a unos pocos.

Aprovecho también para externar mi apoyo a todas aquellas iniciativas, como la que dio cuenta el pasado miércoles la prensa nacional, de los funcionarios y funcionarias del II Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica Pococí, que cargaron sus computadoras e instrumentos de trabajo y se trasladaron a Tortuguero con el objeto decidido de llevar los servicios de la administración de justicia a quienes habitan en esa comunidad, distante de las oficinas judiciales por casi 100 kilómetros.

Confío en que el éxito alcanzado en otras latitudes por el Programa de Facilitadores y Facilitadoras que impulsa la Organización de Estados Americanos sea también el resultado que obtengamos con los proyectos que a partir de hoy iniciamos en el II Circuito Judicial de Alajuela y en el II Circuito Judicial de la Región Atlántica.

Felicito a don Juan Luis Quirós Cascante, por el compromiso adquirido con su comunidad y con el Poder Judicial al ser nombrado el primer facilitador en la comunidad de Boca San Carlos. Su escogencia, por parte de sus vecinos, nos deja patente la calidad humana que usted tiene.

Sin duda, el acuerdo que hoy firmamos y el programa que inauguramos no podría haberse concretado sin la consistente labor del Magistrado Román Solís, quien junto con la Conamaj lideraron y asumieron las acciones necesarias para su concreción. Su compromiso es una garantía para la sostenibilidad del Sistema.

Mi agradecimiento a la Organización de Estados Americanos en la persona del Sr. Pedro Vuskovic, Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de esa organización; y al Reino de los Países Bajos por el apoyo económico brindado a la implantación del Programa en nuestro país. A las autoridades de los Poderes Judiciales de Panamá y Nicaragua, que propiciaron el acercamiento de nuestros funcionarios y funcionarias y les permitieron conocer el sistema; y por supuesto a los magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Costarricense y de la CONAMAJ que asumieron con compromiso e hicieron posible que a partir de hoy el sistema de facilitadores y facilitadoras judiciales sea una realidad para las comunidades de San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles, la Fortuna, Pococí, Guácimo y Siquirres; y posteriormente para las comunidades que también requieren contar con esos servicios como herramienta para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia.

Haga extensivo mi agradecimiento al Ministro, don Mario Zamora Cordero, quien nos honra con su participación esta tarde y desde ya ha comprometido el apoyo y participación de la Fuerza Pública con el Servicio Nacional de Facilitadores en las distintas comunidades donde estaremos trabajando.
Finalmente también quiero externar mi complacencia porque este Programa lleve el nombre de nuestro estimado expresidente don Luis Paulino Mora Mora. Don Luis estaría muy contento de ver concretada una iniciativa consecuente con la visión humanista de la justicia que él inauguró.

Muchas gracias.