La actividad se realizó en el Salón Multiusos de la Corte.

Examinar las ventajas, condiciones y conveniencia que podría traer para Costa Rica la implementación de una jurisdicción especializada contra la delincuencia organizada, fueron parte de los temas analizados el lunes 22 de abril en el foro denominado “Experiencias Nacionales e internacionales en el tema del Crimen Organizado”.

La actividad fue promovida por el Poder Judicial de Costa Rica, la Embajada de los Estados Unidos y el Centro para la Administración de Justicia (CAJ) de la Universidad Internacional de Florida.

Según lo comentó el Dr. Daniel González Álvarez, Director de este Proyecto por parte de la Universidad de Florida, el taller pretende examinar la posibilidad de que en Costa Rica se desarrolle una jurisdicción totalmente especializada contra la delincuencia organizada.

“El propósito del Proyecto es plantear una propuesta ante la Asamblea Legislativa, analizando los pro y contras de esta iniciativa conforme a nuestro sistema constitucional” puntualizó González Álvarez.

Durante la primera audiencia, el Fiscal de la Audiencia Nacional de España, Juan Antonio García Jabaloy, comentó las experiencias que se han dado en su país desde la implementación de esta jurisdicción especializada.

El Fiscal explicó que los delitos que ellos atienden son los de Jurisdicción Universal, delitos contra la corona y de altos funcionarios de gobierno, falsificaciones de moneda, crimen organizado, narcotráfico organizado.

“Somos una jurisdicción especializada y todos los que la conformamos, estamos especializados en la materia, atendemos casos de criminalidad organizada y tenemos jurisdicción a nivel nacional” manifestó García Jabaloy.

En horas de la tarde, se contó con la participación de la Dra. Mayra Campos Zúñiga, Fiscal Adjunta Penal Juvenil, quien detalló aspectos relacionados con la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica y la tramitación que se da en esta Jurisdicción.

Además se analizaron tópicos relacionados con la materia penal de hacienda, estudiando experiencias tanto del Juzgado Penal de Hacienda como del Tribunal Penal de Hacienda.

Esta actividad surge luego de la visita oficial que realizó el 21 y 22 de marzo del año 2011 a El Salvador, el Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, durante la cual anunció que su país iba a brindar una mayor cooperación a América Central en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

En virtud de lo anterior, en el mes junio de año 2011, se recibió en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, la noticia por parte de la Embajada de los Estados Unidos, que el Poder Judicial tenía opción de someter a consideración de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública (INL por sus siglas en inglés), del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por medio de la representación diplomática en Costa Rica, una propuesta de Proyecto hasta por un monto de US $5.000.000 (cinco millones de dólares) para ser considerada en el marco de las subvenciones concursables que el Gobierno de ese país otorgaría a los países beneficiarios como parte de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI por sus siglas en inglés).

De esta manera y con el visto bueno del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora (q.d.D.g.) y en estrecha colaboración con el Despacho de la Presidencia, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y el Departamento de Tecnologías de la Información, se comenzó a elaborar el proyecto que fue sometido a consideración de la Embajada Americana.

El proyecto se enfocó bajo el párrafo tres del “CARSI Challenge Grant Proposal” en el área general denominada Investigaciones Complejas: Desarrollar técnicas de investigación más eficientes y eficaces, incluyendo el uso de grupos integrados de trabajo enfocados en reducir las redes de delincuencia, y mejorar la coordinación policial y fiscal. Las actividades pueden incluir programas orientados a aumentar la permisibilidad de pruebas forenses en los juicios penales, logrando así reducir la necesidad de que los testigos vulnerables tengan que dar testimonio como testigo ocular en casos de crímenes violentos.

La Modificación / Enmienda Número Once a la Carta de Entendimiento sobre la Iniciativa Mérida suscrita entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América en la cual se ejecutarían los fondos CARSI Challenge Grant, fue suscrita el 10 de Abril de 2012.

A partir de ese momento, la Embajada de los Estados Unidos contactó al Centro para la Administración de Justicia (CAJ) de la Universidad Internacional de Florida (FIU por sus siglas en inglés) para ejecutar a través de ellos el Proyecto, mismo en el que se desarrollarán las siguientes actividades:

1. Continuar la reorganización institucional del Ministerio Público de Costa Rica para combatir eficazmente el narcotráfico, y otros crímenes asociados al narcotráfico, como la legitimación de capitales, delitos económicos y tributarios y las organizaciones criminales actuales y facilitar la coordinación intra e inter agencias.
2. Reducción de barreras jurisdiccionales para la aplicación centralizada y especializada y recomendaciones para mejorar las leyes relacionadas con drogas
3. Expansión del sistema de rastreo de casos y desempeño actualmente en operación en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico en el Primer Circuito Judicial de San José a las fiscalías anticorrupción, lavado de dinero y otros crímenes asociados al narcotráfico y/o sistema base de datos General de monitoreo y rastreo (gestión y monitoreo) para la oficina del Fiscal General (la expansión del SSCCN incluye la capacitación a sus operadores y usuarios).
4. Continuar suministrando capacitación especializada para que sea más efectiva y eficiente la lucha contra el narcotráfico y la corrupción relacionada con drogas en el Poder Judicial y el Ministerio Público (incluyendo investigación y prevención de corrupción relacionada con drogas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Este componente requiere la preparación de 8 módulos de capacitación especializada.
5. Adquisición de software y hardware y licencias informáticas para los servidores de base de datos para el sistema de rastreo de casos.

Se estimó que la implementación de este grupo de actividades, tomaría 18 meses y el costo aprobado para la ejecución de las mismas es de $1.580.570.00 (un millón quinientos ochenta mil quinientos setenta dólares).

En la actividad participaron integrantes de la Comisión de Jurisdicción Centralizada y Especializada en Delincuencia Organizada y de la Comisión de Probidad y Transparencia del Poder Judicial.

El foro se extenderá hasta mañana 23 de abril y contará con la exposición del Lic. Erick Gatgens, quien es el encargado de coordinar el tema, los/as participantes realizaran intervenciones y se evacuarán consultas.