Dr. José Manuel Arroyo G. Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia

Quiero referirme, especialmente, a temas que considero de fondo, aprovechando esta ocasión, única, no sólo porque hace parte de un importante proceso de escogencia de la persona que presidirá la Corte Suprema de Justicia, sino porque se trata de un acto abierto al Poder Judicial y a toda la sociedad costarricense. Dejar pasar semejante ocasión sin referirnos a los asuntos de fondo, al encuadre general y a la contextualización de lo que puede ser un programa de gobierno o una estrategia de acción para la justicia en los próximos años o décadas, nos colocaría en la tesitura de mirar el árbol que tenemos enfrente y no el panorámico bosque que debemos apreciar, con el grave riesgo, de paso, de no contar con la brújula orientadora que nos permita caminar en la dirección correcta y alcanzar las metas que nos propongamos.

A. Marco conceptual.

1. Mi apuesta en este sentido es, en primer lugar, por un concepto humanista de justicia. Sé que no digo con esto nada nuevo y ha sido dicho en el pasado, con toda seguridad, de mejor manera por insignes maestros. Pero siento la obligación de reiterarlo en este momento como punto de partida.

2. Una justicia humanista se define, en mi criterio, por tres ideas rectoras que se deben retomar: (a) la primacía del interés general sobre el particular ( es decir, el principio de “solidaridad” que desde el Nuevo Testamento, y conceptualmente desde Tomás de Aquino, propone al “bien común” como única vía de convivencia y sobrevivencia); (b) la primacía del concepto de dignidad humana en toda política social y económica, y particularmente en toda política de justicia (también descubierta esta idea, después de siglos de fuego y sangre, como única vía para encontrar, en el reconocimiento y efectiva realización de los derechos de cada quien, la manera de hacer justicia; y (c) el paradigma de los derechos humanos como continente y horizonte de toda estrategia de desarrollo humano.

3. Culminación o corolario de esta concepción ha de ser la necesaria formulación de una política pública de justicia, no sólo desde y para el Poder Judicial sino como parte de una un plan nacional de desarrollo. Aunque parezca increíble, los planes nacionales de desarrollo esbozados en las últimas décadas, desde que la planificación se convirtió en obligado principio de organización gubernamental, no han incluido nunca un capítulo dedicado a diagnosticar y proponer una política integral para la justicia. Esto es un imperativo que no podemos seguir eludiendo. Será la forma más sana de tender puentes de comunicación con los otros poderes de la República y el mecanismo de coordinación entre los múltiples esfuerzos que se están haciendo de manera descoordinada en materias de prevención y seguridad públicas, con las estrategias de justicia, hasta ahora desarrolladas desde y como tarea exclusiva y excluyente del Poder Judicial. Conviene aclarar aquí que se trataría de formular una política pública de justicia en un plan nacional de desarrollo que vaya más allá de los cuatrienios de gobierno electoralmente definidos y que estamos hablando de una política pública de justicia que procure dar al país ese valor social tan preciado que es la seguridad, no sólo en el sentido de sentar las bases de una sociedad razonablemente pacífica que permita la inversión para el crecimiento económico, sino fundamentalmente una seguridad entendida como aquel principio rector de la paz social a través del bienestar de las mayorías. Desde el Poder Judicial debemos entonces ofrecer a los partidos políticos, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, a las cámaras de empresarios, a las congregaciones religiosas, a los futuros gobiernos y la sociedad costarricense toda, esta iniciativa de una política pública en materia de justicia en procura de planteamientos de más altas miras, que dé credibilidad y esperanza a una población que parece ayuna de ellas.

4. En este último punto debo detenerme, con brevedad, para decirles que abrazo, con pasión, la perspectiva que se ha formulado por lo más avanzado de las reflexiones teóricas, convenios y declaraciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, desde donde se nos viene advirtiendo desde hace ya décadas dos cuestiones fundamentales: la primera, que no se vale, a la altura de nuestros tiempos, prohijar o mantener tipo alguno de discriminación en razón de género, etnia, ideología, nacionalidad, discapacidad, religión, diversidad sexual o cualesquiera otra condición esencial de las personas; la segunda, que si bien no podemos prescindir de la seguridad ciudadana (entendida como la respuesta de la sociedad a través de mecanismos de control y represión a quienes infringen sus normas de convivencia básicas), más importante aún es poner todos nuestros esfuerzos en alcanzar la seguridad humana, (que le suministre a las grandes mayorías acceso a la alimentación, al trabajo de calidad, a un techo digno, a servicios básicos de transporte y comunicación, así como educación pública idónea, salud y por supuesto, acceso a la justicia). Eso que tienen Suecia, Noruega y Finlandia; eso con que cuentan sociedades seguras y pacíficas como Dinamarca, Alemania, Canadá o Japón y que nos evidencia el axioma de que a mayor seguridad humana, menor violencia social, así de fácil de decir, ¿por qué será tan difícil de lograr?

5. No puedo dejar de mencionar, en esta misma perspectiva, que creo en un Poder Judicial y una administración de justicia que con su accionar incida de manera efectiva en contrastar las violencias estructurales y desequilibrios sociales de nuestra Costa Rica. Creo, para sólo dar algunos ejemplos, en una aparato judicial que coadyuve a que este país de una vez y por todas tenga un sistema impositivo justo (de cada quien según sus posibilidades), y que ayude también a una mejor recaudación de lo que ya está acordado en esta materia; creo en un aparato judicial que repare en la violencia que significa no pagar salarios mínimos o eludir el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social las cuotas obrero-patronales-estatales correspondientes, (no les cuento el impacto que esto tiene en índices de pobreza y pobreza extrema, o en la crisis de recurso para esa institución emblemática); creo en una administración de justicia que repare en la violencia estructural que significa hacer nugatorios los derechos alimentarios de esas dos grandes mayorías que son las mujeres y los niños y niñas de este país (y aquí aprovecho para decir que los esfuerzos que hemos hecho en el Poder Judicial en esta materia y en algunas otras como la gestión de despacho, debe hacernos pasar de las estrategias focalizadas a través de planes piloto, a políticas públicas de justicia universales que hagan realidad estos avances a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y no sólo en algunos centros urbanos); creo en una justicia que continúe buscando garantizar los derechos de las minorías y sectores más vulnerables de nuestro entorno; creo también, para dar un último ejemplo, en un sistema de justicia con claras estrategias que contengan la violencia criminal, bajo el principio de igualdad respecto de la delincuencia común y la delincuencia no convencional cuya respuesta última es la cárcel, pero también creo que hay que redoblar esfuerzos e invertir recursos en estrategias alternativas y programas que, como el de justicia restaurativa, nos abre nuevos horizontes en el tratamiento de este tipo de conflictividad social.

6. En este encuadre introductorio, no puedo dejar de mencionar que creo en un Poder Judicial como mecanismo esencial de control en un estado de derecho; un Poder Judicial que se define por algunos teóricos contemporáneos como contra poder, principalmente en pro del más débil frente al más fuerte en el universo de relaciones interpersonales y grupales. Si, como les digo hasta el cansancio a mis estudiantes, el derecho no sirve para resolver los conflictos y rehacer el tejido social, francamente no sirve para nada. Tenemos que evaluar el grado de incidencia que este Poder Judicial y esta administración de justicia están teniendo en la construcción de esa paz social y enfrentar con valentía la deuda que tenemos con las y los costarricenses. Hay una clara corriente, que es mundial, de tratar de neutralizar y hasta aniquilar a las instituciones de control del poder, en orden a planteamientos económicos o ideológicos. Esa tendencia se reconoce con claridad en nuestro medio y si permitimos que se consolide, estoy convencido que se habrá asestado un duro golpe a la convivencia democrática. Se trata de ser eficientes sí, pero sin olvidar que en esta casa se trata principalmente de ser justos.

7. Nada de esto será posible, sobre todo en nuestros días y a propósito de hechos recientes, sin una defensa cabal del principio de independencia judicial. Y no para defender privilegios o irresponsabilidades personales o gremiales; sino fundamentalmente para asegurar la existencia de juezas y jueces con la independencia, objetividad y probidad suficientes para garantizar el derecho ciudadano a la justicia. Un Poder Judicial que no tenga que suplicar recursos para cumplir las tareas que otros le encomiendan y juzgadores con las defensas necesarias para no verse presionados o conminados por los poderes visibles e invisibles que pueden gravitar alrededor de su delicada misión.

B. Temas estratégicos y definición de prioridades.

1. Dicho lo anterior quisiera decir que respeto profundamente los proyectos, programas e iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos años. Han hecho parte del fortísimo liderazgo en cabeza de Luis Paulino Mora Mora y que hoy debemos aquilatar y rescatar para llevarlos a buen puerto. Si alguna observación haría en este campo es que, en efecto, debemos avocarnos a ordenar la casa, sobre todo inventariando todas esas actividades, procurando eliminar duplicidades, pasando de los planes piloto a los desarrollos universales y estableciendo prioridades a futuro, incorporando, por supuesto, las nuevas propuestas que vayan surgiendo. El Plan Estratégico 2013-2017 contiene la reflexión más seria que hemos logrado hasta ahora acerca las tareas institucionales que nos esperan. Tengo claro, sin embargo, que esa propuesta debe entenderse como una hoja de ruta abierta a nuevas ideas, modificaciones y actualizaciones que de camino sean necesarias, razón por la cual, me permito dar mi opinión, teniendo en cuenta que cualquier definición de planes de acción cuentan y contarán con el valladar de los recursos disponibles y con toda seguridad tendremos que ponernos de acuerdo, entre todos, en la definición de esas prioridades y suscribir los compromisos que ya se han anunciado.

2. Me permito compartir con ustedes las prioridades que desde mi punto deben prevalecer. Me atengo a lo avanzado hasta ahora en el Plan Estratégico diseñado para el próximo quinquenio y llamando la atención de que, cualquiera sean las prioridades finalmente establecidas, tendrán que pasar por el filtro de los costos y la posibilidad real de universalizar su implementación:

a. Respecto del retardo judicial injustificado. Entendiendo que todo conflicto lleva necesariamente su tiempo de atención, la duración razonable, sobre la que hay estudios y definición de parámetros internacionales, es un obligado tema a priorizar. Me parece que las reformas legales con los más modernos institutos y mecanismos procesales son una estrategia que no debemos descuidar. De igual manera, toda la gama de estrategias alternativas que se han venido aplicando y que tienen aún terreno por recorrer es otra de las tareas de primer orden: las medidas alternativas, desde las sanciones penales hasta la resolución alternativa de conflictos; desde la oralidad hasta la justicia restaurativa. En esta perspectiva entran también los sistemas informáticos para la toma de decisiones, componente que quizá sea el más costoso desde el punto de vista económico y que sólo podrá ser una realidad en la medida en que se determinen con precisión esos costes y pueda convertirse en una política judicial para todos.

b. Modernización de la gestión judicial. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en materia de reorganización de despachos, modernos sistemas de gestión y certificación de la calidad del servicio, principalmente por medio del Centro de Gestión de Calidad y la Presidencia de la Corte, deben seguir ocupando uno de los sitios prioritarios del desarrollo institucional del futuro. Precisamente es este uno de los ámbitos donde la política de focalización o de planes piloto, lo mismo que la duplicidad de programas e iniciativas, deben dar paso a estrategias uniformes de desarrollo en este campo. Si bien esa sería una tarea relativamente fácil de alcanzar, lo que sí queda por resolver es la estimación de los costos en una política general de aplicación inmediata para todo el Poder Judicial. Quizá la verdadera viabilidad del proyecto de modernización de la gestión judicial esté en un proyecto de mediano plazo, precisamente los cinco años que tenemos por delante en el marco del nuevo Plan Estratégico, que pueda destinar los recursos anuales con que se cuente, en un proceso gradual pero planificado hasta alcanzar la implementación de estas reformas en toda la institución.

c. Participación ciudadana. Al esfuerzo que se ha hecho hasta ahora desde la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, trabajando con ciertas comunidades (volvemos sobre el tema de las limitaciones de los planes piloto) a integrarse en el diagnóstico de necesidades y su incorporación en las políticas de administración de los respectivos circuitos judiciales, hay que incorporar la idea planteada en el taller de la semana pasada de impulsar reformas procesales que impliquen participación ciudadana sustancial en punto a “procesos colectivos” mediante los cuales pueda lograrse la protección efectiva de intereses colectivos y corporativos; así como a través de la acción popular.

d. Recurso humano. Los temas involucrados se relacionan, principalmente con el reclutamiento y selección del personal. Sin embargo, estoy convencido que la más alta prioridad en esta materia tiene que ver con el reclutamiento y selección de los jueces y juezas de la República. Para nadie es un secreto las deficiencias que está presentando la formación profesional media en las escuelas de derecho. Esto se ha agravado con la constatación de que las y los mejores estudiantes de los mejores centros, no ven al Poder Judicial como una opción prioritaria. En este punto creo que la discusión y definición de una nueva ley de Carrera Judicial, cuyo anteproyecto nos está esperando, podrá ayudar en mucho a aliviar los problemas de capacitación, preparación y selección de personal profesional de la judicatura. Una actualización de los incentivos económicos para las áreas rurales del país podría ayudar a encontrar jóvenes profesionales que se vean motivados a seguir la carrera judicial. Finalmente es de importancia tomar nota acerca de la incorporación de parámetros de salud ocupacional y estrategias de incentivos laborales en general para mejorar las condiciones de los trabajadores judiciales y la calidad del servicio que se presta, idea que también fue expuesta en nuestro pasado encuentro.

e. Comunicación institucional. Sabemos de los serios problemas que hemos enfrentado, en el ámbito interno y en orden a las citaciones y notificaciones oficiales. Este es un problema que, bien diagnosticado como está, requiere de un seguimiento y actualización para poder paliar una de los déficits más señaladas que tenemos con el usuario. Me permito incorporar aquí otro de los problemas más señalados en el orden interno de nuestra institución. Todas las directrices y circulares propuestas por las comisiones de materias y otras entidades al Consejo Superior o a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo aquellas dirigidas a la judicatura para corregir problemas relacionados con el retardo judicial, terminan siendo recordatorios que caen al vacío, sin un mecanismo de seguimiento y control que asegure su cumplimiento y efectividad. Urge el diseño de una oficina u órgano auxiliar, sea del actual Consejo Superior o del futuro Consejo de Administración o Consejo de la Judicatura, que de una vez por todas controle y de seguimiento a las directrices de los órganos rectores, de manera que la judicatura sepa que el cumplimiento de tales directrices va en serio y que la desaplicación tendrá en última instancia consecuencias disciplinarias.

f. Transparencia y rendición de cuentas. Si en algún tema no debemos preocuparnos por los costos económicos, la duración o la complejidad de los procesos, es precisamente en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata de tener tan sólo la suficiente voluntad política para que las decisiones institucionales, de interés público sean tomadas de cara a la ciudadanía, con votos razonados y en foros abiertos y directos. Sólo el tiempo podrá demostrarnos que el costo de la opacidad, el hermetismo o el sigilo son los propios de la autarquía o el autoritarismo, esencialmente contrarios a la democracia como sistema de convivencia política.

En esta dirección he sostenido en mi discurso y en mi práctica la necesidad de un Poder Judicial abierto al examen social, de la academia, de las organizaciones de sociedad civil y de la prensa, y me mantendría fiel a este principio, pues resulta esencial para el fortalecimiento democrático el que toda la actuación institucional pueda ser objeto de evaluación y crítica. Obviamente, nada de esto se refiere a la tramitación de los casos, y más bien me preocupa la fuga de información sobre casos concretos hacia los medios de información, sobre lo que sí pienso que debemos redoblar medidas de control.

g. Planificación institucional. Por último, sobre la base de la definición de prioridades a través de sus órganos de gobierno y administración, la planificación que organice procesos y maximice el aprovechamiento de los recursos, es una prioridad por sí misma. La coherencia entre planes estratégicos, planes operativos y presupuesto anual debe tener, en la planificación estratégica, la herramienta indispensable para el logro de las metas propuestas. Hace falta, eso sí, trabajar en el diseño de auténticos mecanismos de control y seguimiento, debilidad que se ha identificado plenamente a partir de las experiencias tenidas hasta ahora en materia la implementación de los planes quinquenales, cuestión en la que el criterio técnico tendrá un peso importante para la toma de decisiones.

C. Nuestro compomiso desde la Sala Tercera.

1. La naturaleza propia de los asuntos que se conocen en la Sala Tercera son de suyo altamente delicados, y en muchos casos de excepcional transcendencia política o social. Este solo aspecto podría ser suficiente para que las y los magistrados que atendemos esta materia tuviéramos suficiente con las tensiones propias de esos casos. Sin embargo, como es conocido, al lado de las labores jurisdiccionales los magistrados y magistradas de la Sala Tercera tenemos que atender las funciones administrativas y de política general implicadas en el gobierno del Poder Judicial. Puedo decirles que al frente de la Sala Tercera y pese al agobiante trabajo que demanda, hemos podido atender los principales retos que en los últimos años han sido ineludibles, entre los cuales puedo mencionar: (a) La reforma al régimen de impugnación penal que conformó los tribunales de apelación de sentencia como resultado último del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. El país ha sido declarado finalmente en “status de cumplimiento” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la promulgación de la ley 8837, vigente a partir de diciembre de 2011. Esta ha sido una iniciativa y un arduo trabajo de todos los y las integrantes titulares de la Sala, esfuerzo que también demandó un importante labor de coordinación con la Asamblea Legislativa, así como de defensa del Estado costarricense ante la Comisión y la Corte Interamericana de derechos humanos; (b) un rediseño interno de procesos administrativos y de gestión de la Sala que, conforme los dictámenes técnicos del Departamento de Planificación del Poder Judicial, es uno de los más amplios y sistemáticos procesos de transformación administrativa realizado a lo interno del Poder Judicial, y cuyos productos más significativos han sido: la reordenación de roles y tareas (lo que ha culminado con la conformación de productos importantes, tales como un actualizado Manual de Funciones, un conjunto de flujogramas para cada uno de los subprocesos, los indicadores de gestión y un informe final de cierre), la eliminación de “cuellos de botella”, “tiempos muertos” y duplicación de pasos, (lo que incidió en la baja sustancial de la duración de los trámites); la conformación de mecanismos informáticos y manuales de control (lo que impactó el orden en el manejo de los expedientes, su pronta ubicación y la eliminación de los extravíos momentáneos de documentos y de los expedientes mismos). Esta empresa tampoco hubiera sido posible sin la estrecha colaboración de los profesionales del Departamento de Planificación y la Sala; así como la metodología definida que supuso talleres iniciales de diagnóstico y estado de la cuestión, entrevistas y encuestas a todo el personal; incorporación de todos los segmentos del funcionariado en la labor de construcción y seguimiento de los cambios propuestos; y la validación final de las transformaciones acordadas. Como resultados positivos de estas reformas se logra disminuir la “tasa de congestión” en la resolución de asuntos; disminuyó significativamente el número de asuntos ingresados a la Sala; se lograron resolver más asuntos de los que ingresaron; se mejoraron algunos tiempos de resolución y, en términos generales, se ha puesto al día el trámite de asuntos pendientes. Para no cansarlos con cifras, de un circulante cercano a los 1.800 asuntos que teníamos para el 2008, hemos logrado llegar a un manejo de más de un 50% de esa cifra, cercana a 800 expedientes en números absolutos para el año 2012. En estas condiciones la Sala Tercera está lista para cualquier evaluación de desempeño y certificación; (c) un amplio programa de implementación de la oralidad en el proceso penal y modernización de los despachos judiciales con logros como una efectiva reorganización en la gestión de los despachos, agilización de trámites, disminución en tiempos de duración, disminución en circulante, mejoramiento en realización de audiencias y mejora en percepción del servicio por parte de usuarios. Hemos de ser sinceros al reconocer que precisamente estas iniciativas son de las que han sido llevadas a cabo mediante estrategias de focalización o planes piloto y al lado de otros programas que igualmente buscan la eficiencia de la gestión, ambos aspectos que deben superarse a lo interno de las políticas generales del Poder Judicial. Por supuesto que aquí hemos contado con el apoyo del Programa Corte-Bid, de la Comisión de Oralidad y de la Presidencia de la Corte: (d) La dirección y puesta en marcha del programa de flagrancias que ha impactado muy positivamente el control de la criminalidad común ejerciéndose una respuesta pronta (de días o pocas semanas) y eficaz (dictándose sentencia y ejecutándose de inmediato) sobre asuntos que anteriormente tardaban meses y hasta años en resolverse. De nuevo estamos ante un esfuerzo conjunto desde su inicio, de magistrados y magistradas de la Sala Tercera, de la reforma normativa ante la Asamblea Legislativa y de la ardua labor de implementación y seguimiento en la Comisión del Programa Nacional de Flagrancias integrada por la Magistrada Pereira Villalobos, del representante del Ministerio Público Francisco Fonseca Ramos y del representante de la Defensa Pública Milton Castro Serrano, junto a quien les habla como coordinador; (d) un decidido compromiso con la reforma de todas las leyes orgánicas del Poder Judicial en busca de su democratización y modernización de esta institución. Así, se han discutido y aprobado en Corte Plena reformas a la Constitución Política (para un nuevo capítulo de Justicia) y se están tramitando y discutiendo las reformas orgánicas al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Carrera Judicial. La Comisión que en su momento integramos los magistrados Mora, Aguirre, Rivas y quien les habla, ha presentado ante esta Corte Plena los borradores o anteproyectos de estas reformas orgánicas, siendo que entre lo más destacado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se encuentra un rediseño organizativo que plantea una función cardinal para la Corte Suprema, centrada en la formulación de planes estratégicos y operativos, dictado de líneas prioritarias para el presupuesto de cada año, control político sobre la ejecución de ese presupuesto de cara a las demás entidades y órganos institucionales; se plantea también la especialización de un Consejo de Administración del Poder Judicial para la ejecución de todas esas tareas y, aunque el anteproyecto no lo contempla, aquí podemos tomar la decisión de la desconcentración administrativa en gerencias sectoriales frente al esquema actual de concentración en una dirección administrativa; un fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, con representación de los jueces y juezas de las distintas jurisdicciones e instancias, que administre la carrera judicial en estrecha coordinación con la Escuela; se propone un tribunal disciplinario para el juzgamiento de las faltas que venga a superar nuestra Inspección Judicial tradicional y asegure el debido proceso frente a jueces o juezas que incurran en faltas disciplinarias; en el marco de las cumbres iberoamericanas se me ha honrado como Comisionado de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana y me ha correspondido coordinar la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica. Este es sin duda un tema que ha llegado para quedarse, con visión pionera del Magistrado Mora, y el liderazgo, en su momento, de las magistradas Villanueva, León y Escoto, hoy contamos con toda una red institucional de subcomisiones alrededor de una declaración de valores institucionales compartidos y una clara política pública en esta materia, lo que ha colocado al Poder Judicial a la vanguardia no sólo a lo interno del país, sino en la región y en el mundo. Una vez más, esto ha sido posible no sólo por la conducción del y las magistradas mencionadas, sino de un equipo técnico y profesional del más alto nivel y de una inmensa cantidad de funcionarios y empleados que, con voluntariado y compromiso, han hecho posible estos avances.

Y concluyo.

D. Conclusión.

Compañeras, compañeros: Con humildad me atrevo a proponer a ustedes mi nombre para presidir la Corte Suprema de Justicia. Lo hago por la sola razón de creer, aunque pueda equivocarme, que tengo ideas maduras de para dónde debe ir el Poder Judicial y la administración de justicia en una Costa Rica que requiere urgentemente mejorar sus estándares de gobernabilidad y la credibilidad de sus instituciones y sus liderazgos. No ignoro que estamos hablando de la silla que en algún momento ocuparon, nada más y nada menos, patricios como Ricardo Jiménez Oreamuno, Enrique Guier Sáenz, Fernando Baudrit Solera, Fernando Coto Albán, Ulises Odio Santos, Miguel Blanco Quirós, Edgar Cervantes Villalta y Luis Paulino Mora Mora. El peso de la responsabilidad que caerá sobre quien designemos en este proceso eleccionario no sólo es particularmente arduo por la urgencia de estar a la altura de esos antecesores, sino por los enormes retos que tenemos enfrente. Sólo el trabajo de todas y todos nos llevará a buen puerto. Cuenten con este compañero cualquiera sea el resultado final del proceso eleccionario al que nos hemos avocado. La unidad de todos y todas se impone como un deber ético-político hombro a hombro con la persona que sea designada. Hago votos para que las pasiones se apacigüen, los prejuicios se superen, la prudencia-virtud de virtudes en la jurisprudencia- se imponga y que la Providencia nos ilumine.

Muchas gracias.