Zarela Villanueva Monge Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Vengo a presentarme ante ustedes y someter mi nombre, como candidata a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, según lo acordado por esta Corte. Cargo sobre mis hombros la pesada pero muy honrosa tarea, con esta postulación, de convertirme en la primera mujer que, en 187 años de historia judicial –casi dos siglos- se postula para la Presidencia de la Corte Plena, que nunca ha elegido como presidenta a una mujer.

Esta postulación la fundamento en 34 años de carrera judicial ininterrumpida, que tenido como jueza, en todas las instancias de los tribunales de la República, sin ningún cuestionamiento a mi independencia. Mis resoluciones y mi labor en el campo de gobierno y administración las he realizado con absoluto apego a la constitución, a la ley y a mi conciencia.

A manera de resumen, también respalda mi postulación:

a- Mi actividad jurisdiccional, acreditados por esa experiencia como jueza y como magistrada de este Poder de la República. Mi trabajo por la especialización en la materia de familia, pensiones alimentarias y la jurisdicción laboral, labor propiciada en los últimos veinte años.

b- He trabajado en la Democratización del Gobierno Judicial e Implantación de la Carrera Judicial. Participé en la confección de la propuesta legislativa de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, de la ley de carrera judicial; y trabajé por promover una clara política para la aplicación de esta última ley (1999).

c- El conocimiento y el trabajo en el Programa de Modernización del Poder Judicial, concretamente en su segunda etapa, donde se ha impulsado la reorganización del Ministerio Público y de la Defensa Pública y se hizo también el primer rediseño de procesos en la institución.

d- Mi compromiso con el acceso a la justicia y el principio de igualdad de las mujeres dentro del Poder Judicial que se ha traducido al menos en 3 áreas fundamentales a saber:

1. En esta etapa se promueve una justicia más humana, desde la promulgación de la primera política pública de esta institución, la Política de Equidad de Género y la creación de la Secretaría Técnica de Género.

2. La creación de la jurisdicción de violencia doméstica, su trabajo interdisciplinario y especializado.

3. La implementación de la ley de penalización, el impulso a sus reformas, la creación de las fiscalías especializadas y la fiscalía adjunta, delitos sexuales y violencia doméstica.

e- La promoción y efectividad de los derechos de las víctimas mediante la creación de servicios unificados integrales para evitar la revictimización, creación del modelo denominado Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas.

f- La proyección del Poder Judicial costarricense en la Cumbre Iberoamericana de Poder Judiciales impulsando tres de sus documentos: la "Carta de los Derechos de la Persona ante la Justicia", la propuesta de "Acceso a la Justicia de las Mujeres" y en la última Cumbre la "Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas".

g- En mi desempeño como Vicepresidenta me ha correspondido presidir 164 sesiones del Consejo Superior; participado en la formulación y negociación política de cuatro presupuestos; y en las Comisiones de Transparencia y de Nombramientos.

h- Mi visión de la Justicia: se ha trabajado por pasar de una justicia poder a visualizarla como una justicia de servicio público. El paso siguiente es considerarla como un instrumento que venga a garantizar a todo ser humano el desarrollo de una vida digna y de participar efectivamente en las oportunidades de bienestar en todos los ámbitos. La justicia es un instrumento para construir una democracia inclusiva, esta concepción es una meta que debe regir el gobierno que ejercemos. Nos obliga a propiciar una organización, una estructura, un funcionamiento con esa finalidad. El acceso debe promoverse para todas las personas, y el proceso en cualquier materia debe contar con las garantías para que las partes defiendan sus derechos en igualdad de condiciones.

Como institución y en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, acusatorias y de investigación que tenemos encomendadas, debemos garantizar la absoluta independencia. Cualquier amenaza que pretenda limitar esta garantía constitucional debe ser enfrentada con firmeza.

La definición de cuáles deben ser los temas prioritarios a los que debe atender la administración de justicia, por lo menos en lo que resulta del quinquenio comprendido entre el presente año y el 2017, fueron definidos por esta Corte al aprobar el Plan Anual Estratégico de ese período. La Corte aprobó, como los grandes temas estratégicos que deben orientar el funcionamiento de la administración de justicia: el retraso judicial; la modernización de la gestión judicial; la participación ciudadana; la gestión del recurso humano; la comunicación institucional; la transparencia y rendición de cuentas; y la planificación institucional; transversalizados todos por cinco ejes fundamentales: el servicio público de calidad, la accesibilidad a los servicios, género, ética y valores, así como medio ambiente. Estas son las grandes líneas institucionales de trabajo definidas por esta Corte y a las que entonces deberán estar encaminados nuestros esfuerzos como institución. En ese intento debemos tomar en cuenta y comprender los desafíos históricos a los que nos enfrentamos como país y como Poder Judicial: una época de cuestionamiento de las instituciones y de las personas que ejecutan; un panorama en el que se ha potenciado al máximo el reclamo de los derechos de las personas frente a una estructura estatal incapaz de atender esas demandas, lo que ha provocado una judicialización de todos los temas; la insertación en nuestro país de los tentáculos del crimen organizado; el aumento del conflicto social, la corrupción en la administración pública, etc…

Me refiero, a un tema que me parece urgente, y sin el cual no es posible caminar de manera efectiva:

Mejoramiento del Gobierno Judicial y toma de decisiones:

La reforma general a la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, introducida en 1993 y vigente hoy, tuvo el objetivo definido de crear el Consejo Superior del Poder Judicial como un mecanismo para democratizar los órganos de ejecución de las políticas internas y así tomar decisiones menos verticales y más transparentes.

Se pretendía sustraer a la Corte Plena, de las funciones administrativas del caso concreto para que, quienes la integran, dedicaran más tiempo a administrar justicia y, sobre todo, a la elaboración de una real y efectiva política judicial.

Hoy en día la agenda de las sesiones de Corte Plena están cargadas de asuntos y el desarrollo de las mismas sesiones, evidencia un inadecuado manejo del tiempo.

No existe una adecuada coordinación entre la labor de la Corte Plena, de las comisiones y del Consejo Superior. Tampoco entre las propias comisiones; y no hay mecanismos apropiados de comunicación entre los órganos técnicos, asesores y de ejecución con la Corte Plena. Frente a este panorama, debe analizarse la propuesta concreta de alternativas para corregir la situación e implantar una mejora en la forma de gobierno.

2- El presupuesto institucional es uno de los actos de gobierno más importantes. Su propuesta debe vincularse con el plan estratégico y con los indicadores de gestión. Impulsaré la metodología de su análisis, para que trascienda el informe de creación de plazas.

Es urgente revisar la forma cómo se toman decisiones, se ejecutan y se les da seguimiento; igualmente las líneas de coordinación entre la Corte y los órganos ejecutores de esas líneas de dirección: la Dirección Ejecutiva, la Secretaría, así como redefinir las competencias del Consejo Superior, del Consejo de la Judicatura; y mejorar la articulación Corte-Consejo Superior-Consejos de Administración.
Es importante impulsar la promulgación del Reglamento para el funcionamiento de la Corte Plena.
Presentaré a la un proyecto de modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la alternabilidad en la Presidencia de la Corte Suprema.

Frente al Retraso Judicial:

Este tema es la gran deuda de la administración de justicia con la sociedad costarricense. Cada persona en este país contribuye anualmente con 71,79 dólares. Cierto es que hay razones estructurales que impactan el sistema de justicia y ocasionan una demanda de servicios con una de las tasas de litigio más altas de América. El acceso a la justicia se ha incentivado en los últimos 50 años en el país y el amplio marco de derechos que se han otorgado, no van acordes con la capacidad institucional de atenderlos en forma efectiva. El resultado ha sido que se litiguen los derechos que no se obtienen ante las instancias estatales. A ello hay que añadirle el aumento en la violencia social en general, que impacta especialmente las diversas áreas de la jurisdicción penal, que como ustedes saben consume más de la mitad del presupuesto institucional; y las de violencia doméstica y familia. Estas no son las únicas materias que tienen un crecimiento anormal frente a una realidad social que se sale de todo parámetro histórico, pero resultan ser las más emblemáticas.

Programa para estandarizar:

- Estandarizar los procesos una vez realizado el rediseño; identificar los tribunales que tienen problemas de atrasos; y crear el programa de seguimiento y ejecución de las medidas adoptadas, con un sistema de control que tome en cuenta la opinión de usuarios y usuarias (planificación). Las acciones dirigidas a obtener esta finalidad deben estar coordinadas, respondiendo a un programa por materia y en cada jurisdicción. Las Unidades Administrativas participarán en el control, implantación, y seguimiento de estas medidas. Igualmente debe coordinarse con el Consejo de Administración. La calidad en el servicio debe ser un elemento incorporado en todos los casos.

- Establecer los parámetros de resoluciones de quienes administran justicia y de quienes dependen de ellos.

- Utilización de la técnica de oralidad, expediente electrónico, políticas de cero papel, de manera programada para que se tenga coordinación entre las diferentes instancias.

- Impulsar la capacitación por la Escuela Judicial de manera intensiva en las técnicas de conciliación y mediación, para propiciar una solución entre las partes, desde el inicio del proceso. Naturalmente que aplican las restricciones legales para la materia de personas menores de edad, víctimas de violencia sexual y otras, pero el gran grueso de procesos se podrán fortalecer con estas técnicas para resolver en menor tiempo y con el acuerdo satisfactorio de las partes.

Transparencia

- La finalidad de la institución debe ser trabajar para la democracia y la transparencia es un instrumento fundamental a ese logro. Es un diálogo permanente con la sociedad civil para que esta nos diga qué es lo que quiere saber y qué es lo que necesita; lo que la sociedad reclama del Poder Judicial y con base en ello fijar las políticas institucionales.

- En este tema hemos avanzado mucho al punto que el Ceja nos ha reconocido, en más de una ocasión, como el Poder Judicial más transparente de Latinoamérica por la calidad y cantidad de la información puesta al público a través de los medios informáticos.

- Se ha concretado el "Estado de la Justicia", como resultado de un convenio que se gestó con el Estado de la Nación, en esto he sido promotora de esta acción. Este es el primer esfuerzo por contar con un observador imparcial que pueda evaluarnos periódicamente.

Fortalecer la independencia y la carrera judicial.

La independencia judicial consiste en garantizarle a quienes ejercen la judicatura, resolver conforme a su propio criterio sin interferencias ni limitaciones, tanto a nivel de judicatura como de magistratura. Cualquier destitución debe basarse en términos objetivos dentro de un marco democrático de rendición de cuentas.

Fortalecimiento del Consejo de la Judicatura: Dentro del esquema de fortalecimiento de la judicatura y la independencia judicial, me parece relevante impulsar la reforma planteada para fortalecer el Consejo de la Judicatura y quitarle a la Corte y al Consejo Superior la función de nombramiento y disciplina de juezas y jueces.

Evaluación del desempeño: Es un tema sobre el cual la institución tiene un rezago importante. Ya existe una propuesta de una Comisión de compañeros y compañeras y observaciones de la judicatura. Estimo que la Corte debe agendar y tomar las decisiones en el plazo de los próximos 3 meses, e implementar la política completa en un periodo no mayor a dos años.

Inversión de recursos para un seguimiento efectivo en los períodos de prueba: El sistema de seguimiento para revisar el desempeño de jueces y juezas durante el primer año que constituye el período de prueba de su nombramiento en propiedad por primera vez, y los tres meses cuando se asciende, exige una mayor dedicación de recursos de esa labor, que esta a cargo del Consejo de la Judicatura. Es necesario tener claridad de esta importante tarea, porque la estabilidad en la carrera debe ir acompañada de una evaluación sistemática de desempeño durante el período de prueba y posteriormente.

Órganos Auxiliares: En relación con el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, promoveré que sus jefaturas y su personal, impulsen el establecimiento de reglas que permitan el ingreso y el ascenso de manera objetiva e imparcial, con miras a garantizar un clima ocupacional adecuado y un mejor servicio.

Sector Administrativo: en este ámbito es necesario promover un sistema de evaluación del desempeño, propiciar la capacitación y el establecimiento de un sistema de becas. Impulsaré el rediseño en los procesos de este ámbito para fortalecer el criterio técnico y la oportunidad del mismo.

Impulsar el mejoramiento de la infraestructura judicial: Hay un gasto cercano a los 4,300 millones de colones por año en alquileres; y un déficit de al menos 50 mil metros cuadrados que nos obliga a intentar nuevas formas de financiamiento. Promoveré las acciones necesarias para impulsar nuevas formas de financiamiento.

Potenciar la labor de las Contralorías de Servicios del Poder Judicial: El mal servicio aparece también como un problema recurrente en los distintos informes y diagnósticos institucionales externos e internos. Debemos analizar la implantación de la ventanilla ciudadana.

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO:

Es imprescindible dar preponderancia al ser humano en la organización. Las personas son el motor y el sustento de los cambios institucionales
-Establecimiento de una estrategia de selección y reclutamiento basado en competencias laborales, que capte las personas que tengan actitudes, aptitudes y conocimientos para desempeñarse en la institución.

Los servicios de medicina a empleados se deben extender a los centros de trabajo fuera de la periferia, de manera que hagan posible su sostenimiento.

Conclusión.

Compañeras y compañeros! Ningún proyecto es posible sin la disposición, el trabajo y el acuerdo de cada una de las veintidós personas que integramos esta Corte, un órgano donde la decisión nos corresponde de manera conjunta
He dado un paso adelante para ofrecer mi disposición de propiciar acuerdos, en un marco de respeto y en la seguridad de que nos une el interés institucional, más allá de cualquier diferencia.

La historia no se inicia cuando llegamos. Hay un largo camino de quienes nos antecedieron e hicieron de este Poder Judicial, un pilar de nuestra democracia. Nuestra responsabilidad es tomar el timón, asumir el reto y dar nuestro aporte para fortalecer, en los tiempos que enfrentamos, una administración de Justicia, independiente, eficiente y democrática.

Tengan la seguridad, de que cualquiera sea el resultado de esta elección, estaré mañana trabajando con vehemencia, como siempre lo he hecho, por esta noble institución.

Muchas gracias.