Licenciado Mario Mena Ayales, integrante del Consejo Superior y Coordinador de la Comisión de Incapacidades del Poder Judicial.

Dar a conocer por medio de campañas informativas los derechos y obligaciones del personal judicial cuando están incapacitados, son parte de las acciones que ha realizado la Comisión de Incapacidades del Poder Judicial para lograr disminuir la cantidad de personas incapacitadas en la Institución.

De acuerdo con el Lic. Mario Mena Ayales, integrante del Consejo Superior y Coordinador de la Comisión, cada tres meses se elaboran informes con el fin de evaluar el movimiento que han tenido las incapacidades en el Poder Judicial.

Según un informe que trascendió el año anterior, el Poder Judicial ocupaba el cuarto lugar entre las instituciones públicas con mayor número de incapacidades y el gasto durante el 2011 fue de 3.399 millones de colones, datos que generaron preocupación por implementar acciones que lograran reducir estas cifras.

Ante esta situación, se creó la Comisión de Incapacidades del Poder Judicial, la cual ha estado trabajando de manera constante y dedicada por lograr disminuir la cantidad de incapacidades.

El trabajo se ve reflejado, porque se logró bajar de un 48% a un 32.3% de incapacidades y en tan sólo tres meses se reportaron 200 incapacidades menos.

Estos esfuerzos también se han logrado por la implementación del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro Social, el cual fue publicado por la Caja Costarricense del Seguro Social, el 7 de junio en el Diario Oficial La Gaceta y que es de acatamiento para el Poder Judicial.

Este reglamento dispone una serie derechos y responsabilidades que deben cumplir tanto la persona trabajadora como el patrono.

El Lic. Mario Mena Ayales explicó que el reglamento permite investigar y anular incapacidades así como cobrar a los/as empleados/as el salario o subsidios recibidos durante la incapacidad si se comprueba que existieron irregularidades para su otorgamiento.

La Comisión de Incapacidades del Poder Judicial, envió a la Comisión Evaluadora de la Caja Costarricense del Seguro Social una lista de personas que tenían más de 300 días de incapacidad con el fin de que cada una sea analizada y verificada, posteriormente envío otra lista de personas que tienen más de 180 días y por el momento se esta a la espera del informe.

La campaña de comunicación, ha llegado a todas las oficinas judiciales del país y en los casos de oficinas que tienen condiciones especiales o que reúnen el mayor número de incapacidades, los/as integrantes del Consejo Superior visitaron a estos despachos para conversar directamente con el personal, conocer la raíz del problema y buscar las soluciones más convenientes.

Además se han enviado casos para estudio ante Complejo Médico Forense con el fin de que ellos/as como expertos/as rindan un informe en el cual se detalle si la persona está incapacitada de forma permanente o temporal para realizar las labores del puesto que ocupa.

La Comisión también ha analizado los casos en los que a las personas se les puede readecuar sus condiciones de trabajo y ambiente laboral, con el fin de que estén en las mejores condiciones posibles para ejecutar sus funciones, lo anterior gracias al Protocolo de Reubicación Laboral.

El seguimiento que se le da a las incapacidades es minucioso, detallado y constante, en aras de verificar que tanto el trabajador como el patrono, cumplan con sus derechos y obligaciones, en aras de maximizar y hacer un buen uso de los recursos institucionales.