La Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), Sara Castillo Vargas destacó los esfuerzos que ha realizado el Poder Judicial en esta materia.

Investigadores, juristas, fiscales, defensores, personal internacional y de organizaciones públicas y de sociedad civil tuvieron un espacio el pasado lunes 11 de marzo mediante el “Conversatorio sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas para la aplicación efectiva y eficaz de la Ley contra la trata de personas” para analizar la Ley contra la Trata de Personas No. 9095, a propósito de su entrada en vigencia posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 28 del 8 de febrero de 2013.

Uno de los elementos clave, en el cual se hizo énfasis durante la actividad, fue el papel central de las personas víctimas y la urgencia de brindarle protección de previo, durante y posterior al proceso penal. En la mayoría de los casos las personas no se identifican a ellas mismas como víctimas del delito, tienen profundos traumas debido a su vulnerabilidad y permanentes violaciones a sus derechos humanos y amenazas a su integridad y la de sus familias, asimismo, debido al desarraigo, aislamiento y desconocimiento del entorno.

Para el Director de la oficina local de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), Luis Carlos Esquivel, “la entrada en vigencia de esta nueva ley nos coloca hoy a las instituciones de gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil y a las agencias de cooperación internacional el reto de adoptar de manera conjunta y articulada una serie de medidas que protejan integralmente los derechos humanos. Esto, mientras se investiga y sanciona a los responsables sin dejar de lado la identificación, asistencia y protección de las víctimas de este delito”.

Pese a ser un fenómeno antiguo, quedó claro que el abordaje y persecución de este delito es complejo y es un gran reto visibilizarlo para las autoridades, para las propias víctimas y para la población en general. Precisamente el reto está en la detección porque la trata tiene por característica delitos conexos, razón por la cual este tema amerita de mayor posicionamiento, capacitación e información a todos los niveles.

Para la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), Sara Castillo Vargas, “la puesta en práctica de la política institucional de acceso a la justicia para personas migrantes y refugiadas del Poder Judicial también hace un llamado a que la prioridad es el ser humano y no necesariamente en los procesos o trámites judiciales, lo cual es un reto importante para nuestra institución y su manera tradicional de trabajar”.

Según el debate realizado durante el conversatorio, a diferencia de otros delitos, la trata implica el intercambio de información entre países y asistencia legal recíproca, por la participación de redes internacionales y su carácter de transnacional. De igual forma, se recomendó capacitación especializada para la identificación de posibles casos de trata y su respuesta oportuna para la atención y protección de las víctimas.

Más de 70 personas de diferentes departamentos y organizaciones como Defensa Pública, Ministerio Público, OIJ y Sala Tercera, Dirección General de Migración, Ministerio de Seguridad Pública, Policía Turística, INA, Defensoría de los Habitantes, PANI, Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social, y entes internacionales como ACNUR, OIM, Interpool y Embajada de Estados Unidos se reunieron en la actividad.

Esta actividad fue organizada por la OIM, la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CONATT), en colaboración con el Subcomité de Migración y Refugio del Poder Judicial y Conamaj.