La propuesta aprobada fue remitida por la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, la cual es coordinada por el magistrado y Presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo Gutiérrez.

Desarrollar a lo interno de la institución un proceso integral de formación y fortalecimiento en materia de moral, es lo que encierra la “Estrategia de Educación”, que aprobó recientemente Corte Plena.
Lo que se busca con este documento, es iniciar dentro de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación existentes, la incorporaron de los lineamientos generales dentro de los programas de capacitación, de dicha estratégica en materia moral.
Los magistrados y magistradas que integran Corte Plena aprobaron la Estrategia de Educación y establecieron su incorporación “…en todos los procesos de formación y capacitación que desarrollen la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación, los valores compartidos aprobados como tales, por la Corte Suprema de Justicia (compromiso, iniciativa y responsabilidad, integridad, excelencia y honradez), así como cualesquiera otros que en el futuro, dicho órgano disponga como valores compartidos del Poder Judicial”.
El acuerdo también comprendió la cooperación horizontal con la Secretaría Técnica de Valores, como órgano especializado en contenido, “…para la transversalización de la educación moral en los procesos de formación y capacitación, dentro del marco de competencia que la Ley de Creación de la Escuela Judicial, le otorga a la Escuela Judicial y por consecuencia, a las Unidades de Capacitación de la Defensa Pública, del Ministerio Pública, del Organismo de Investigación Judicial y del Departamento de Gestión Humana, para la aprobación, ejecución y evaluación de sus planes de estudios.”
El objetivo de esta estrategia es orientar todos los procesos educativos dentro de la institución, con el fin de fortalecer y fomentar la vivencia de los valores, potenciar la transparencia, minimizar y prevenir la corrupción, “…para que el Poder Judicial cuente con personas que tiene autonomía en el ejercicio responsable de la libertad y capacidad de razonar previo al acto, anteponiendo los valores compartidos en todas sus manifestaciones”, determinó el documento.
De esta manera, en el mediano plazo se establece la labor de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación en la presentación, ante la Secretaría Técnica de Ética y Valores, de un cronograma para la construcción de los lineamientos específicos, que tendrán el fin de articular los objetivos generales de la Estrategia de Educación Moral.
El contenido de los cursos a impartir por cada una de las Unidades de Capacitación, contarán con la revisión conjunta de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, para constatar la congruencia de estas actividades académicas con el Sistema de Gestión Ética del Poder Judicial.
“La Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación, deberán construir los lineamientos específicos de la Estrategia de Educación Moral, atendiendo las necesidades puntuales de cada ámbito, lo cual deberá quedar plasmado en los Manuales de Procedimientos Administrativos. Para fortalecer el papel de las instancias internas de capacitación y en apego a los objetivos estratégicos del Poder Judicial, deberán la Escuela Judicial, las Unidades de Capacitación y el Consejo Directivo de la Escuela Judicial ajustar las Políticas generales de capacitación y formación del Poder Judicial, a lo preceptuado en la presente estrategia”, puntualizó el acuerdo aprobado por Corte Plena.
Durante este proceso de ejecución de la Estrategia de Educación Moral también se incluyó una participación activa del Consejo de Notables, que se constituirá “…como instancia consultiva que realiza reflexiones y recomendaciones fraternas de orden ético, podría coadyuvar en la ejecución de la presente estrategia, mediante la publicación periódica de sus criterios tendientes a unificar criterios sobre aspectos no previstos en el Sistema de Gestión Ética”, determinó la estrategia.
Estos y otros ejes temáticos son los que integran la “Estrategia de Educación Moral”, la cual fue propuesta por la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, a cargo del magistrado y Presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo Gutiérrez.