La Directora del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Máster Nancy Hernández López y el Director General de Aduanas, Lic. Gerardo Bolaños Alvarado, participaron como panelistas.

Ampliar los conocimientos para la correcta tramitación de los delitos aduaneros, tanto en vía administrativa como penal, fue el objetivo de la capacitación que se realizó el 8 y el 15 de noviembre.
Esta capacitación inició el pasado 08 de noviembre, en el cual se analizó la forma correcta de investigar los delitos tributarios.
Las actividades académicas estuvieron dirigidas a funcionarios/as del Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y del Ministerio de Hacienda, entidades que ejercen competencias legales en la materia.
La apertura estuvo a cargo de la Directora del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Máster Nancy Hernández López y el Director General de Aduanas, Lic. Gerardo Bolaños Alvarado.
Asimismo se realizó un análisis sobre los retos en la atención eficiente y eficaz de las investigaciones de delitos aduaneros, se trabajó en grupos y se presentaron propuestas.
Estas capacitaciones ayudarán a combatir la falta de especialización en estos temas tanto en el Poder Judicial como en Hacienda.
Mientras que los/as funcionarios/as judiciales y administrativos del sistema de justicia penal tributaria necesitan capacitación en materia de derecho tributario y aduanero, los de las administraciones tributarias y las aduanas requieren profundizar en áreas del derecho procesal penal, derechos fundamentales de índole constitucional, derecho tributario y auditoria forense, entre otros.
Cabe destacar que por medio de esta cooperación se conformará una comisión Interinstitucional, que creará un protocolo de actuación para uniformar criterios en la atención de este tipo de asuntos y evitar la duplicación de tareas. Este grupo de trabajo estudiará las características del proceso penal tributario y las capacidades institucionales para llevarlo a cabo, valorará su efectividad y propondrá las mejoras necesarias para su optimización, además de elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de los casos denunciados ante el Ministerio Público por parte del Ministerio de Hacienda.
Se buscará además crear protocolos de actuación entre la Administración Tributaria, el Ministerio Público y la Unidad de Delitos Económicos, que incluyan los canales de coordinación entre las distintas dependencias, así como la documentación e información que debe respaldar la denuncia.