| VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL |
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La ética en general requiere para nosotros atención primordial no solo como jueces o funcionarios judiciales, dentro del contexto judicial iberoamericano, sino principalmente como personas, al momento de interactuar como miembros de nuestras distintas sociedades y afrontar nuestro quehacer diario. Nunca está de más poner el acento en la comunidad de valores y principios que nos unen como iberoamericanos y que toman cuerpo cuando se concretan encuentros como esta Reunión. En tales actividades queda clara no únicamente la similitud de los problemas, sino también y principalmente la validez de muchas de las ingeniosas soluciones intentadas por los distintos países. En los últimos treinta años se ha producido un giro radical en la concepción del papel del Poder Judicial dentro de una democracia, y este cambio ha operado tanto a lo interno de las propias organizaciones judiciales como -con diferente intensidad- en los entes gubernamentales y en las diferentes agrupaciones que integran la sociedad civil. Sin duda a muchas personas, este nuevo papel en la escena pública las confunde o incluso no les termina de gustar, pero lo cierto es que conforme las comunidades avanzan cada vez más en educación y en el establecimiento de mecanismos de participación en los asuntos públicos, es normal que también se planteen diferentes cuestiones respecto del papel del Poder Judicial y de la forma en que realiza su trabajo. Precisamente una de las formas de afrontar esta serie de cambios a lo interno de los distintos poderes judiciales ha sido mediante la profundización del análisis y la discusión en torno a la ética judicial. La gran participación esta mañana de comisionados y delegados tanto nacionales como extranjeros, evidencia la existencia de una positiva tendencia a ocuparse de los temas éticos en general y en particular en lo que se refiere al ejercicio de la función de administrar justicia. Esto me alegra porque entiendo que la sociedad debe tener sus ojos bien abiertos y vigilantes en relación con la calidad y contenido ético con el que los jueces, y en general el funcionario judicial, realizamos nuestra función. La justicia administrada por seres humanos está sujeta a las fortalezas y debilidades que forman parte connatural de su ser. A esto se agrega una situación muy particular en relación con el alcance y poder con que los jueces llevan a cabo su labor. Está claro que no se trata de simples burócratas que se limitan a aplicar una serie de reglas y vigilar el cumplimiento de procedimientos dentro de la función estatal; para éstos últimos no existe una verdadera discrecionalidad si justamente están sometidos a reglas de toda naturaleza y además al principio de jerarquía que es fundamental para que la burocracia funcione. En cambio, cuando analizamos la labor del juez, lo primero que nos salta a la vista es que no existe un principio de jerarquía; ellos están obligados a respetar y aplicar la Constitución Política y la ley, como lo señalan expresamente la mayoría de los textos constitucionales iberoamericanos pero no existe formalmente nadie que los pueda obligar a tomar una interpretación por otra, ni a cambiar su criterio. Incluso cuando, por efecto de la impugnación se hace intervenir a otro funcionario judicial, lo que se hace es sustituir un criterio por otro, pero no existe forma de obligar al juez a ejercer su competencia en uno u otro sentido. Si a esta condición, agregamos que justamente en manos de los jueces están las vidas, honras y haciendas de las personas, comprendemos cuán importante y necesario es que el tema de la ética judicial sea objeto de constante estudio y revisión por parte de toda la sociedad. En general, de acuerdo con lo anterior, la ética aplicada a la función judicial, no es sino la aplicación de la ética general a la función jurisdiccional, principalmente al quehacer del juez. Desde esa perspectiva es que nacen los variados conjuntos de reglas que deben seguirse para impartir justicia de manera correcta. A los Comisionados y Delegados que nos hace el honor de visitarnos, les extiendo mi más caluroso agradecimiento por su desinteresada labor en la búsqueda de soluciones en el mundo del derecho, que de seguro se reflejaran en hacer posible una normalización de la convivencia social. Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a don Mariano Azuela Güitrón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Asimismo, al Doctor Rodolfo Vigo, quien nos deleitará con una conferencia magistral el día de mañana sobre el Derecho y Moral en el Estado de Derecho Constitucional. Quiero agradecer al Magistrado José Manuel Arroyo, por todo su trabajo para llevar a cabo está VII Reunión y a todos lo que participan por el esfuerzo que realizan para estar acá y aportar sus ideas en esa búsqueda de soluciones. No me cabe la menor duda de que serán dos días agitados e intensos en el que de seguro llegarán a conclusiones muy interesantes lo que debe redundar inequívocamente no sólo en un mejoramiento permanente en la calidad de las personas que nos acompañan, sino también que prontamente conllevarán soluciones a la administración de justicia de corte democrático que nos imponen nuestros marcos constitucionales. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
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