Melania Chacón Chaves
Periodista
Un Estado Social de Derecho que no garantice a todos sus ciudadanos y ciudadanas acceso a la justicia es un estado débil.
Es por ello que desde el Poder Judicial, por medio de la Comisión de Acceso a la Justicia se coordinan y desarrollan una serie de acciones que tienen como objetivo eliminar la discriminación que por algún motivo sufren personas usuarias y que forman parte de una población vulnerable.
En esta edición, OBSERVATORIO JUDICIAL destaca los logros y avances en la atención de estas poblaciones, tema considerado de gran sensibilidad social.
La condición de vulnerabilidad se entiende como una situación en el cual las personas, por motivo de alguna condición económica, social, nacionalidad, género, religión, educación, estado emocional u otras tienen disminuida la posibilidad de hacer efectivo su derecho a la justicia.
Bajo este criterio la Comisión de Acceso a la Justicia está integrada estratégicamente por todos los ámbitos judiciales: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, así como por representes de las Subcomisiones designadas para trabajar por cada una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad: población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, víctimas del delito, víctimas de violencia sexual y doméstica, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil). Asimismo la integran representantes de organizaciones gremiales y representantes de la población civil. |
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Dra. Anabelle León Feoli, Magistrada de la Sala Primera en el programa Sello de Oro explicando los avances en la atención a las personas adultas mayores. |
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La Magistrada Anabelle León Feoli, Presidenta de la Sala Primera y Coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia ha emitido un mensaje claro sobre el trabajo que se realiza día con día en políticas, normas y acciones para garantizar el acceso a la justicia de los indígenas, personas con discapacidad, privados de libertad, migrantes y refugiados, población de diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes, víctimas y testigos, entre otros.
Una de las acciones más importantes ejecutadas en esta materia lo constituye la aprobación por Corte Plena de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, el 26 de mayo de 2008 dándole la tarea a la Comisión de Acceso a la Justicia de desarrollar acciones institucionales encaminadas a mejorar las condiciones para estas poblaciones.
Sobre la base de las disposiciones de las Reglas de Brasilia en el 2011 la Corte Plena aprobó la “Política de Acceso a la Justicia para personas sexualmente diversas”, considerándose este un logro sumamente significativo en el respeto y tolerancia de esta población. Posteriormente se aprobó la Política Institucional denominada Derecho al Acceso a la Justicia para personas menores de edad en condición de vulnerabilidad sometida al proceso Penal Juvenil en Costa Rica.
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Unos 300 mil adultos mayores al año requieren de algún servicio judicial . |
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Previo a las anteriormente citadas también se han aprobado las siguientes políticas:
· Política de Equidad de Género del Poder Judicial de Costa Rica (2005).
· Política de Igualdad para personas con Discapacidad en el Poder Judicial (2008).
· Políticas para garantizar el adecuado acceso a la Justicia de la Población Adulta Mayor (2008).
· Reglas prácticas para facilitar el acceso a la Justicia de las Poblaciones Indígenas (2008).
· Política Institucional para el acceso a la Justicia por parte de la Población Migrante y Refugiada (2010).
En el camino de la igualdad...
Adultos Mayores
Esta población, reconocida por las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad, tiene en el Poder Judicial una Política para garantizar el adecuado |
acceso a la justicia y el trabajo lo desarrolla una Subcomisión para Personas Adultas Mayores.
La política ha promovido la celeridad de los procesos y la sensibilización del personal judicial para que se brinde una atención prioritaria cuando una persona adulta mayor acude a un despacho judicial.
Sobre la atención a esta población varias oficinas que conocen la materia laboral han mostrado una disminución en la resolución de conflictos donde se involucran adultos mayores. El Juzgado Laboral de Mayor Cuantía de Nicoya bajó el tiempo en un 50%. El Juzgado de Trabajo de Heredia informa que tratándose de pensiones se ha reducido a un 30% menos de tiempo. El Juzgado laboral de Sarapiquí informa haber reducido el plazo de tramitación hasta sentencia de 241 a 93 días. El Juzgado de Seguridad Social tiene un mejoramiento sustancial, el cual va de 3 años a 4 meses.
En materia de pensiones alimentarias se han implementado programas pilotos para audiencias tempranas obteniendo resultados muy satisfactorios pues se brinda una rápida respuesta a las personas usuarias.
Al respecto el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito Judicial de San José, el más grande del país en la materia, ha reducido los tiempos de respuesta en 15 días luego de interpuesta la demanda inicial y realizar 9 audiencias de conciliación diarias.
Personas con discapacidad
A través de políticas emanadas de la Comisión de Acceso a la Justicia, el Poder Judicial vela porque se brinden las mejores condiciones de acceso a la justicia a esta población, cuyas necesidades son canalizadas a través de la Subcomisión para Personas con Discapacidad, dedicada exclusivamente a trabajar en su beneficio desde el año 2005.
En el área de infraestructura, los edificios judiciales de más reciente construcción son totalmente accesibles. En el 2011 se concluyó el Edificio de Tribunales de Alajuela, sumándose a éste los inmuebles de Grecia, Turrialba, Guápiles y Limón. Las edificaciones más antigüas y las que son alquiladas se han remodelado paulatinamente, dotándolos de ascensores, servicios sanitarios, rampas, puertas, mostradores, señalización y otros implementos accesibles.
Continuando con la aplicación de esta política de accesibilidad en infraestructura todos los proyectos nuevos ejecutados o supervisados por el Departamento de Servicios Generales cumplen con las normas de accesibilidad. Asimismo las licitaciones para la contratación de inmuebles alquilados incorporan esta perspectiva de forma obligatoria para el arrendatario, para asegurar a la institución la prestación de servicios accesibles.
Es por ello que se han modernizado los 5 ascensores del Edificio del Organismo de Investigación Judicial que cuentan con sistema braille y sonido, así como los ascensores de los Anexos A (Antigua UNED) y C (Edificio Alpino) todos en el Primer Circuito Judicial. Se instaló un ascensor en el edificio de Puntarenas y se está licitando uno para los Tribunales de Nicoya. Se habilitó el ascensor del Complejo de Ciencias Forenses para que suba hasta el cuarto piso pues anteriormente lo hacía hasta el tercero.
El edificio Anexo C del Primer Circuito Judicial de San José se ha sometido a una intensa remodelación, entre las obras se instala un ascensor y se construye una rampa de ascenso. Ya los Tribunales de Justicia de Cartago cuentan con una rampa que mejoró el acceso por la entrada principal.
En Heredia, se reestructuró el vestíbulo y próximamente se colocará un elevador. Se encuentra en trámite la contratación para acondicionar los mostradores de los cuatro Juzgados Civiles de Mayor Cuantía y de los cuatro de Menor Cuantía del Primer Circuito.
Recientemente se adquirieron cuatro orugas que operan en las Salas de Juicio de los edificios de Tribunales de Pérez Zeledón, |
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Personas con discapacidad cuenta con mejor infraestructura en el Poder Judicial. |
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Liberia, San Ramón y San Carlos, que permiten a las personas que se desplazan en silla de ruedas ingresar sin mayor dificultad.
En el edificio de Tribunales de Corredores, zona sur del país, se construyeron celdas accesibles y se remodeló la Biblioteca judicial que incluyó mejoras en la infraestructura y la instalación de equipo tiflotécnico o sea equipos electrónicos para ciegos y deficientes visuales, que sirven para la lectura y acceso a la información.
Población indígena
La Subcomisión de Pueblos Indígenas ha centrado esfuerzos en visitar comunidades para escuchar de viva voz las necesidades de la población y así enfocar los programas de capacitación y sensibilización al personal judicial.
Con el propósito de acercar el servicio a la comunidad de Talamanca, se llevó a cabo la apertura de la Unidad Regional de Bribri. El personal de esa Unidad realiza traslados de víctimas, en especial, de delitos sexuales, para la realización de diligencias judiciales y además brinda colaboración en el trámite del cobro de la ayuda para los rubros de alimentación y alojamiento.
En el campo de familia, técnicos de la Sección de Bioquímica, se trasladan dos o tres veces al año para realizar tomas de muestras para el análisis de ADN, con el fin de que la persona usuaria no tenga que viajar al Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, Heredia. Lo anterior, es coordinado y programado por el Juzgado, Tribunal o Fiscalía respectiva de Limón. A la fecha, se han visitado las comunidades de Zuretka y Bribri.
En relación con la materia agraria, los topógrafos de la Sección de Ingeniería Forense del Departamento de Ciencias Forenses, aproximadamente dos veces al mes, se dirigen a diferentes zonas del país, donde se encuentran pueblos indígenas, para recaudar información y realizar estudios de campo, necesarios para elaborar peritajes relacionados con denuncias por usurpación.
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A partir de reuniones mensuales se definen los planes de acción para población indígena. |
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Sobre la materia penal, peritos de la Sección de Ingeniería Forense, unas dos veces al mes, se trasladan a diferentes comunidades indígenas, para realizar reconstrucciones de hechos por investigaciones de presunta usurpación y en algunas ocasiones casos de homicidio.
Diversidad Sexual
En el año 2010 la Subcomisión de Diversidad Sexual inició sus funciones las cuales han estado enmarcadas para definir y ejecutar distintas acciones que permitan posicionar el tema en el quehacer institucional sobre la base de la tolerancia y el respeto. Uno de los logros más relevantes es la aprobación por Corte Plena en la sesión 31-11 artículo XIII de la “Política respetuosa de la diversidad sexual” con la cual el Poder Judicial asumió el compromiso de no a la discriminación por orientación sexual de personas usuarias, así como del personal judicial.
Entre estas acciones destacan, encuentros con representantes de organizaciones de lucha por los derechos de personas |
homosexuales. Más recientemente se aplicó una encuesta a servidores judiciales sobre conocimientos, actitud y percepción sobre la diversidad sexual.
Personas migrantes y refugiadas
Mediante la intervención de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) se construyó una política de acceso a la justicia para la población migrante y refugiada en nuestro país, con el fin de cumplir con los mandatos establecidos en las Reglas de Brasilia.
Con la ejecución de la política se pretende coadyuvar en el cumplimiento de una serie de instrumentos y tratados internacionales que establecen el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Durante el 2011 se debatió en torno a la revisión de acciones de coordinación que mejoren el acceso a servicios por parte de las personas migrantes y refugiadas, específicamente en los despachos judiciales. En este sentido, se comentó sobre la importancia de la estandarización de servicios y trato a la persona usuaria migrante o refugiada.
Personas Privadas de Libertad
Se realizó un diagnóstico sobre los problemas que para el acceso a la justicia tienen las personas privadas de libertad, el cual evidenció que la información que reciben sobre sus derechos es limitada, por lo que el personal de la Defensa Pública impartió charlas en los centros penitenciarios que incluyeron la materia penal juvenil.
Asimismo, se continuó con la vigilancia de las condiciones de las personas privadas de libertad recluidas por imposición de sanción curativa y de internamiento, a través de un estudio sobre las Medidas de Seguridad de Internamiento en el Hospital Nacional Psiquiátrico –ahora en el Centro para Personas con Problemas Mentales y Conflictos con la Ley- y las Medidas de Seguridad Curativas de Consulta Externa.
Se han realizado gestiones para mejorar las condiciones y eliminar el hacinamiento en los Centros Penitenciarios.
Población Víctimas del Delito
La Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito, adscrita a la Fiscalía General de la República forma parte de la Comisión de Acceso a la Justicia.
Desde que la Oficina inició funciones en el año 2000, paulatinamente se ha ido dando un incremento en la cantidad de casos ingresados, contabilizándose de enero a noviembre del año anterior un total de 8973 casos.
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Defensa Pública vigila condiciones de privados (as) de libertad. |
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El despacho brinda a las víctimas del delito, los siguientes servicios: atención psicológica y grupal, asistencia social, asesoría legal en cuanto al proceso penal, derecho y estado del caso, acompañamiento en diligencias judiciales, contacto con redes de apoyo, referencia a otras instituciones de ayuda médica, social y protección; protección procesal y extraprocesal.
También han extendido la atención hacia niños, niñas y adolescentes. Los registros estadísticos arrojan que del mes de enero a noviembre del 2011, se atendieron 371 niños, niñas y adolescentes por el Área de Protección y 411 por le Área de Atención, ambas pertenecen al citado despacho.
Atención y prevención de Violencia Intrafamiliar
La Comisión permanente para el seguimiento de la atención y prevención de la violencia intrafamiliar se enfocó en el 2011 a capacitar sobre las normas existes contra este delito.
Por ejemplo en coordinación con la Universidad de Costa Rica, Escuela Judicial y Comisión de Monitoreo de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se realizaron 3 talleres de 40 horas en todo el país de capacitación y actualización para jueces, juezas, defensores y defensoras públicos, fiscales y fiscalas, psicólogos (as) y trabajadores (as) sociales, sobre la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
Se efectuaron 14 visitas de capacitación in situ a juzgados de Violencia Doméstica, Contravencionales y Fiscalías del país, al Juzgado de Violencia de Tres Ríos, San Carlos, Corredores, Osa, Juzgados Contravencionales de Sarchí, Palmares, Abangares, Bagaces, Cañas y Tilarán, Fiscalías de Tres Ríos, Corredores y Osa y Oficina de Trabajo Social de Corredores.
Población Penal Juvenil
Esta subcomisión está integrada por operadores y operadoras jurídicas en la materia. Desde su constitución el trabajo se ha centrado en la ejecución de acciones para reducir los tiempos de respuesta de los procesos, por ello se ha potenciado el uso de las audiencias tempranas orales que ya fueron decretadas de interés institucional. Otro logro se centra en la especialización de la materia, es decir que estos procesos sean conocidos por jueces, fiscales y defensores públicos y trabajadores sociales de la materia penal juvenil.
Por muchos años el Poder Judicial se ha avocado a identificar las necesidades de las poblaciones vulnerables en el país con el fin de darles los mecanismos necesarios para cumplir con el principio de igualdad y su trabajo aún no termina.
El tema sobre “logros y esfuerzos en Acceso a la Justicia” se posicionó en varios medios de comunicación con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las facilidades y ventajas en los diferentes servicios que presta la institución.
A través de programas como Desayunos de Radio Universidad, Tribuna de Radio Nacional, Cr Hoy, Horizontes de Radio Centro, RTN Noticias, Visión 9 y Sello de Oro, la ciudadanía se informó sobre los avances en acceso a la justicia.
El posicionamiento de este tema en los medios fue un esfuerzo del Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial con el fin de proyectar y posicionar en la ciudadanía los esfuerzos que el Poder Judicial realiza para mejorar la gestión de la administración de la justicia.
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