Magistrada Zarela Villanueva Monge, Presidenta en ejercicio Corte Suprema de Justicia

En representación del Poder Judicial costarricense les doy una cordial bienvenida y les agradezco su interés en participar en este Congreso. Somos concientes de la necesidad e importancia de promover -siempre en la medida de nuestras escasas posibilidades- discusiones, foros y espacios para el intercambio de ideas y opiniones. Estos tres días no serán la excepción. La discusión girará en torno a temas que, no sólo como juezas y jueces sino principalmente como personas, nos enfrentamos a diario como la accesibilidad; así como la justicia y la paz, aspiraciones de todo Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro.
Estamos firmemente convencidas y convencidos de que lo anterior no solo sirve para fortalecer la calidad de nuestra democracia y del Estado de Derecho, sino que además, legitima aún más nuestra labor, al alejarla de la arbitrariedad, la ignorancia y el secreto, acercándola a la realidad.
En los últimos treinta años se ha producido un giro radical en la concepción del papel del Poder Judicial dentro de una democracia, y este cambio ha operado tanto a lo interno de las propias organizaciones judiciales como -con diferente intensidad- en los entes gubernamentales y en las diferentes agrupaciones que integran la sociedad civil.
Sin duda a muchas personas, este nuevo papel en la escena pública las confunde o incluso no les termina de gustar, pero lo cierto es que conforme las comunidades avanzan cada vez más en educación y en el establecimiento de mecanismos de participación en los asuntos públicos, es normal que también se planteen diferentes cuestiones respecto del papel del Poder Judicial y de la forma en que realiza su trabajo.
Mejorar la calidad de justicia que se presta a la sociedad, y que nos acercan más a nuestro ideal de una justicia democrática, especialmente en una que se inserta en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho que, como ideología, obliga al Estado a asumir una actitud proactiva en la realización de la equidad social. Ciertamente ello incluye y vincula también al Poder Judicial como parte del Estado, razón por la que debe dejar su tradicional rol pasivo de recibir y resolver quejas, para dar paso a una política que promueva la equidad, no sólo en el derecho que declara, sino también en el servicio que presta, es decir más allá del expediente judicial. Por ello, desde hace un tiempo ya, decidimos como Poder Judicial cambiar el esquema ideológico que rigió la justicia costarricense durante muchos años, de uno de justicia-poder en función de sí misma, a uno de justicia-servicio, que tenga a la persona como razón de ser y centro de todo el sistema. Es una concepción humanista que nos obliga a pensar en la persona y sus necesidades y cómo podemos ayudarle a obtener un acceso y tutela efectiva de conformidad con la ley.
Dentro de ese marco, la administración de justicia está obligada a estructurarse de tal forma que ayude a realizar una función equilibradora. Existen colectividades que deben ser objeto de mayor atención que otras, de tal forma que la administración de justicia debe organizarse en particular en función de ellas, para que no tengan dificultades de acceso y tutela, en especial, para la defensa de los derechos que son relevantes para sus necesidades particulares. Una justicia verdaderamente democrática es la primera obligada a tener una política proactiva en el cumplimiento de los derechos de las poblaciones vulnerables, obligación que tenemos por el cumplimiento de los derechos humanos en general. No existe duda que todos somos iguales en dignidad y derechos. De ahí que tratar a las minorías con la dignidad que merecemos todos los seres humanos, es una obligación moral en la que la justicia tiene -a mi modo de ver- la mayor obligación, por ser precisamente el lugar donde esos principios buscan tener vigencia. Todos los seres humanos fuimos creados iguales, con una dignidad intrínseca que deriva de nuestra esencia como seres fundamentalmente morales, de ahí que no veo ninguna razón válida para que no seamos capaces de vivir con respeto a las diferencias que la vida nos presenta.
La globalización de las relaciones humanas, así como la internacionalización de las distintas ramas del derecho no escapan a las materias que nos reúnen estos días. En ese contexto no puede faltar un análisis crítico y reflexivo sobre diversos aspectos que se tratarán estos días. A modo de ejemplo, los distintos mecanismos que ofrece el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su efectividad; especialmente en el tema de la violencia contra las mujeres donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado importante jurisprudencia en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú contra México. Ni que decir de lo enriquecedor de compartir la experiencia de otros países latinoamericanos en la aplicación de los Derechos Humanos y cómo distintos fenómenos sociales, en particular las pandillas, afectan a la región centroamericana. El analizar la pluralidad de efectos en nuestro quehacer diario que tiene el derecho a la accesibilidad, como un derecho instrumental y su relación con la seguridad humana. En fin no quiero cansarlos con una descripción detallada del programa del Congreso. Como pueden apreciar, de estos temas que les he comentado, cada uno de ellos daría por sí mismo material suficiente para convocar un foro específico. Por ello, esta iniciativa resulta sumamente acertada porque estimula la discusión desde un punto de vista ideológico de lo que queremos, ya no sólo como Poder Judicial, sino a lo que aspiramos como sociedad.

No me cabe la menor duda de que serán tres días agitados e intensos en el que de seguro llegarán a conclusiones muy interesantes lo que debe redundar inequívocamente no sólo en un mejoramiento permanente en la calidad de las personas que nos acompañan, sino también que prontamente conllevarán soluciones a la administración de justicia.

A todas las personas que nos acompañan hoy en este acto, tanto funcionarias y funcionarios judiciales como de otras entidades gubernamentales, así como miembros de la sociedad civil en general, les agradezco de parte de la Corte Suprema de Justicia su presencia. Por el esfuerzo que conlleva su participación en ella y por compartir este acto simbólico, pero representativo para nosotros del nuevo camino emprendido hacia una justicia que esté más conectada con las necesidades particulares de la ciudadanía, especialmente de aquella que por sus condiciones o circunstancias, requieren una mayor y mejor asistencia y compromiso del Estado.
A las expositoras y los expositores, nacionales y extranjeros, que nos hace el honor de visitarnos, les extiendo mi más caluroso agradecimiento por su desinteresada labor en la búsqueda de soluciones en el mundo del derecho, que de seguro se reflejaran en hacer posible una normalización de la convivencia social.