COMENTARIO:
Este informe tiene como objetivo evidenciar los problemas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual, para acceder a la justicia y contar con las garantías que les permitan lograr el respeto a sus derechos y la reparación de los daños sufridos.
Se trata de un informe temático o diagnóstico, que analiza profundamente la dimensión del flagelo de la violencia sexual en la región mesoamericana, siendo muy importante rescatar que es un seguimiento del informe de "Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas" publicado por la Comisión en el año 2007.
El informe rescata la definición de Acceso a la Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un bien público, indicador de ciudadanía efectiva, que debe proveer de recursos judiciales asequibles, accesibles, oportunos e idóneos para pasar de una justicia de iure a una justicia de facto.
De manera reiterativa, el informe hace énfasis, en que es imprescindible reconocer:
"el vínculo crítico entre el acceso de las mujeres a una adecuada protección judicial, y la eliminación de la violencia y la discriminación que la perpetúa".
Así como "el carácter prioritario (que debe ocupar) la violencia sexual" en las agendas Estatales de seguridad ciudadana y lucha por la impunidad.
Es claro que el fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres requiere de abordajes integrales y preventivos, pero también es claro que el sistema penal tiene una exigencia directa sobre su erradicación.
Uno de los hallazgos claros del informe es que a mayor impunidad hay un mayor ambiente de tolerancia de la violencia contra las mujeres; y a mayor efectividad del sistema penal se reduce la comisión de estos delitos.
El Poder Judicial costarricense, reconoce la importancia prioritaria de la violencia sexual, como un área particularmente sensible de la violencia contra las mujeres; de ahí que ha tomado diversas acciones como lo son:
1. Creación de la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica del Ministerio Público:
Creada en 1998 y la cual investiga los ilícitos en esas áreas. Esta Fiscalía tiene un total de 38 fiscales especializados que laboran en las diferentes Fiscalías Territoriales del país.
2. Creación de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público
Inició labores en el año 2000, con la existencia de este despacho se ha querido hacer efectivo el derecho de las víctimas a ser asistidas desde el primer momento en que se enfrentan al sistema judicial. Trabaja con la perspectiva de una atención personalizada que involucra aspectos tales como: defensa civil, asesoría legal, orientación a nivel psicológico y de trabajo social.
Hoy en día esta oficina ha sido reforzada por la Ley de Protección a Víctimas y Testigos que entró en vigencia marzo de 2009, y cuyo proyecto nació en el seno del Poder Judicial.
3. Implementación de 13 Cámaras de Gessell
Se generó dentro del programa Corte BID, lo cual permitió adquirir equipo con tecnología de punta, para grabación audiovisual; y climatizadores para 13 Cámaras de Gessell; ubicadas en los diferentes circuitos judiciales del país.
4. Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas (PISAV)
En noviembre de 2010 se presentó ante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia este proyecto, el cual, en su ha permitido la implementación de un modelo de atención integral a víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica, reuniendo en un solo despacho todos los servicios judiciales necesarios, articulando los diversos procesos judiciales y con una atención interdisciplinaria jurídica-médica-psicológica y social. El proyecto inició en diciembre del año 2011 en una de las zonas de mayor problemática urbano-marginal en San José (Pavas), en la cual habita gran cantidad de mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y mujeres migrantes nicaragüenses. El objetivo de de este proyecto es ser replicado posteriormente en el resto del país.
5. Elaboración, distribución y capacitación en el uso de Protocolos para la No Revictimización en Procesos Judiciales
Este proyecto generó nueve protocolos para las diferentes áreas de la institución, entre los cuales destacan :
· El Protocolo de Atención a Víctimas mayores y menores de edad de delitos sexuales y explotación sexual comercial cometidos por personas mayores de edad,
· el Protocolo de Atención a victimas en violencia sexual y domestica en el departamento de Ciencias Forenses,
· El Protocolo para usar en Sala de Entrevistas (Cámaras de Gessell).
· El Protocolo para la atención de la violencia sexual y/o doméstica en el departamento de medicina legal.
Estos protocolos tuvieron una impresión inicial de dos mil ejemplares por parte del Ministerio Público, posteriormente se aunaron una publicación de 3,500 ejemplares de c/u de los tres protocolos más requeridos por las redes de apoyo a víctimas y sociedad civil, esto se logró con el Fondo de Población de Naciones Unidas, en el año 2010.
6. Divulgación y Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, en Comunidades
Esto se ha logrado mediante esfuerzos conjuntos entre la Secretaría Técnica de Género y UNFPA, a través de talleres en comunidades, en todo el territorio nacional, el tema abordado fueron los derechos sexuales y reproductivos desde la óptica del acceso a la justicia cuando éstos son violentados. En estos talleres se entregaron también los protocolos anteriormente referidos, en una versión para la persona usuaria.
En la campaña se resaltó de manera especial, que "la violación en el matrimonio es un delito".
7. Elaboración de un Protocolo de Suministro de Antirretrovirales a Víctimas de Violación como parte de un Proceso interinstitucional liderado por el Poder Judicial
La Comisión de Género el día 10 de marzo del 2008, mediante acuerdo, estableció la necesidad de un acercamiento con la Caja Costarricense del Seguro Social, para que se ampliara el programa de suministro de antirretrovirales a víctimas de violación, más allá de los ocho hospitales nacionales en los cuales dicho programa funciona actualmente. A raíz de lo anterior, el día 15 de abril de 2008 sostuvimos una reunión con el Señor Presidente de la C.C.S.S. Eduardo Doryan, con el fin de analizar el tema y establecer estrategias conjuntas.
Lo anterior dio como resultado un equipo de trabajo de carácter multiinstitucional y transectorial representado por la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial (con participación del Ministerio Público, Policía Judicial y Departamento de Trabajo Social y Psicología), Ministerio de Seguridad Pública, la Cruz Roja, el 911, PANI, INAMU y la CCSS.
Este equipo generó un protocolo interinstitucional de suministro de antirretrovirales en el plazo de 72 horas para evitar transmisión de VIH-SIDA, cuya primera versión impresa, fue facilitada con fondos de UNFPA.
Con este proceso no solamente ha mejorado la atención de víctimas de violación a nivel del Poder Judicial, sino que también se ha descentralizado el suministro del medicamento, en las primeras 72 horas, de un único Hospital Nacional con un protocolo (Hospital Calderón Guardía) a 8 hospitales nacionales y 4 hospitales regionales adicionales.
Es de suma importancia resaltar que este protocolo, en su segunda versión mejorada y revisada, cuya impresión corrió por cuenta de la Unidad VIH SIDA de la CCSS y la OPS, contiene la posiblidad de anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación.
A pesar de esos esfuerzos, el Poder Judicial de Costa Rica, es consciente que nuestro sistema comparte la misma realidad del resto de Mesoamérica, de manera que son válidos también para nuestro país, los hallazgos del informe, cuando establece la existencia de un "patrón de inefectividad judicial ante los actos de violencia sexual…" en la región; el cual se plasma en todas las etapas del proceso judicial.
Evidencia de ello son los siguientes datos con respecto al delito de violación sexual:
Según la Sección de Estadísticas del Poder Judicial, en el año 2011 ingresaron 1,755 denuncias por este delito; no obstante en ese mismo período existió condenatoria únicamente en 204 causas, mientras que 185 fueron absueltas; el resto de las denuncias finalizaron el proceso (en la gran mayoría de casos) como desestimaciones y sobreseimientos definitivos.
Por otra parte, para tener un panorama más amplia sobre la violencia sexual judicializada, los datos arrojan que en el año 2011, fueron denunciados 5,537 casos por otro tipo de delitos sexuales como: abusos sexuales, corrupción de persona menor de edad, tenencia y difusión de pornografía, proxenetismo, rapto, relaciones sexuales con persona menor de edad, entre otros.
Algunos de los obstáculos mencionados en el informe, de los cuales el sistema judicial costarricense no es ajeno, son, entre otros:
· Deficiencias en la garantía de privacidad de la víctima
· Alto nivel de revictimización de las víctimas y sus familiares, lo que genera desconfianza de las mismas en el aparato judicial
· Procedimientos muy formales, complicados y largos
· Procesos costosos
· Falta de información, asesoría y representación
· Inefectividad de las medidas de protección para garantizar la no repetición de la violencia
· Deficientes o inexistentes mecanismos de reparación de la víctima
· Vacíos importantes en las investigaciones
· Prevalencia de concepciones patriarcales, discriminatorias y estereotipadas en los operadores del sistema penal (policía, servicios de salud, ministerio públicos, judicatura)
Además quisiera agregar, la cita de algunos problemas que estamos abordando en este momento, evidenciados por la realidad diaria, como lo son:
· La concentración de servicios en zonas urbanas, en detrimento de las zonas rurales alejadas del Gran Area Metropolitana
· La carencia de una respuesta estatal única, sistemática y coherente
· Duplicidad de funciones de diversas instituciones estatales que incide sobre un uso no eficiente de los recursos
Así mismo, es fundamental la observación del informe en cuanto a que la violencia sexual en la región no es un fenómeno aislado, sino un problema multidimensional que afecta a todos los países de las Américas, por responder a un contexto social en donde la violencia contra la mujer es tolerada y los mecanismos y respuesta estatales son deficientes.
Otro aspecto de gran relevancia es el llamado del informe a considerar, por parte de las administraciones de justicia, las necesidades particulares de los diferentes grupos de mujeres.
Es imprescindible considerar en los programas, a las niñas, las mujeres con algún tipo de discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres adultas mayores, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes y mujeres en condición de pobreza, entre otras. Poblaciones que hoy reciben visibilización por medio de las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas de Justicia.
El sistema interamericano se basa en la premisa de que el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos constituye la primera línea de defensa de los derechos básicos, incluyendo los derechos de las mujeres. El carácter abarcador y apremiante del problema de la violencia sexual acarrea obligaciones de naturaleza integral y multidimensional para los Estados, y exige la organización de toda la estructura estatal para prevenir, investigar, sancionar, y reparar este grave problema de derechos humanos.
Creo que el informe, debe vincularse a un análisis de la función que están cumpliendo en todo esto, el sistema procesal penal adoptado recientemente, por la mayoría de los países de la región.
Y les digo esto porque pienso que existe un problema de índole estructural, en la misma concepción del derecho procesal penal, que impide la realización plena de los derechos de las víctimas durante el proceso; el cual se acentúa en el caso de las mujeres.
Este obstáculo estructural radica en el hecho de que las víctimas no son reconocidas como partes en igualdad de condiciones, que los imputados en las causas penales.
Esto es así con solo el hecho de que no cuentan, desde el primer momento de su intervención, con una asistencia legal gratuita y obligatoria para que las asesore y represente plenamente, durante todas las etapas del proceso. Las víctimas en nuestros sistemas, como lo dice una frase popular en nuestro país: son "convidadas de piedra", y no es secreto para nadie que las mismas constituyen un número más que engrosa las listas estadísticas de los ministerios públicos, cuya eficiencia se mide por la cantidad de casos que finalizan.
Por más avances que hemos logrado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en la realidad, en la práctica diaria, se evidencia una participación desequilibrada en el proceso, en su perjuicio; lo cual repercute de manera evidente en los resultados de los procesos; para ello solo veamos rápidamente, las estadísticas de nuestro país:
Es imperioso reflexionar sobre estas cifras y responder a las siguientes preguntas claves:
¿Es esto impunidad?
¿Se cumple efectivamente el derecho de acceso a la justicia, como un bien público, indicador de ciudadanía efectiva y tutelar del cumplimiento de los derechos humanos?
¿Se cumple en esas causas con la obligación de una investigación inmediata, adecuada a la delincuencia que se investiga?
¿Está la administración de justicia proporcionando los mecanismos contra la impunidad, en estos casos?
¿Se realizan todas esas investigaciones, con perspectiva de género?
Según la Comisión Interamericana, la violencia contra la mujer es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana; a tal punto que la opinión pública ni siquiera lo percibe como parte del "problema del crimen"; siendo que los datos revelan que la mitad de las mujeres en centroamericana ha sido objeto de violencia durante su vida adulta.
Quisiera concluir mi intervención con el reconocimiento a la importancia del presente informe, como herramienta para identificar los mayores avances y desafíos que tienen nuestros sistemas en la investigación, juzgamiento y sanción de esta violencia; en el tratamiento por parte del aparato judicial respecto de las víctimas, en las buenas prácticas en el procesamiento de los casos y particularmente en la importancia de las recomendaciones formuladas para hacer correctivos imprescindibles en la construcción de la política pública que pretende erradicar este flagelo.
Muchas Gracias |