EL PODER JUDICIAL NO HA MUERTO
Dr. Fernando Cruz Castro
Magistrado
Sala Constitucional
Con ocasión del artículo publicado bajo el nombre de don Antonio López Escarré, sobre algunos temas de la administración de justicia, ofrecemos al lector una respuesta que contiene un punto de vista diferente para su valoración.
En realidad, el Poder Judicial está cada vez más presente en la vida de los costarricenses por medio de sus distintos ámbitos jurisdiccionales y auxiliares. Para ponerlo en lenguaje llano, actúa todos los días en allanamientos y operativos donde los policías se juegan la vida contra la delincuencia, también en las miles de pensiones alimentarias, reclamos laborales, amparos y horas juicio que se llevan a diariamente, entre otros cientos de procesos y actividades diferentes. Son cada año cerca de un millón de procesos nuevos que ingresan como un testimonio de que el país sufre una violencia y litigiosidad rampante y que el Poder Judicial, lejos de ser el causante permanece como una de las pocas soluciones; sigue siendo el único campo civilizado de batalla que nos queda donde librar la lucha antes de perder la racionalidad en la solución de los conflictos.
El Poder Judicial no es responsable, don Antonio, del crimen organizado, de los jóvenes desorientados, de la violencia intrafamilar, la decadencia moral o corrupción rampante. Nosotros somos los que juntamos a los muertos, juzgamos a los acusados, representamos a las víctimas, a la mujer agredida, los que no tienen voz en otras instancias y recurren masivamente a pedir justicia. No tenemos funciones de gobierno en sentido estricto como para tomar acciones preventivas, cuando el caso nos llega, el muerto ya existe, la mujer ya fue golpeada o violada, de tal forma que si el país vive una crisis, nosotros sólo recibimos sus efectos, los cuales hemos denunciado rebasan la capacidad instalada para atenderlos con nuestro presupuesto actual.
En cuanto a las pensiones, incapacidades, tiene usted poca información, en realidad las regulaciones actuales obedecen al contexto de una Costa Rica que optó, en todo el sector público, por fortalecer los derechos de los trabajadores, con casos como el rompimiento de tope de cesantía que llegó hasta 20 y 25 años en algunas instituciones, feriados de pago triple, licencias remuneradas utilizadas en forma indiscriminada, para poner algunos ejemplos. En el Poder Judicial afortunadamente no se llegó extremos como los citados, y por el contrario, hemos estado tomando acciones desde hace más de veinte años, para ajustar paulatinamente el régimen de pensiones, de vacaciones, de uso y renovación de vehículos, incapacidades, entre otros cambios, pero ello ha sido un proceso que en toda democracia constitucional debe hacerse con respeto a los derechos adquiridos en los casos en que aplica.
Para dar ejemplos concretos, en el caso del régimen de pensiones del Poder Judicial estamos hablando de un régimen que tiene una solidez y antigüedad que data de 75 años donde los funcionarios cotizamos 3 veces más que los del régimen de la CCSS, que sufrió cambios sustanciales hace 18 años, entre los cambios que se hicieron se aumentó la edad de retiro de 55 a 62 años, entre otras cosas; en el tema de las vacaciones se redujo de 23 días a un máximo de 10 días por año durante los primeros cinco años, y a partir del sexto año a 10, hasta 15 días, entre otros. En todos estos casos, ha sido la propia iniciativa de la Institución la que ha renovados su pensamiento sobre temas que tenían décadas de estar regulados de manera diferente por otras generaciones de integrantes. En el tema de las incapacidades, pusimos el tema en discusión, desde hace un año con una propuesta de modificación legal y desde enero de este año con iniciativas concretas, es decir, seis meses antes que la Contraloría promoviera una acción sobre el tema. Con toda transparencia fue el propio Poder Judicial el ordenó la investigación y elevó la voz de alerta sobre posibles abusos, estableciendo medidas claras de control y es quien ha tenido la iniciativa de discutir la necesidad de estudiar la equiparación de sus funcionarios al resto del sector público y privado, junto con otras medidas que buscan reducir el gasto público. No estamos sordos ni ciegos a la realidad actual del país, por el contrario, la agenda del Poder Judicial tiene en mente dar una respuesta equitativa a estos temas, pero siempre dentro del marco de un Estado de Derecho, respetando los derechos adquiridos conforme lo manda la Constitución y la Ley.
Por otra parte se han hecho enormes esfuerzos en la reducción del gasto público en temas importantes y aún en aquellos que presupuestariamente no tienen un impacto significativo, como los viajes, me atrevo a decir que somos el Poder de la República con menor gasto en ese rubro que el año pasado fue de aproximadamente 5 millones.
Le puedo asegurar que para hacerle frente a los cientos de miles de casos que entran masivamente cada año, los funcionarios no se limitan a laborar las ocho horas diarias que establece la ley, muchos de ellos, especialmente los jueces, fiscales y defensores, dedican tiempo extra, sin remuneración alguna y trabajan días feriados y fines de semana sacrificando proyectos personales y familiares, y sí hasta su salud, lo cual también se refleja certeramente en las incapacidades ya que muchas son reales y consecuencia de la constante presión y trabajo extenuante que deben enfrentar.
Otra realidad que no se da a conocer -aunque la hemos reportado hasta la saciedad-, son todos los programas para mejorar la gestión de despachos, reducir los tiempos de respuesta en la tramitación de procesos, la política de cero papel, realización de audiencias tempranas de conciliación en penal juvenil, penal de adultos, pensiones alimentarias y laboral, gestión de la calidad, expediente electrónico, reforma procesal, entre otros, que han significado una reducción significativa de plazos de respuesta en muchas materias, para poner un ejemplo, en el caso de demandas contra el Estado lo que antes duraba décadas ahora tarda pocos meses, dándole un giro completo a una materia que tenía décadas de estar empantanada.
Tenemos muchos retos por delante aún por resolver -como es el común denominador de la mayoría de instituciones del Estado-, pero puede estar seguro que cuando usted, su familia o cualquier costarricense llame, si así se requiere, sea de madrugada, vacaciones, feriados, ahí estaremos como hemos estado para servirle a este país durante de 185 años.

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