El acuerdo tomado por Corte Plena en su sesión ordinaria del 5 de setiembre del 2011, reiteró "…la importancia de la política institucional de Gestión Integral de la Calidad y Acreditación Judicial (GICA), definida en el Plan Estratégico".

Grandes pasos a dado la Norma de Calidad Gica: Organización del Despacho Judicial en aras de su consolidación a nivel institucional y nacional. Luego de los logros alcanzados, se busca un nuevo reto, darle rango legal a través de un proyecto de ley.
El trabajo de redacción de la iniciativa está a cargo de la Comisión de la Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA-Justicia). De acuerdo con el magistrado coordinación de dicha comisión, Rolando Vega Robert.
"Actualmente, el proyecto de ley tiene un borrados que está siendo consultado a nivel institucional y esperamos que en un período de uno o dos meses se pueda someter a conocimiento de Corte Plena, para definir una estrategia y poder enviarlo a conocimiento de la Asamblea Legislativa", explicó Vega Robert.
Esta acción se une a otras más, que han permitido el posicionamiento de GICA-Justicia en el país, la cual inició con su incorporación en la Ley de Presupuesto de 2011, como parte de misión, visión y políticas institucionales del Poder Judicial, que fue aprobada en el 2010.
Lo que representó la incorporación de conceptos puntuales como excelencia en la calidad de atención a todos los usuarios y usuarias, la eficiencia y calidad y de forma más puntual en el apartado de las políticas institucionales judiciales en el punto 3 y 4 de dicha legislación.
De esta manera, se determinó la responsabilidad de "impulsar cambios en la legislación dirigida hacia una justicia de calidad, oportuna y cumplida" y el de "apoyar el Sistema de Gestión de Calidad y Normalización de los despachos judiciales que promueva el ejercicio de una justicia de calidad orientada al mejoramiento de las condiciones en que las y los usuarios/as y en especial, los colectivos más desfavorecidos, acceden a los servicios que brinda la Administración de Justicia", destaca el título 301 sobre el Poder Judicial de la Ley de Presupuesto Nacional 2011.
El Decreto Ejecutivo Nº 35839-MP-J, publicado en marzo del 2010, vino a darle el rango de política pública a GICA-Justicia, con la creación a nivel nacional del Sistema Nacional de calidad y acreditación para la Justicia (SINCA-Justicia).
Es aquí donde se destaca el compromiso de la Corte Suprema de Justicia y del Gobierno de la República de Costa Rica de mejorar la oportunidad y calidad de la administración de justicia.
Así, con la creación del SINCA-Justicia se define que todas sus actividades se declaran de interés público y que tiene entre sus funciones la de realizar los procedimientos de acreditación de calidad de servicio y de sistemas de gestión de calidad de los órgano y entes que realicen funciones relacionadas con la Administración de Justicia y que voluntariamente se sometan a dicho proceso de acreditación.
Este órgano nacional está actualmente integrado por siete miembros, representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Abogados, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, el Consejo Nacional de Rectores y el INCAE Business School.

Acciones judiciales

Los grandes apoyos obtenidos por GICA-Justicia, también contemplan acciones a lo interno del Poder Judicial, mediante sus altos órganos como Corte Plena y el Consejo Superior, para su implementación como política institucional.

Se espera que pronto pueda remitirse a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley, para darle rango legal a las Normas de Calidad.

El acuerdo tomado por Corte Plena en su sesión ordinaria del 5 de setiembre del 2011, viene a reiterar a nivel interno la relevancia de la gestión integral de la calidad en la justicia que adoptó este Poder de la República al "…reiterar la importancia de la política institucional de Gestión Integral de la Calidad y Acreditación Judicial (GICA), definida en el Plan Estratégico, al igual que la dedicación de recursos humanos y materiales para su ejecución conforme ya fue dispuesto oportunamente por esta Corte, acorde a las posibilidades de los Departamentos de la institución".
En esta oportunidad también se acordó la continuación de la promoción de las acciones de sensibilización y capacitación" para que más despachos se integren a la lista de solicitudes pendientes de iniciar el proceso de acreditación, con el propósito de fortalecer el Plan de Trabajo para el 2012, que será sometido a conocimiento y aprobación de la Corte por parte de la Comisión de Gestión Integral de la Calidad en la Justicia y el CEGECA.
El Alto Órgano Judicial reconoció que "…la función de control para la eficacia, eficiencia y efectividad del servicio público de justicia, establecida constitucional y legalmente, constituyen un pilar obligatorio y esencial para obtener una gestión integral de calidad".
Esta decisión de los magistrados y magistradas de Corte Plena dio pie a la posición que asumió el Consejo Superior del Poder Judicial, máxima entidad administrativa judicial, para la definición de directrices en esta materia.
Es por ello, que en la sesión ordinaria de este Alto Órgano Administrativo Judicial se dispuso que "…En todo caso en que se inicie un rediseño de despacho, se debe tomar en consideración, según las circunstancias y condiciones del despacho a rediseñar, el manual metodológico de GICA tendiente a que una vez que finalicen esa etapa, entren de inmediato en el proceso de acreditación, por ser el tema de la Gestión de Calidad una prioridad y política Institucional."
Los alcances de este acuerdo, establecen un plazo de seis meses, después de que se finalice un rediseño de un despacho, para informar a Gestión Integral de la Calidad y Acreditación Judicial (GICA) y que se evalúe la posibilidad de iniciar el proceso de acreditación.
"GICA-Justicia como política institucional contiene 13 de los 16 grandes objetivos institucionales del Plan Estratégico del Poder Judicial. Esto quiere decir que el tema de la calidad en la gestión es un tema fundamental para poder mejorar lo que hacemos, que es lo que hemos procurado en los últimos años y por eso, Corte Plena lo define como una política en la que todos debemos estar involucrados", destacó el magistrado Rolando Vega.