Se contó con la participación de la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante y la Magistrada, Presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada Miranda.

Un análisis profundo de la materia de pensiones alimentarias, en el marco del derecho constitucional, fue uno de los temas principales que se trataron durante el Curso de Especialización en Pensiones Alimentarias que se desarrolló el 5 y 6 de junio en la Defensa Pública.
El tema "Actualización jurisprudencial en materia alimentaria", contó con la participación de la Magistrada y Presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada Miranda y la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante.
Para la Directora de la Defensa Pública, esta capacitación tiene como objetivos no solo capacitar a los defensores y defensoras públicas que tienen a cargo la materia de pensiones alimentarias, sino también ampliar los conocimientos a quienes tendrán a su cargo el desempeño de sus funciones dentro de los proyectos de oralidad en pensiones alimentarias, que se tienen previstos para el presente año, de los cuales actualmente funciona el Juzgado Oral de Alajuela y Goicoechea y que continuará su ampliación en Desamparados, San José y Heredia.
Según explicó Marta Iris Muñoz, a nivel nacional se registran anualmente en promedio unos 100 mil asuntos en pensiones alimentarias, de los cuales la Defensa Pública atiende entre un 10 y un 20%, de ahí la necesidad de propiciar mayores recursos económicos y humanos y una mejor preparación para el ejercicio de las labores en esta materia.
Por su parte la magistrada Ana Virginia Calzada realizó una exposición detallada de los diversos pronunciamientos que ha emitido la Sala Constitucional en este tema, donde destacó la pasión que deben tener todos los operadores de justicia en la defensa de los derechos humanos, pues tanto niños, niñas, hombres y mujeres tienen derecho a una pensión alimentaria que nace de las obligaciones que surgen en una sociedad de parentesco.
A partir de allí, señaló algunos principios básicos que deben considerarse durante este análisis como lo son el derecho a la vida, la dignidad humana, el interés superior de la persona menor de edad, el debido proceso, etc y que van de la mano del tema alimentario, frente al "derecho que tiene todo ser humano a vivir con dignidad y desarrollar sus diversas capacidades de manera digna.
Desde este punto de vista, señaló que las sentencias constitucionales en materia alimentaria, señalan la responsabilidad que tiene el juez de fundamentar cada una de las resoluciones que dicta, cuando se fija una pensión provisional, en donde intervienen los principios del debido proceso y el derecho de defensa.
Calzada Miranda también destacó la posición de la Sala Constitucional en el tema del demandante debidamente legitimado para solicitar dicha pensión alimentaria y el tema del plazo razonable legal que determina la ley para cumplir con la deuda, el cual se fija en tres días.
También hizo referencia al derecho de ser notificado de las resoluciones, principalmente, en lo referente a los aumentos legales o los que se realizan de forma individual y el derecho que tienen las personas extranjeras que son parte en estos procesos alimentarios, de contar con un traductor en el idioma de origen.
Durante este día, se presentó a los participantes la película "Preciosa" y se continuó con el tema "Levantamiento del velo societario en pensiones alimentarias", a cargo de Ricardo González Mora.
El jueves 7 de junio contó con la participación de la Coordinadota del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial de San José, Elizabeth Picado Arguedas, quien desarrolló el tema "Debido proceso en materia de pensiones alimentarias".
Además asistió en calidad de conferencista, el Juez de Familia del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Alberto Jiménez Mata, quien hizo una exposición sobre "Recursos en materia de pensiones alimentarias".
El curso de especialización en pensiones alimentarias culminó el viernes 8 de junio, con la "Charla Penal sobre diligencias en Disponibilidad", a cargo del representante de la Unidad de Impugnaciones de la Defensa Pública, William Barquero Bogantes.