| PRESENTAN PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PUEBLOS INDÍGENAS |
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| · Promueven el acceso a la justicia y una democracia más participativa. | ||||
| Marcela Fernández Chinchilla Comunicadora
Ambas iniciativas cuentan con la subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Costa Rica AECID, en el marco del Programa de Gobernabilidad Democrática en Costa Rica. En lo que se refiere al Programa de Participación Ciudadana, está a cargo del la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y de acuerdo con el Presidente de dicha Comisión, Magistrado Román Solís Zelaya, con el programa se fortalece el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía, mejora la gestión judicial y permite conocer las necesidades locales, con el fin de mejorar la accesibilidad al sistema judicial. El Magistrado Solis comentó la experiencia enriquecedora que ha tenido este Programa en la Zona Norte del país (Upala, Guatuso, Los Chiles y San Carlos) y cómo con este nuevo proyecto se pretende fortalecer el acceso a la justicia en las comunidades de Pococí, Guácimo y Siquirres. La presentación estuvo a cargo de la Master Ingrid Bermúdez Vindas, Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana, quien explicó que durante el primer año se trabajará en un diagnóstico para identificar las necesidades de la población y así definir las líneas de acción, se realizará el marco metodológico y actividades de sensibilización e información en los y las funcionarias judiciales para promover la participación ciudadana. Durante el segundo año se realizarán actividades de capacitación con la población civil, así como el diseño y validación de una política de Participación Ciudadana en el Poder Judicial y el diseño y ejecución de una evaluación. El monto total de la subvención por parte de la AECID es de € 97.990 y el Poder Judicial como contraparte, también debe realizar su aporte. Este aporte consistirá en los salarios que recibirán las personas que trabajen en la implementación, la infraestructura, equipo informático, inmobiliario, viáticos, transporte, entre otros. Cabe destacar que el apoyo que se requiere por parte del Poder Judicial, va más allá de lo económico, pues también se necesita contar con el apoyo de de los jerarcas y de la participación de La judicatura, Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Es necesaria la participación de las y los funcionarios judiciales, la disposición de la institución por trabajar con la comunidad, espacio físico para guardar activos del programa y disponibilidad de vehículos.
Durante su exposición, Campos Zúñiga indicó que con esta iniciativa se promueve el mejoramiento del acceso a justicia de los pueblos indígenas, especialmente los pueblos de Bribri y Cabécar en la Zona de Talamanca. Como parte del mismo, se promoverá la capacitación para el intercambio cultural entre los y las funcionarias judiciales y los pobladores, esto permitirá conocer las diferentes prácticas a nivel de justicia que ellos practican y así respetar sus reglas e identificar las necesidades de dichas comunidades. Las actividades se enfocan en realizar dos talleres de formación en los que participen líderes de las comunidades y personal judicial, se traducirán en idioma Bribri y Cabécar tres políticas institucionales (reglas sobre acceso a la justicia, las políticas de persecución a nivel de Ministerio Público, directrices sobre intérpretes). Mayra Campos detalló que se va a trabajar en la traducción de tres principios básicos del debido proceso, así como en el diseño de dos programas radiales para la divulgación de dichas traducciones. Para la realización de este programa se contratará un traductor, un profesional en ciencias sociales que sistematice las experiencias de los talleres y documente dichas experiencias y un antropólogo que ayude a interpretar esas traducciones. Para dar cumplimiento, la Agencia Española de Cooperación donó € 24.000 y el Poder Judicial como contraparte deberá aportar personal especializado en ejecución de presupuesto, se necesitará el apoyo de la Escuela Judicial y de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, la Dirección Ejecutiva y la Administración del Ministerio Público. En ambos casos promueven el acceso a la justicia, la participación ciudadana en el Poder Judicial y una democracia más sólida y participativa y fueron presentados el lunes 30 de abril anterior. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
Diseño Gráfico: Iván Pacheco Leon
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