| INAUGURACIÓN AÑO JUDICIAL 2012 | ||
Hacemos, entonces, una pausa reflexiva que involucra los tres poderes del Estado, porque si bien la fiel administración de justicia se funda en la plena independencia del Poder Judicial frente a indebidas interferencias de los otros poderes públicos, también es cierto que la división de poderes del Estado nos señala algo mucho más profundo que el mero concepto formal de "pesos y contrapesos" en la función pública. Yo no concibo la independencia judicial como una frontera que nos separa a unos de otros sino, sobre todo, como un puente que unifica nuestras acciones bajo el marco de la Ley. Lo fundamental, por su necesaria funcionalidad, es la complementariedad que debe existir entre todos los poderes en el ejercicio de la democracia. En cada función de la vida pública está presente la necesidad de armonizar competencias y en nada es esto más cierto que en la administración de justicia, bajo la mirada y guía de la ciudadanía. El Estado responde a las necesidades sociales con leyes, instituciones que las implementan y órganos que aseguran su cumplimiento. Pero esto no puede dar lugar a una maraña inconexa de órganos desarticulados. Necesitamos enrumbarnos hacia una política de Estado que nos sea común y que tome como punto de partida las visiones y necesidades de la ciudadanía, sin olvidar, sobre todo, las bases sociales en las que se sustenta toda visión democrática. Por eso quiero comenzar destacando la importancia que tiene, para mi administración, apoyar al Poder Judicial. Y en nada se prueba más una prioridad de gobierno que en la proporción de gastos públicos que se le asignan. Bien conoce el Poder Judicial que, durante mi administración, ha recibido más del 10% del presupuesto nacional, muy por encima del 6% constitucional. Por eso acudo con satisfacción a esta fecha, como lo he hecho desde hace ya muchos años. Aquí los he acompañado como ministra de Estado, diputada, vicepresidenta y, el año pasado, como Jefa de Estado. Me correspondió, el año anterior, saludarlos exponiendo las preocupaciones de seguridad que aquejaban a nuestra ciudadanía, recordando la necesidad de combatir el delito más allá del populismo represivo, transformando las condiciones sociales donde se nutre la delincuencia y se perpetúan los ciclos de la violencia. Comenzaba entonces mi administración bajo un signo en extremo preocupante. Nuestra pacífica Costa Rica vivía aterrorizada por el hampa. Totalmente justa era la percepción de nuestro pueblo de haber perdido las condiciones de tranquilidad que eran parte de su acervo nacional. La seguridad ciudadana se fue convirtiendo, año tras año, en nuestro principal problema social y, a pesar de ello, el menos atendido. Teníamos que poner la brújula en recuperar la Costa Rica sin barrotes en puertas y ventanas, necesitábamos volver a esa patria de nuestra niñez, con parques y alamedas reconquistados por las comunidades para el sano disfrute y esparcimiento. Teníamos que echar mano, otra vez, de lo mejor de nuestro acervo histórico, para asegurar un futuro más seguro, más satisfactorio y más solidario para nuestros hijos y nuestras hijas. La orden del día era recuperar la confianza de nuestro pueblo en la capacidad de sus instituciones para asegurarle paz social y tranquilidad, esencia misma de la vida democrática y del Estado de Derecho. Nos dimos así a la tarea prioritaria de enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado a partir del impulso de políticas integrales de Estado y con visión de largo plazo. Dura labor ha sido la de impulsar medidas integrales y balanceadas que nos obligó a nadar contra esa corriente que impulsan las voces de la impaciencia, de la intolerancia, del cortoplacismo y de la demagogia. Pero no cedimos a ninguna presión y con paso decidido actuamos siguiendo nuestras propias convicciones. Y aunque los grandes impactos de las acciones que estamos impulsando tomarán más tiempo para asentarse como tendencias decisivas, los resultados positivos alcanzados al día de hoy nos alientan y nos dan fuerza para seguir sobre la ruta trazada. La ciudadanía ha comenzado a responder en las encuestas de opinión con mayor confianza en su seguridad y la preocupación frente al problema ha tendido a disminuir. Mientras en julio de 2011 uno de cada dos ciudadanos decía que la seguridad era el primer problema del país, hoy piensa así sólo uno de cada tres. Esta percepción corresponde plenamente a los datos que nos arrojan las estadísticas de la policía y del Poder Judicial. Con satisfacción puedo decir que se observa una disminución de algunas de las formas de delincuencia. Las estadísticas policiales indican que los delitos de mayor alarma social se han empezado a contener. De manera complementaria, instrumentos de medición independiente como las encuestas del INEC y de UNIMER confirman que los índices de victimización están> cediendo y son los más bajos de los últimos diez años. Esto no es producto de la casualidad. Hemos venido desplegando más policías en las calles y lo hemos hecho de manera inteligente. Hemos procurado optimizar los recursos que soportan el trabajo policial, en especial, el recurso de la información. Hemos diseñado un esquema de trabajo que permite la integración de esfuerzos a nivel operativo. Todo ello ha permitido romper récords en el número de detenciones, de decomisos de drogas y armas de fuego, y de desarticulación de bandas criminales. En los éxitos, hasta ahora alcanzados en materia de control de la criminalidad, ha tenido mucho que ver el Poder Judicial. Debo en primer término reconocer el riguroso desempeño que históricamente ha mostrado la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, así como los excelentes niveles de coordinación de ambas instituciones con las distintas autoridades administrativas. Pero, de manera especial, debo destacar el papel que en todo este proceso vienen jugando los nuevos Tribunales de Flagrancia. Tan sólo entre 2010 y los primeros 9 meses de 2011, dichos juzgados conocieron casi 3.500 casos, de los cuales más del 60% resultaron en sentencias condenatorias. Estos esfuerzos sin precedentes de policías, fiscales y jueces, explica el por qué hoy tenemos las cárceles abarrotadas, pese a la construcción de más de 1.000 espacios carcelarios durante los primeros meses de mi administración. Tan sólo en el año 2009 y el año 2011 la población penitenciaria se incrementó en un 65%. Pese a los recursos adicionales que pensamos invertir en infraestructura penitenciaria, la situación requiere de mucha atención de parte de quienes concurrimos en el manejo de la población carcelaria del país. Este problema no puede reducirse a la simple fórmula matemática de construcción de metros cuadrados carcelarios. Tenemos, también aquí, que abordar la problemática desde una perspectiva más integral, articulando a todos los poderes del Estado. En los próximos días, meses y años, necesitaremos políticas, leyes y funcionalidad judicial que nos permitan tener una población carcelaria, que sea acorde estrictamente a quienes la sociedad realmente necesita que estén fuera de las calles. Me preocupa de manera especial el segmento joven de nuestro país. Mientras la población privada de libertad adulta creció un 30% en dos años, la población juvenil, de menos de 25 años, creció un 300%. No podemos seguir encerrando a nuestros jóvenes y condenándolos para siempre a un futuro de fracaso y frustración. Bien sabemos que muchos de los problemas de inseguridad y violencia no se atacan ni con policías ni con cárceles. Esos problemas los tenemos que atacar desde sus raíces, si queremos resolver en definitiva el crecimiento de la población penitenciaria joven y el aumento de la criminalidad. Por ello, consistente con nuestra visión humanista y atendiendo a nuestra política integral en la materia, las acciones hasta ahora desplegadas no han consistido tan sólo en más control y más represión, también hemos integrado a nuestra estrategia un esfuerzo de movilización comunitaria y de prevención de la violencia. En cada barrio, estamos instalando una provechosa alianza entre policía y comunidad organizada. En cada escuela y colegio estamos trabajando con estudiantes y profesores para enfrentar la violencia y las drogas; y en zonas de alto riesgo nos hemos hecho presentes con intervenciones a todos los niveles. Señoras y señores: Más allá de los problemas del delito, el rol del Poder Judicial, se ha visto imbricado dentro del tejido complejo de cierta disfuncionalidad de nuestro sistema democrático. Con cada vez mayor frecuencia se está acudiendo a los tribunales para dirimir polémicas que atañen a otras esferas de nuestra vida institucional. Existe una preocupante tendencia a la judicialización de diversos procesos sociales y de la vida política. Cada vez resulta más común la utilización de los tribunales como medio de eliminación, fuera de las urnas, de rivales partidarios, o como herramienta para obstaculizar mayorías parlamentarias e impedir el voto democrático de legislación que cuenta con consensos importantes. Estamos así viviendo el filibusterismo de la justicia, dónde no basta atascarlo todo con un reglamento legislativo anacrónico, sino que además, se tiene siempre el recurso extremo a un tribunal para prolongar la incapacidad decisoria de nuestras instituciones, lo cual nos puede llegar a un abismo institucional. La ciudadanía conoce y repudia el uso abusivo de la administración de justicia y demanda moderación y sensatez. Estoy consciente de que estos problemas no se resuelven sin una mayor responsabilidad de los operadores políticos, empezando por un uso responsable de nuestras propias instituciones y siguiendo con el impulso de las reformas de ley que mejoren el desempeño de nuestra institucionalidad democrática. Hoy me permito llamar la atención a la Asamblea Legislativa para que active y acelere el proyecto 16791, de reforma del artículo 4 de la ley de la jurisdicción constitucional, para agilizar la gestión de recursos de amparo y habeas corpus de la Sala Cuarta, y que cuenta con el visto bueno de esta Sala y con el dictamen unánime afirmativo en la Comisión Especial de] Derechos Humanos, desde Abril de 2010. No puedo, el día de hoy, dejar de mencionar el inmenso esfuerzo y sacrifico al que están obligadas a someternos las distintas instituciones del Estado costarricense, frente a la difícil situación hacendaria del país. De sobra es conocida la crítica situación de nuestras arcas públicas. Mi administración se ha visto obligada a intensos esfuerzos de contención del gasto público y de mejora recaudatoria. Desde el año pasado, nuestros presupuestos no aumentan por encima del crecimiento de nuestra economía. Ese es un esfuerzo de austeridad en el que deben participar todos los Poderes del Estado. Nuestra ciudadanía solo podrá apoyar nuevos impuestos si conoce de forma directa cómo cada organismo, cada institución maneja con extrema austeridad el dinero de los contribuyentes. No es posible seguir pidiendo a las y los costarricenses más sacrificio si en el sector público no damos el ejemplo, eliminando privilegios con los que nunca podrá soñar un trabajador del sector privado. Señoras y señores: En este día que arranca simbólicamente un nuevo año de judicatura, nos anima la sensación de que juntos seremos capaces de seguir cosechando buenos resultados en temas tan importantes para nuestra ciudadanía como la seguridad ciudadana. Nos anima también, la convicción de que, pese a los obstáculos que aún deberemos enfrentar, seremos también capaces de responder a retos como la sostenibilidad financiera de nuestro Estado de Bienestar y el fortalecimiento de nuestra gobernabilidad democrática. Les invito a que sigamos caminando con mayor entusiasmo desde cada una de las trincheras que nos son propias, renovando el compromiso con esta democracia centenaria, con la seguridad de nuestra generosa patria y la tranquilidad de este pueblo sabio y prudente. |
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Lic. Sergio Bonilla Bastos
Licda. Andrea Marín Mena
Licda. Teresita Arana Cabalceta
Licda. Marcela Fernández Chinchilla
Licda. Melania Chacón Chaves
Licda. Sandra Castro Mora
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